El Gobierno mantiene en firme su meta tener la bendición de los diputados para emitir deuda externa a través de eurobonos a más tardar en junio próximo, según afirmó el presidente de la República, Carlos Alvarado.
El permiso es fundamental, según las autoridades de Hacienda, pues la idea es realizar la primera colocación este año y el proceso requiere meses de preparación y de ejecución.
Alvarado, eso sí, fue más cauto al referirse sobre la meta que tenía el Gobierno de que dicho permiso fuera por un total de $6.000 millones para los próximos seis años, una idea que no ha logrado convencer a los diputados que sugieren la posibilidad de otorgar permisos más chicos (incluso algunos sugieren que año por año).
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Por este motivo, el presidente Alvarado ahora asegura que “el monto dependerá mucho de cómo sea la discusión legislativa”, aunque subrayó que el Ejecutivo mantiene las intenciones intactas de “ampliar el financiamiento” tanto como sea posible.
Dijo “ampliar”, precisamente, porque los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa votaron recientemente un texto sustitutivo a la propuesta del Gobierno, en la cual recortaron la cifra a $2.500 millones para los próximos dos años ($1.300 millones en el primero y $1.200 millones en el segundo).
No obstante, ese recorte no es definitivo y se continuará discutiendo en las próximas semanas, en un contexto donde la principal bancada de oposición (la del Partido Liberación Nacional) más bien se inclina por un permiso de un año por $1.500 millones y los oficialistas —gobierno y diputados— más bien empujan de nuevo a la propuesta inicial de $6.000 millones para seis años.
Estas discusiones, sin embargo, se encuentran en pausa. La Comisión de Asuntos Económicos —como casi todas las comisiones legislativas donde se tramitan los cambios de los proyectos de ley— se encuentra en pausa desde finales de abril, pues actualmente están en etapa de reestructuración, como ocurre mayo tras mayo.
Lo único que está en firme es la necesidad del Gobierno de que el proyecto esté listo en junio, pues las colocaciones de bonos en los mercados internacionales requieren de amplios procedimientos como la consecución de representantes legales y de los bancos colocadores, inmediatamente después de la aprobación.
Con los eurobonos, el Gobierno quiere sustituir deuda interna con deuda externa (a mejores tasas y mejores plazos), un movimiento que restaría presión sobre las tasas de interés nacionales, incidiendo en puntos tan básicos como el crédito que ofrecen los bancos a ciudadanos y empresas.
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Disputas por los montos
Una vez que se reactiven las conversaciones sobre eurobonos en las próximas semanas, los diputados deberán llegar a un consenso sobre qué cifra aprueban y a qué plazo de aplicación.
La tendencia general entre los diputados dista a la postura del Gobierno, y apunta a las reducciones; a pesar de que el Banco Central y los bancos (públicos y privados) del país defienden lo contrario.
Así lo dejaron constando en un comunicado reciente de la Asociación Bancaria Costarricense, en el cual la directora ejecutiva de esa entidad, María Isabel Cortés, aseguraba que el país debía enviar “un mensaje claro a la comunidad económica internacional de que se trabaja en una solución integral, sostenible y de largo plazo al tema fiscal”.
No obstante, la discusión ahora es política y no técnica, como indicaban semanas atrás algunos diputados.
A pesar de las discusiones, Hacienda sostiene que la aprobación de los eurobonos es fundamental para enfrentar las necesidades de financiamiento del país este año, mientras empiezan a llegar los primeros ingresos por la recién aprobada reforma fiscal, que empezará a aplicarse a presentar rendimientos a mediados de año.
Según las estimaciones del Banco Central, los créditos en el extranjero se conseguirían a tasas y plazos mucho mejores que los que se consiguen en los bancos y los fondos nacionales, algo que reduciría la presión que actualmente ejerce el Gobierno sobre las tasas internas para el crédito local. Además, el Ejecutivo afirma que las medidas disminuirían la asfixia que el mercado interno ofrece al Estado, que actualmente paga lo que las opciones locales le ofrecen (tasas de hasta el 10%).
“La reforma fiscal tiene un rendimiento muy pequeño en el primer y en el segundo año, y es hasta el tercero que se recogen todos los resultados. Por eso es tan importante hacer un financiamiento, para poder tener recursos más baratos y para que el Ministerio de Hacienda salga del mercado local, de modo que deje de estar presionando las tasas de interés y eso genere un mayor crecimiento económico, mejorando la recaudación fiscal y dando más oportunidad para generar empleo”, explicó el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, a inicios de abril.
