El pasado 24 de noviembre, toda la zona Norte y el Caribe Norte se encontraban desde la madrugada en alerta roja por la llegada del huracán Otto, la Fuerza Pública se movilizaba para insistir en que las personas de esas zonas buscaran refugio en albergues, incluso el Gobierno recurrió a buses y hasta chapulines para movilizar a las personas.
Sin embargo, ese mismo día varias empresas agrícolas mandaron a su personas a trabajar en plantaciones de piña o banano.
Ello fue reconocido por el Presidente de la República quien, abordado por UNIVERSIDAD, admitió que cuando tuvo conocimiento de esos casos “lo que hice fue contactar directamente a los gerentes de las empresas que se habían mencionado para solicitarles que por favor permitieran que las personas se fueran a sus casas -al igual que todos los que estaban ya en sus casas con sus familias- para evitar una dispersión que pudiese afectar la vida o la condición de esas personas”.
Tras subrayar que “en la inmensa mayoría de los casos” su solicitud fue atendida, Luis Guillermo Solís destacó que se trata de “un tema de humanidad, más que de legalidad”. Añadió que en el contexto de una alerta roja en la que media “una afectación inminente a la vida de las personas, obviamente por razones de respeto a esas personas y a la ciudadanía, los empresarios deben garantizar que se atiende los llamados del gobierno, al igual que cualquier otra entidad pública”.
Cuestionado sobre la necesidad de que legalmente el Poder Ejecutivo deba estar facultado para obligar al cierre de empresas privadas cuando se trata de una alerta roja, Solís opinó que no considera que se deba cambiar la ley, sino “aplicarla y en el sentido de los permisos para ausentarse del trabajo en caso de emergencias como la que sostuvimos, simplemente tienen que dejar que la gente se vaya para la casa”.
El Presidente elevó el tono al afirmar que “es una barbaridad que no lo permitan, poner en riesgo a una persona, o a cinco, diez o a 50 personas en caso de una emergencia para sacar un poco de provecho económico, me parece una barbaridad y un salvajismo que no es propio de un país como este”.
“Afortunadamente -añadió- fueron pocas las empresas que lo hicieron y menos todavía las que continuaron haciéndolo luego de que yo me enterara de algunos casos aislados y llamara por teléfono para hacer esa excitativa de forma bastante perentoria”.
Llama la atención que ese 24 de noviembre también la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector empresarial Privado (Uccaep) solicitó a las empresas privadas instaladas en los cantones declarados como zona de riesgo, “acatar las recomendaciones del presidente Luis Guillermo Solís y la Comisión Nacional de Emergencias”.
A través de un comunicado, el presidente a.í. de Uccaep, Víctor Ruiz, hizo un llamado “para proteger el recurso más valioso que tenemos, que son nuestros colaboradores. En momentos como este, debemos procurar que las personas estén en zonas seguras, con sus hijos y familiares para evitar tragedias”.
DENUNCIAS
Tras su paso por el país el pasado 24 y 25 de noviembre, el huracán Otto dejó un saldo de diez personas muertas y daños por más de ¢4.700 millones solo en infraestructura vial.
El jueves 24 de noviembre desde la madrugada ya se había decretado la mencionada alerta roja en toda la zona Norte del país y el Caribe Norte; sin embargo, precisamente en esas zonas se presentó la situación reconocida por el Presidente de la República, cuando algunas empresas agrícolas enviaron a sus peones al campo.
De acuerdo con Jouseth Chaves, secretario de conflictos del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (Sitrasep) y vecino de Los Chiles, desde el miércoles 23 de noviembre y el propio jueves 24 recibió llamadas y mensajes de trabajadores de diferentes fincas, quienes “querían estar con sus familias y no a campo abierto y que los contratistas y las empresas los obligaron a trabajar”.
Dijo que en esa localidad la empresa Tico Fruit en efecto envió a los peones para la casa desde el miércoles al mediodía, diciéndoles que volvieran lunes. “Después nos damos cuenta de que los administradores reunieron a todos los trabajadores y les dijeron que todos esos días serían descontados de las vacaciones”.
Sin embargo, añadió que luego de que “debatimos eso públicamente” con la empresa, “por dicha en Finca 12 Tico Fruit echó para atrás”.
UNIVERSIDAD buscó la versión de la empresa de cítricos, pero no fue posible lograr respuesta alguna por teléfono o correo electrónico.
Sitrasep en su momento hizo públicas denuncias de empresas laborando el jueves 24 a través del medio digital Socialismo Hoy, perteneciente al Partido de los Trabajadores. Esa información consignó en el Caribe a fincas de Del Monte y de la empresa Calinda, la cual pertenece a la corporación Álvarez y Marín, del diputado y precandidato presidencial liberacionista Antonio Álvarez Desanti y su esposa, Nuria Marín.
Concretamente, se denunció que las fincas Duacarí 2 y 3 y la finca Lomas de Del Monte estuvieron trabajando el 24 de noviembre. Al contactar a la empresa Del Monte, se solicitó a UNIVERSIDAD que se enviaran preguntas por correo electrónico, sin embargo al cierre de edición no se obtuvo respuesta alguna.
Por otra parte, el mismo sindicato informó a UNIVERSIDAD que la empresa del precandidato liberacionista laboró ese día entre las 5 a.m. y las 11 a.m. Al respecto, el sitio oficial de la campaña de Álvarez ofrece un muy escueto párrafo como “aclaración” en el que apunta que durante el paso del huracán “dimos dos días de asueto”.
Ese texto añade que “algunos se presentaron a trabajar” porque “la comunicación en las fincas no es tan expedita”.
En vista de la contradicción entre lo denunciado y la explicación ofrecida, este Semanario buscó mayor aclaración y aunque en un primer momento la campaña de Álvarez se mostró anuente a referirse al tema, al cierre de edición remitieron prácticamente la misma respuesta, tan solo con la adición de que “una vez que se les comunicó la decisión tomada el día anterior, se suspendió el trabajo y se retiraron de los centros de trabajo”.
Chaves también llamó la atención a que muchos de los trabajadores de grandes empresas agrícolas mantienen pequeñas parcelas de producción familiar, “prácticamente todos esos cultivos de yuca, maíz o chile se perdieron, parece que el Gobierno no toma en cuenta esas pérdidas”, aseveró. Ello se suma a los daños que padecieron sus viviendas.
Sin embargo, desde la Coordinadora Norte Tierra y Libertad el activista Gerardo Barba informó que en la localidad de Los Chiles a los trabajadores se les alertó de la emergencia, no fueron a trabajar y se les pagó el día.
Una situación más dramática se dio en Upala, el cantón más golpeado por el huracán. Milton Arévalo, también activista de la Coordinadora, informó que personas trabajadoras de empresas agrícolas debieron trabajar tanto el viernes 25 como sábado 26, a pesar de tener sus casas en condiciones difícilmente habitables.
