El presidente Carlos Alvarado, mediante un decreto de junio de 2019 creó un “equipo técnico del sector construcción y de desarrollo inmobiliario”, con el fin de “proponer instrumentos que permitan la agilización y eficiencia de la evaluación de impacto ambiental”, de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Esa instancia se conformó con representantes de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), el Consejo de Desarrollo Inmobiliario y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep).
Ello a pesar de que ya existía en el seno de la Setena la llamada Comisión Mixta, precisamente para “dar apoyo técnico” a esa institución “en el desarrollo, y modernización de los instrumentos técnicos y procedimientos de evaluación de impacto ambiental”, según otro decreto de setiembre de 2018.
Es decir, el nuevo equipo representante del sector empresarial nació con las funciones que ya cumplía la Comisión Mixta, en la que el sector privado ya tenía representación que incluía las mismísimas Uccaep, CCC y Consejo de Desarrollo Inmobiliario.
Sin embargo, la norma promulgada por Alvarado añadió que ese “equipo técnico” debía proponer un Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental (RECSA), así como el Manual de Evaluación, control y seguimiento ambiental (MECSA).
Para ello, el decreto N° 41817-MINAE además detalló que el mencionado equipo se integraría a una “Comisión Público-Privada de la Construcción”, en la cual figuraron el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Consejo Nacional Ambiental y la propia Setena, cada uno con un representante y, notoriamente, el despacho de la Primera Dama, Claudia Dobles, con dos representantes.
“Se trataba de un reglamento regresivo y generaba desprotección al ambiente, por eso la Comisión Mixta recomendó no publicarlo. Sin embargo, creo que este asunto no ha terminado”, Allan Astorga.
Cabe destacar que en julio de 2018 el gobierno anunció que resolvió más de 400 expedientes en mes y medio. Posteriormente, en setiembre de ese año, celebró que la “modernización” de Setena había implicado atender 856 expedientes.
Entonces, si con medidas de “modernización” a lo interno de la Setena se había resuelto el embotellamiento de expedientes, ¿por qué se hacía necesaria una reforma al reglamento?
Reforma frustrada
En realidad, esta iniciativa de la administración Alvarado no abría espacio nuevo para trabajo inédito, sino que proveyó una legitimación institucional para impulsar reformas al reglamento de Setena reclamadas por los capitales ligados a la construcción y especulación inmobiliaria desde mucho antes.
Ya desde 2013 el gobierno de Laura Chinchilla Miranda había impulsado una propuesta de reforma al reglamento de Setena, que según denunció por entonces UNIVERSIDAD, buscaba reducir la cantidad de construcciones evaluadas.
Posteriormente en marzo de 2018, durante las últimas semanas de la administración Solís Rivera, de nuevo se denunció una iniciativa de nuevo reglamento, que buscaba relajar los llamados umbrales de evaluación.
Se trata de los parámetros respecto al tamaño de las construcciones, que inciden en la complejidad y cantidad de información que debe incluir una evaluación de impacto ambiental (EIA) o el más profundo estudio de impacto ambiental (EsIA). En ese momento, este Semanario denunció que, por ejemplo, actualmente los proyectos constructivos de hasta 300 metros cuadrados (m²) no requieren aprobación de parte de Setena, pero la propuesta de nuevo reglamento aumentaría ese umbral hasta 1.500 m², entre otros relajamientos.
Tras el decreto de 2019 y el trabajo de la llamada Comisión Público-Privada de la Construcción, la propuesta fue presentada ante la Comisión Mixta de Setena a inicios de 2020, donde feneció hacia finales de año gracias principalmente a un contundente informe generado por la Comisión Nacional de Rectores (Conare).
Respecto a ese proceso es muy revelador el testimonio de Ifigenia Quinatnilla, representante de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) en la Comisión Mixta de Setena.
Según relató, la Comisión Público-Privada funcionó “muy de la mano con la Primera Dama” y cuando la propuesta de reforma finalmente llegó a la Comisión Mixta, en esa instancia quedaron definidos dos grupos, por un lado el sector privado que evidentemente ya conocía la propuesta, y por otro los sectores ambientalistas y académicos.
Relató que con la llegada de la pandemia se trabajó la propuesta de manera remota por parte de todos los integrantes de la Comisión, con el detalle de que los representantes del sector privado “no escribían nada porque era su proyecto, los que escribíamos éramos los que no fuimos parte de ese proceso”.
Mientras tanto, en junio de 2020 Carlos Manuel Rodríguez dejó el cargo como ministro de Ambiente, en agosto el puesto fue asumido por Andrea Meza y “no se convocó más a la Comisión”. No importó, porque poco después llegó el análisis de Conare, el cual fue “un golpe tremendo para la gente pro reglamento, entonces ¿qué fue lo que hicieron? No convocar más al grupo público-privado”.
