“No es como que hay una cuenta corriente en un banco con todo el efectivo y uno simplemente traslada todo el efectivo de un lugar a otro, sino que está invertido y entones liquidar la inversión para volverla a convertir en efectivo puede ser muy costoso, muy oneroso, no sólo para el Estado, para la Caja, sino para todos los tenedores de bonos”.
Esa fue la explicación que con paciencia y de diversas formas, una y otra vez Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ofreció ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, respecto a los riesgos del proyecto de Ley para Derogar los Regímenes de Pensiones Complementarios Especiales.
Esa iniciativa fue propuesta en el periodo anterior por la liberacionista Yorleny León, actual presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y plantea entre otras cosas que “los trabajadores activos de los regímenes de contribución definida tendrán derecho a que se les liquiden los recursos totales en sus cuentas, que incluyen aportes más rendimientos, en un periodo no mayor a 6 meses de aprobada esta ley”.
Establece que en el caso de las liquidaciones de afiliados que no retiren sus recursos, se realizará el traslado de los recursos respectivos hacia el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), de acuerdo a la Ley de Protección al Trabajador.
En lo que respecta a la Caja, el proyecto elimina de un plumazo el aporte que la institución hace al Fondo de Retiro (FRE) de sus personas trabajadoras, qwue forma parte del Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamos (FRAP), según explicó y para el que la institución aporta el 3% de la totalidad de los sueldos ordinarios consignados en su Presupuesto.
También compareció la Presidenta Ejecutiva de la junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, pero su participación fue muy breve, pues explicó que “ya no está en vigencia ninguno de los aspectos” que contempla la Ley de Pensiones de Trabajadores de la Junta de Protección Social, norma que data de 1952 y que este proyecto deroga.
Efecto cascada
Ramos fue convocado para referirse a las implicaciones que el proyecto de ley tendrá al impulsar esa medida y al iniciar su intervención recordó que desde junio de 2020 la junta directiva de la Caja se manifestó su desacuerdo con el proyecto, “por la situación financiera del fondo, que tiene muchos compromisos adquiridos con relación a las reservas que tiene, la ejecución de derogar el fondo implicaría el uso de la totalidad de esa reserva para hacer el traslado y liquidar los aportes al régimen obligatorio de pensiones complementarias”.
Añadió que además se mantendría la obligación de pagar las pensiones que ya están en curso de pago, “por lo tanto hay unos gastos financieros adicionales para cubrir esas obligaciones”.
Ramos advirtió que si se procede a liquidar el fondo de manera “muy repentina”, en el sentido de que la propuesta es que se trasladen todos los recursos en menos de seis meses al ROP, sería “una liquidación muy rápida de bonos que se transan poco, son poco bursátiles, podrían generar un efecto en casada del precio de esos bonos”.
Es decir, los fondos han sido invertidos mediante la colocación de bonos en el mercado bursátil, bonos cuyo volumen de transacción es bajo y por ello liquidarlos de forma atropellada puede incidir en una fuerte baja en su precio.
“Si se quiere seguir con la derogatoria del FRE -insistió el funcionario-, hay que procurar algún mecanismo de liquidación ordenada de los activos de ese fondo, sino podemos tener una reacción no deseada sobre tenedores de esos mismos bonos, que su precio bajaría muy repentinamente, entonces afecta otros fondos”.
Posteriormente, durante las preguntas de diputados y diputadas, la liberacionista Andrea Álvarez preguntó cuál sería la mejor forma de disolver el fondo “si fuéramos adelante con una reforma como esta”. Se preguntó si “mejor a largo plazo”, o “tal vez que se mantenga con personas que ya están jubiladas y sacar a las activas, o lo otro es cerrarlo y que nadie más entre, hemos estado tratando de barajar varias opciones”.
Ramos entonces planteó que “la mejor manera de resolverlo es básicamente tener un tercero, como el Ministerio de Hacienda que asuma todo el riesgo de liquidez, entonces el proceso de canje es mucho más natural”.
Entonces, la oficialista Luz Mary Alpízar preguntó si se ha hablado o hay “algún tipo de aceptación” de parte de las autoridades de ese Ministerio.
Ramos entonces reiteró que “si usted mantiene la obligación legal del fondo de liquidarse, convertir todo en efectivo y pasarlo al ROP, ahí es donde genera mucho descalce en el sentido de que no necesariamente hay muchas personas dispuestas a comprar los bonos en este momento”, por lo que “en vez de hacerlo así, uno plantea que Hacienda lo puede absorber o hacer un traslado ordenado de los mismos bonos a las OPC (operadoras de pensiones), esa sería una opción: Hacienda absorbe el riesgo de impago”.
El funcionario enfatizó reiteradamente que “el riesgo más grande que estamos tratando de evitar hacia el público general”, es que “la gente compra bonos confiando en que las transacciones de mercado van a ser naturales y entonces un evento de estos, si no es debidamente gestionado puede implicar que se inunde el mercado de papeles (bonos), desploma los precios de todos los papeles y habrá un montón de personas que los adquirieron de buena fe sin jamás imaginar que un día iba a haber una inundación de papeles y los precios se iban a desplomar”.
