El presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo que la Ley Marco de Empleo Público, que entrará en vigencia el próximo 10 de marzo, es un “mamotreto” pero resaltó que él piensa eso por razones distintas a las de los sindicatos. También aprovechó para criticar que el Poder Judicial, las universidades públicas y las municipalidades determinen cuáles empleados quedan excluidos de la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).
Así lo señaló esta tarde en la conferencia de prensa posterior a la sesión de Consejo de Gobierno.
Primero, Chaves descalificó los cuestionamientos que se han hecho en días recientes a que el Estado no tiene la capacidad técnica y operativa para implementar la ley a una semana de que entre a regir y los esfuerzos para posponer su entrada en vigencia.
“Últimamente se ha desatado una furia de debate” sobre la ley, dijo Chaves y agregó: “De un momento a otro, cuando ya está a punto de empezar y la señora ministra ha trabajado noche y día, de sol a sol, tratando de generar un reglamento de implementación de esa ley que sea óptimo, ahora todo mundo, diputados dicen ‘no, hay que posponer la ley’, y sindicatos, porque ahora sí la ven venir”.
“Yo nunca me quito, en campaña yo dije que esa ley es un mamotreto y pienso que es un mamotreto; pero es un mamotreto por razones diferentes por las que los sindicatos dicen que es un mamotreto”, dijo el mandatario.
“Sí, la ley es un mamotreto; pero eso es lo que hay y la vamos a implementar”, señaló al tiempo que insistió en que le va ahorrar “cientos de millones de dólares al año” al Gobierno y que se requiere implementar para cumplir con obligaciones internacionales y legales.
Segundo, el presidente criticó que el Poder Judicial, las universidades públicas y las municipalidades determinen cuáles empleados quedan excluidos de la rectoría de Mideplan.
La ley se va a aplicar a todo el Estado. Sin embargo, producto de la opinión consultiva que dio la Sala Constitucional sobre la ley, en el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las municipalidades quedan fuera de la rectoría de Mideplan aquellos funcionarios que desempeñan tareas que son “exclusivas y excluyentes» para el cumplimiento del cometido constitucional de estas instituciones que tienen autonomía del Gobierno y de organización.
“Ahora las municipalidades y el Poder Judicial dicen que todos los puestos de ellos son exclusivos y excluyentes y que no entran. Entonces para ellos un chofer manejando la misma marca de vehículo, en las mismas carreteras, con la misma gasolina, con las mismas leyes de tránsito, es exclusivo y excluyente”, criticó Chaves.
“Ah no, porque ellos son diferentes para efectos de la Ley de Empleo Público y su política de remuneración y eso es absurdo”, exclamó y añadió que “las universidades publicas se gastan un 70% de los recursos que le paga usted, señor y señora contribuyente, en salarios y un 33% de eso corresponde a incentivos”.
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La ministra de Planificación, Laura Fernández Delgado, informó hoy que el proceso de implementación de la ley avanza dentro del cronograma de trabajo y que el reglamento se encuentra en la oficina de Leyes y Decretos y que se espera que sea oficializado en paralelo a la entrada en vigencia de la ley.
“Estamos haciendo un esfuerzo significativo por implementar todo lo que sea posible implementar”, dijo Fernández.
Presidencia y Mideplan también anunciaron que organizarán un Diálogo Nacional -del 20 al 31 de marzo- para construir un proyecto de ley que reforme la ley mediante mesas de trabajo organizadas según las familias de puestos que dicta la ley.
A este diálogo se invitará a participar a los jefes de fracción de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, autoridades de Poder Judicial, del TSE, de la Caja, de las municipalidades, rectores de universidades públicas, jefes de Unidades de Recursos Humanos de instituciones del sector público central y descentralizado y sindicatos representantes de diversos sectores de funcionarios públicos.
Fernández resaltó que el Diálogo tendrá unas “reglas de oro” muy claras en no modificar “el propósito original” de la ley y sus “cometidos fundamentales”, que buscan generar equilibrios, homogeneidad y ordenar la manera en que se administran los recursos públicos y los recursos humanos que prestan servicios al Estado.
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