La comisión legislativa que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) aprobó una moción para citar al presidente de la República Carlos Alvarado, a comparecer en una audiencia ante el plenario el próximo 10 de febrero del 2021 a las 9:30 de la mañana.
Los legisladores aprobaron suspender la sesión ordinaria de plenario ese día, a fin de que se destine todo el tiempo necesario para recibir al mandatario.
Los legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC) Enrique Sánchez, Carolina Hidalgo y Víctor Morales Mora intentaron infructuosamente de que la fecha, hora y lugar se coordinara de previo con Casa Presidencial; e incluso plantearon que la comisión legislativa se trasladara a Casa Presidencial en Zapote, para que la audiencia se realizara allá, propuesta que fue rechazada. El resto de diputados en la comisión insistió en que la UPAD fue creada por orden del presidente de la República.
Esta mañana compareció ante la comisión el diputado Víctor Morales Mora, en calidad de ex ministro de la presidencia, a quien se le cuestionó la firma del decreto que originó la unidad de análisis de datos.
Los diputados aprobaron, además, ampliar el plazo para presentar el informe final de la comisión hasta el 30 de abril de 2021; solicitar al Ministerio de la Presidencia que remita información sobre varios funcionarios involucrados en el caso; y solicitar a María Devandas, jefa de despacho de la Presidencia, que indique quién llevó el decreto al Ministerio de la Presidencia.
El pasado 28 de febrero, la Fiscalía General de la República allanó la Casa Presidencial, en Zapote, así como oficinas del Ministerio de Planificación (Mideplan) y cuatro casas de habitación, en relación con el caso UPAD, cuya investigación continúa en el Ministerio Público y en la Asamblea Legislativa.
El Ministerio Público maneja la hipótesis inicial de que el presidente Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, son sospechosos de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley) por firmar el decreto que creó la UPAD, disuelta después de conocerse su existencia mediante el diario oficial La Gaceta y publicaciones en medios.
Según la exposición de hechos que se hace en el documento de la Fiscalía, entre mayo de 2018 y octubre de 2019, los también investigados Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Diego Fernández Montero, desempeñándose como asesores de datos del despacho de la presidencia, “conformaron una unidad gubernamental para la compilación y análisis de datos personales de las y los costarricenses, con miras a la supuesta ejecución de políticas públicas; lo anterior sin ningún respaldo legal”.
