Este miércoles, tras la presentación de un informe sobre la incidencia del proyecto de Ley marco de empleo público en el Poder Judicial, el magistrado presidente de la Corte Plena, Fernando Cruz tomó la palabra para plantear cuestionamientos sobre la efectividad e intenciones de esa iniciativa y anunció su intención de plantear a la Sala Constitucional su propia consulta institucional sobre el proyecto.
“En la consulta institucional -dijo Cruz- vamos independientes con toda una visión de lo que es un Poder Judicial” desde la perspectiva del empleo público. Añadió después que el proyecto de ley “es una pretensión muy ambiciosa” porque pretende regular “regular los salarios y el escalafón, la disciplina, porque no es sólo los salarios, de un Poder sobre otro”.
Además, añadió que esa consulta “ya está lista” para ser planteada ante la Sala IV “apenas le den el sí al proyecto en primer debate” en la Asamblea Legislativa.
“Estamos anticipándonos para que la Sala no nos vaya a decir que tenemos que esperar a que el parlamento haga la consulta y que ojalá lleguemos tarde, entonces nos digan que la consulta institucional no se puede hacer”, sentenció y anunció que muy probablemente será discutida el próximo lunes en la sesión de Corte Plena.
El informe sobre el proyecto de ley fue preparado por el magistrado Jorge Olaso, de la Sala II, determinó que en efecto el proyecto de ley afecta la organización interna y funcionamiento del Poder Judicial y fue acogido por la votación de la Corte Plena, lo cual significa que su aprobación en el parlamento requerirá de 38 votos.
Independencia en peligro
Cruz en su intervención calificó como “histórico” que este proyecto de ley volviera a ser consultado tras el “fallo tan contundente de la Sala (IV) en la consulta” que plantearon meses atrás los diputados y diputadas.
Tras pantear la duda de cuál sería el impacto real de intentar un “control” sobre los salarios del Poder Judicial que según dijo no representan más de un 7% del presupuesto total del Estado.
Por ello calificó e proyecto de ley como una “imprecisa intervención sobre el Poder Judicial” y subrayó que esa intervención, además de la incidencia en la organización y funcionamiento institucional “que sí la tiene”, también se busca en cuanto a la independencia.
“Hay algo que se olvida en toda esta discusión -observó Cruz-, los salarios tienen que ser fijados conforme a criterios objetivos, científicos y de competitividad”, y añadió que “ahí podría estar el control, pero no lo está, tiene una alta peligrosidad este proyecto”.
Así Cruz expresó que el proyecto de ley tiene una “pretensión tan ambiciosa, que por ambiciosa se enreda y al final queda en este problema”, de afectación incluso a la independencia del Poder Judicial.
Además relató que tuvo oportunidad de preguntar a la ministra de Planificación Pilar Garrido, cuál es el modelo de ley de empleo público de alguno de los países “que nos da un ejemplo luminoso de cómo debe ser esa situación y no me pudo decir cuál es el modelo que este proyecto tiene en un ejercicio necesario de derecho comparado. No lo tiene y no me lo pudo dar”.
El magistrado por su cuenta sí mencionó el ejemplo de la ley española de empleo público, la cual “no tiene casi nada de lo que ésta tiene, con la curiosidad, eso sí, de un largo y extenso capítulo de garantías de las convenciones colectivas”.
Tras felicitar a Olaso por su trabajo, Cruz manifestó que “en esta acción el parlamento y el Poder Ejecutivo nos demuestran que el Poder Judicial es un poder de segundo orden y que le pueden mandar un mensaje sólo para que reaccione, y aquí podemos reaccionar, con esta consulta y con la consulta institucional”.