Falta ordenamiento
El geólogo y exsecretario de Setena, Allan Astorga, observó que “carca del 70 % de los proyectos que entran a la Setena son de construcción” y que la propuesta de un nuevo RECSA existía desde el gobierno de Luis Guillermo Solís.
Cuestionó la mencionada representación en la llamada Comisión Público – Privada del despacho de la Primera Dama -“en donde se dieron muchas reuniones para discutir el tema del RECSA”-, pues recordó que la Setena es un ente de desconcentración máxima.
Astorga consideró que “se trataba de un reglamento regresivo y generaba desprotección al ambiente, por eso la Comisión Mixta recomendó no publicarlo. Sin embargo, creo que este asunto no ha terminado”. Ante la pregunta de si el relajamiento de los mencionados umbrales es el único interés del sector privado, replicó “correcto”.
Para el especialista, el “verdadero problema” es que aunque la Setena se ha modernizado con una plataforma digital, la EIA como instrumento para prevenir el daño ambiental “no es funcional”, pues los trámites aún son engorrosos y burocráticos, “en esto sí le doy la razón a los sectores productivos, pues es una situación que no favorece para nada la inversión y el desarrollo”.
Por otro lado, destacó que “en ese mismo trabajo” de la CCC, el CFIA y el Consejo de Desarrollo Inmobiliario, “descubrieron que el 95 % (aproximadamente) de los proyectos de construcción no pasan por la Setena”, debido que son muy pequeños. A ello sumó que “la gran mayoría de los municipios” no cuenta con planes reguladores con la variable ambiental integrada y por ello “la EIA no está cumpliendo su papel”.
Por ello, la solución consiste en un “efectivo y eficiente” ordenamiento ambiental del territorio que “permita a los municipios gestionar de forma eficiente su territorio”.
Se buscó una posición sobre el tema en la CCC, pero remitieron toda consulta al Ministerio de Ambiente. También se enviaron consultas a esa institución, sin obtener respuestas al cierre de edición.
“Empresario igual que ustedes”
En octubre de 2018, la revista Construcción, de la CCC, informó que tanto el entonces ministro de Coordinación y Enlace con el Sector Empresarial, André Garnier, como la Primera Dama y otros integrantes del gabinete, participaron de un conversatorio organizado por esa Cámara.
Según esa publicación, Garnier manifestó que “soy empresario igual que ustedes y mi objetivo es llevar al gobierno una visión de transformación estructural que mejore el clima de negocio, atraiga inversión y modernice al Estado y las instituciones en materia de tramitología y requisitos”.
El pasado 29 de marzo, al anunciar su salida del gobierno, el empresario destacó haber puesto en marcha el programa Costa Rica Fluye en alianza con el grupo de interés económico Horizonte Positivo, con el propósito de “sugerirle a las instituciones en que áreas deben mejorar su regulación”.
Añadió entonces que “se trabajó mucho en Setena”, particularmente en “reforma administrativa, reforma legal y digitalización de los procesos”, para “tener una institución moderna”.
Es notorio que en ese momento, la diputada oficialista Paola Vega a través de Twitter tomó nota de “un desprecio por lo ambiental” en el discurso de salida de Garnier, “al colocar ese antagonismo errado de Setena como obstáculo del desarrollo”, lo cual su partido “desde sus orígenes ha combatido”, según dijo.
A la espera de la Primera Dama
Con días de anticipación se envió preguntas sobre el tema a la primera dama Claudia Dobles, en vista de que su despacho contó con dos representantes en la Comisión Público-Privada de la Construcción, que impulsó las reformas al reglamento de Setena apetecidas por el sector privado de la construcción.
Sin embargo, desde esa oficina al cierre de edición se informó que no tenía tiempo para contestar.
Las preguntas que se le enviaron a Dobles son las siguientes:
¿A qué se debe el interés de su Despacho en generar un nuevo reglamento a Setena, si para cuando se plantea ese decreto ya se había solucionado el atasco de proyectos pendientes de resolución en Setena?
¿Por qué era necesario mediante ese decreto crear un “equipo técnico de sector construcción”, el cual se integró a la mencionada Comisión Público – Privada de la Construcción, para generar una propuesta de reglamento, si para ello ya existía la Comisión asesora técnica mixta, en la cual, además, ya tenía presencia el sector privado?
¿Quiénes fueron las personas del Despacho de la Primera Dama que integraron la Comisión Público – Privada de la Construcción?
