En su comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, el presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas), Juan Luis Bermúdez, afirmó que la institución entregó correctamente un 99.6% de los pagos del Bono Proteger y que se calcula que lo recibieron 153.582 personas.
La otra institución a cargo de entregar bonos fue el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
A mediados de diciembre del año pasado, una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) estimó que ¢19.524 millones del bono Proteger se entregaron de manera irregular. A mediados de enero la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que abrió una investigación por presuntas irregularidades en la entrega de dichos bonos.
Con respecto al informe de la Contraloría, Bermúdez replicó que los resultados difundidos por la Contraloría son advertencias de riesgos, una probabilidad de que algo suceda; no son hechos comprobados. “La Contraloría dice que existe una probabilidad de posibles pagos que podrían haberse ejecutado con riesgos”, dijo Bermúdez, quien afirma que esto no es un hecho comprobado.
El 18 de febrero y en su comparecencia ante la misma Comisión, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte (ex ministra de Trabajo) dijo que los 66.298 casos de posible riesgo de mal otorgamiento del subsidio detectados por la Contraloría que deben ser investigados se redujeron a 5.962.
Según Dinarte, el programa logró cubrir a 724. 524 personas (de un millón de solicitantes).
La diputada Franggi Nicolás (Liberación Nacional) comentó estar preocupada por las declaraciones de Bermúdez en un programa radiofónico sobre que la Contraloría esté criminalizando los programas sociales.
Bermúdez aclaró esta tarde: “Cuando hablamos de la Contraloría yo separo al equipo auditor de la señora contralora, que nos apoyó muchísimo a que los presupuestos salieran rápido y en las solicitudes de recursos adicionales”. “Pero cuando hice esas declaraciones me estaba refiriendo a la apertura que realiza la Fiscalía de una investigación sobre un informe que nisiquiera estaba en firme y que habla de potenciales riesgos. No me estaba refiriendo a la Contraloría”, añadió el jerarca.
Ante eso la diputada Nicolás expresó: “Creo que sí es prudente y viable que el Ministerio Público haga una investigación; estamos hablando de 1.172 millones de colones. ¿No le parece que es alarmante y que requiere una investigacion del Ministerio Público”.
A lo que Bermúdez respondió: “La realidad es más compleja que cualquier modelo. No podemos hablar de pérdidas porque aquí no se ha comprobado eso. La administración va a investigar; pero tiene que darse el tiempo necesario para llegar a la verdad real de los hechos”.
Según Bermúdez, realizaron una encuesta que concluyó que el 81% de los bonos fueron utilizados por las familias para comprar alimentos y que el porcentaje restante lo usó para pagar deudas y pagar servicios básicos. También mencionó que un 70% dijo que recibió el bono en el momento preciso y que un 77% calificó al programa con 8, 9 o 10.
