El presidente Rodrigo Chaves todavía no esquiva la amenaza de un resello por el veto que realizó al proyecto de vuelos baratos a Centroamérica, y ya añadió una nueva objeción a otro expediente aprobado por los diputados, que obliga a reglamentar las leyes en un plazo determinado.
Pero incluso podría estar valorando además una tercera ley por abatir, como también lo denunció el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA) en el Plenario, luego de que se aprobara la reforma para reducir el impuesto de la renta a los trabajadores independientes. Es decir, el presidente Chaves estaría apuntando a revertir tres leyes en menos de un mes.
“Parece que el Presidente quiere implantar una moda de vetos”, denunció la diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), al anunciar que el mandatario interpuso un veto “por razones de conveniencia, oportunidad y constitucionalidad” al proyecto que ella impulsó en el Plenario, el 23.192, “Ley para garantizar la reglamentación de leyes por parte del Poder Ejecutivo”, que recibió segundo debate el 13 de febrero, y que habría sido vetado el 21 de febrero.
Anteriormente, el 14 de febrero Chaves inició su ofensiva contra leyes de la oposición al vetar, por las mismas razones de “conveniencia, oportunidad y constitucionalidad”, el proyecto 24.207, “Ley para fomentar los vuelos de bajo costo en Centroamérica”, impulsado por el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), y que había recibido segundo debate el 6 de febrero. Precisamente, este veto está pendiente de ser analizado en el Plenario, ya que en principio estaba programada su votación para el lunes 24 de febrero, pero se postergó para el 11 de marzo.
En caso de concretarse el resello -se requieren 38 votos para desechar el veto presidencial y dar la ley por aprobada-, sería el quinto de la actual administración, que ya recibió dos en octubre de 2022, para excluir al 911 de la regla fiscal y una reforma a la ley del depósito libre de Golfito; otro en febrero del 2023 para excluir a Procomer de la regla fiscal, y el cuarto en setiembre del 2023, para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea.
Sin embargo, el presidente Chaves parece más confiado, luego de que la fracción de Nueva República (NR), que en principio había votado en favor del proyecto de vuelos baratos, anunció un sorpresivo giro de 180 grados y declaró que no se sumaría al resello, lo que dificulta las posibilidades de que se logren los 38 votos.
Adicionalmente, en esta ocasión aludió a aspectos de forma, en el sentido de que el proyecto no habría realizado consultas que eran obligatorias, además de considerar como excesiva la sanción, en caso de incumplimiento.
Con respecto a su proyecto, Rojas destacó que se trata de una iniciativa para evitar la excesiva burocracia a la hora de reglamentar una ley. “En ocasiones, a los jerarcas no les gusta como quedó la ley, se demorar en reglamentar, para que así no se pueda implementar. No es posible que en la Asamblea se trabaje para aprobar proyectos de ley, y el Poder Ejecutivo no los reglamente en tiempo”.
La propuesta de Rojas, que recibió el aval del Plenario, consiste en que el Gobierno esté obligado a realizar la reglamentación en el plazo establecido por la ley, o en caso de que no se haga mención a un período en específico, en un plazo máximo de seis meses.
Además, indica que el jerarca o funcionario que “incumpla su obligación de reglamentar una ley dentro del plazo establecido de conformidad con el artículo uno de la presente ley, incurrirá en el delito de incumplimiento de deberes en la función pública, previsto en el Código Penal”.
La diputada indicó que consultará con su bancada para considerar las acciones que podrían tomar en los próximos días.
