La Comisión Especial Investigadora de las presuntas irregularidades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) aprobó de manera unánime una moción, presentada por la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio (FA), para convocar a audiencia al presidente Rodrigo Chaves para que asista por primera vez a una comisión legislativa.
“(Chaves) ha sido mencionado como un actor que ha generado injerencia sobre las decisiones que la junta directiva de la Caja ha tomado, pero también porque nos parece que él también tiene derecho a dar su versión de los hechos, esto fue un error que cometió otra Comisión Investigadora y no queremos tener ese tipo de vicios para que nuestras recomendaciones sean realmente de peso”, señaló la legisladora.
La propuesta, que fue presentada la mañana de este martes, coincidió con la comparecencia de Hugo Lenin Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE). En su intervención, el líder sindical fue crítico ante la gestión del Poder Ejecutivo con relación a la CCSS. “El presidente dice que la Caja está quebrada, pero defiende adjudicaciones con sobreprecio”, relató Hernández, haciendo alusión al caso Barrenador.
“El haber retirado a la Junta Directiva, a través de un procedimiento administrativo, con una medida cautelar, y ahí sí corrió a nombrar a los miembros de junta directiva, y nótese lo que voy a decir, paralizar el portafolio de inversiones con obras tan importantes como el hospital de Cartago, el hospital de Limón, el hospital de Golfito, eso es inhumano, esto es jugar con la vida y la salud de los costarricenses. Entonces, en grado de presunción, yo digo que sí, que el señor presidente, a hoy, es parte de la corrupción”, enfatizó el secretario general del SINAE AFINES.
Hernández también señaló que han presentado propuestas concretas ante el Gobierno para resolver las diferentes situaciones adversas por las que pasa la Caja en los últimos meses; como fortalecer el primer nivel de atención de salud e integrarlo con la salud comunitaria y tratar de evitar la fuga de especialistas en hospitales públicos. Sin embargo, criticó que no han tenido respuesta positiva desde Zapote.
Incluso mencionó que Chaves se contradice a sí mismo en los discursos que emite relacionados con la institución: “la misma persona que firmó el informe para la adjudicación también limitó la formación de plazas para el nuevo hospital de Puntarenas, y adivinen cuál fue la solución que dio: tercerización. Entonces vean lo inconsistente que llega el señor presidente de la República a Puntarenas a decir que ‘vamos a habilitar el hospital de Puntarenas, que vamos a crear más trabajo’, pero no le garantiza la estabilidad laboral de los propios trabajadores de la institución. Entonces, es un doble discurso, esas son excusas que uno no comprende”, añadió Hernández.
El 7 de octubre se aprobó la creación de esta comisión especial en la Asamblea Legislativa. La propuesta fue avalada por prácticamente todas las bancadas de oposición que le dieron 34 votos. En contra, votaron únicamente siete diputados del oficialista Progreso Social Democrático (PSD).
La lista de convocados a comparecer, donde ahora está incluido el presidente Rodrigo Chaves, abarca más de 70 ciudadanos, incluidos 7 de los imputados por el Caso Barrenador: Marta Acosta, María Isabel Camareno, representante del Estado en la Junta Directiva de la CCSS, Zeirith Rojas y Johnny Gómez, representantes de los patronos en la Junta Directiva de la CCSS y los exmiembros de la Junta Directiva: Jorge Luis Araya, Roberto Quirós y Jorge Arturo Porras.
El objetivo principal de la comisión es indagar desde problemas administrativos como atrasos en listas de espera hasta denuncias legales como el caso Barrenador.
En este caso, el Ministerio Público investiga a ocho altos jerarcas de la CCSS, quienes habrían ejercido un aparente “control” sobre la licitación que incluía a las cooperativas y a Asemeco, generando afectaciones a la institución por cerca de ₡124 mil millones por tratarse de una adjudicación con sobreprecios y el primero que se habría hecho por un plazo de 10 años.
