“El Poder Ejecutivo no puede incidir en el funcionamiento del Poder Judicial”, dijo esta mañana el presidente de la Corte Suprema de Justicia Fernando Cruz, acerca de la consulta de constitucionalidad que presentó la Corte Suprema de Justicia sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
Cruz se refirió al tema durante la presentación del “Informe de Avances y logros de la administración de justicia 2021”.
“Que una ley diga que va a tener un órgano director que va a incidir en los salarios de los funcionarios de la defensa, en los funcionarios del OIJ, sí es incidir en la organización y funcionamiento y sí es un cambio constitucional. Es el tema de la independencia judicial, no es para defender gollerías”, señaló Cruz.
“El tema es que el Poder Ejecutivo no puede incidir en el funcionamiento del Poder Judicial, si usted abre esa puerta, abre la puerta para que en un futuro se pueda dar la colonización del Poder Judicial. Claro que incide en los salarios porque es otra autoridad la que va a decidir eso”, declaró Cruz y añadió que “los pluses no son gollerías”.
“Si usted tiene disponibilidad es porque tiene que estar alerta para que lo llamen a trabajar en días de asueto o vacaciones, pero eso no es una gollería, es un plus, un reconocimiento salarial particular”, destacó.
El pasado 8 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia envió una consulta facultativa de constitucionalidad a la Sala Constitucional sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, después de que este fuera aprobado por la Asamblea Legislativa con 36 votos a favor y ocho en contra.
Según expone la Corte, con este proyecto podrían estarse afectando las competencias constitucionales exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia, respecto del gobierno del Poder Judicial, en materia de regulación, ordenamiento, dirección, control de la relación de empleo de los servidores judiciales, al trasladar parcialmente las indicadas competencias para ejercicio del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), dependiente del Poder Ejecutivo.
Durante su exposición esta mañana, el magistrado presidente Cruz indicó que el presupuesto del Poder Judicial para el 2022 “se apega a la regla fiscal y a los lineamientos de Hacienda”; pero sí mencionó que la Ley de Empleo Público pendiente “es otra incertidumbre que nos impide desarrollar la política salarial como debiera ser”.
El presupuesto del Poder Judicial para el 2022 alcanza un total de ¢469.364.168.719, según el Informe.
Informe de avances y logros
Durante la presentación del Informe, Cruz dijo que la especialización en la persecución y juzgamiento de los delitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico es una prioridad para el Poder Judicial; pero que por limitaciones presupuestarias no se ha podido hacer lo que se ha pretendido. En el año 2017 se aprobó la ley que creó una Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, que no ha podido entrar en vigencia.
“Sin embargo mediante un esfuerzo económico más por poner en marcha la Ley en el proyecto de presupuesto judicial para el 2022, se formularon alrededor de ¢511 millones, que se destinarían para atender algunos requerimientos en materia de crimen organizado, en aspectos puntuales como remodelación de espacio físico y resguardo a la jurisdicción, con salas de juicio, acondicionamiento de celdas y zonas de seguridad”, detalló el Informe.
También se prepara la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal de Familia para el 1 de octubre de 2022. Cruz explicó que en los últimos 20 años el Poder Judicial ha apostado por el juicio oral y público, a favor del respeto de derechos y la transparencia y que este nuevo código es parte de esa nueva política.
“En materia de acceso a la justicia, el código obliga al juez y la jueza a que en todos sus casos deben valorar si hay una disparidad de poder entre las partes y si esto existe, debe realizar los ajustes en el procedimiento para lograr que esta persona que está en condición de vulnerabilidad pueda eventualmente acceder a los derechos procesales en la condición de equidad mejor posible”, se explicó en el Informe.
“Cuando participan personas menores de edad, con discapacidad y personas adultas mayores, este código les da la posibilidad de opinar, de que se les escuche y de tomar ciertas decisiones en el proceso, lo cual tiene que ver con la humanización, reconociendo las particularidades del conflicto familiar. Además, en materia de cantidad de procesos, se pasa de 30 procedimientos diferentes a solo cuatro y en materia de resolución, el juez o la jueza debe comunicar la sentencia de manera verbal a las partes, explicando el porqué de la decisión que se tomó”, agregó el documento.
Cruz también destacó el Observatorio Judicial. “Personas usuarias, abogados y abogadas, periodistas, público en general y personal judicial tienen acceso en un solo clic a información estadística de los diferentes despachos del Poder Judicial”, con esta nueva herramienta tecnológica disponible en el enlace https://observatoriojudicial.poder-judicial.go.cr/
Aquí “se presenta información estadística actualizada, sobre la estructura y el funcionamiento institucional, de manera transparente, oportuna e integral. Los datos del ámbito jurisdiccional muestran la cantidad de casos nuevos, en proceso y resueltos, duración de los procesos judiciales, estadísticas de sentencias y resoluciones atendidas por materia y oficina”.
Asimismo, Cruz anunció que el Poder Judicial y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) firmaron un convenio para destinar $470.000 a realizar un estudio de factibilidad para construir un complejo judicial que brinde servicio a toda la región Brunca en la Zona Sur.
