Presidente Alvarado elude responder: ¿debe recibir pensión vitalicia desde sus 42 años?

Si viviera hasta los 80 años, mandatario recibiría ¢1.400 millones por jubilación.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, es un fuerte crítico de las pensiones de lujo.

“En una situación fiscal como la que enfrentamos no es aceptable que se quieran defender pensiones con montos tan elevados”, dijo a inicios de este mes, luego de pedirle a la Sala Constitucional que rechace recursos de exempleados judiciales que se quejan por los recortes en los montos de sus jubilaciones.

“Las pensiones son para proteger y no para enriquecerse”, añadió Alvarado en un video que difundió en un comunicado de prensa, en el que también expresó que el Gobierno busca que los regímenes sean más equitativos.

También fue Alvarado quien, como ministro de Trabajo en la pasada administración, defendió las reformas legales que impusieron contribuciones solidarias a las pensiones de sumas excesivas.

“Una pensión de ¢7,7 millones equivale prácticamente a 100 pensiones del Régimen no Contributivo. Es casi tres veces la pensión tope de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). A todas luces sí hay una desproporción en esto”,  afirmó Alvarado en el 2016, siendo ministro de Trabajo.

Lo que Alvarado elude responder ahora –cuando ocupa el cargo de presidente de la República– es si élmismo debe o no recibir una pensión vitalicia por la que nunca ha cotizado y que le corresponderá una vez que termine su administración con solo 42 años de edad.

Actualmente, ese beneficio de ¢3,8 millones mensuales se otorga a diez beneficiarios (expresidentes o familiares de ellos) y su costo se paga con el presupuesto ordinario.

La Superintendencia de Pensiones (Supén) efectuó un cálculo, suponiendo una expectativa de vida de 80 años para Carlos Alvarado, y concluyó que la proyección actuarial para esa pensión especial del presidente representa el giro de ¢1.400 millones.

UNIVERSIDAD envió varias preguntas al mandatario a través de un correo electrónico designado por su oficina de prensa,y por ese medio se le comentó que existían iniciativas legales para limitar las pensiones a exmandatarios.

Entre las interrogantes que se le plantearon están: ¿Considera que se deben mantener las pensiones a expresidentes? ¿Por qué?; ¿cree que se justifica el monto que se entrega actualmente por ese tipo de pensión?; ¿ha analizado si a partir de que termine su periodo accederá o renunciará a la pensión de expresidente? ¿Por qué?

En respuesta, se recibió un escueto texto que indica: “El Presidente de la República, Carlos Alvarado, manifiesta que ‘Ante la discusión legislativa sobre las pensiones de los expresidentes el Poder Ejecutivo atenderá lo que la Asamblea Legislativa determine”.

Es decir, Alvarado evadió dar una valoración sobre si es adecuado brindar pensiones especiales a expresidentes de la República.

Si al terminar su gestión presidencial Alvarado siguiera laborando y cotizando para un régimen como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), tendría la posibilidad de acceder a otra pensión además de la especial de expresidente.

La semana pasada, una investigación de UNIVERSIDAD –realizada con el apoyo de la plataforma periodística para las Américas, CONNECTAS-, dio a conocer que en el país hay 17.400 personas que cuentan con más de una pensión al mes y que entre estas se encuentran los expresidentes de la República Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco, quienes además de la pensión especial se jubilaron en el IVM.

Ambos exmandatarios justificaron ese beneficio especial.

Rodríguez advirtió que su posición tiene un sesgo porque “cada uno ve su caso como el caso más especial. Porque así somos, a cada uno le cuesta ser objetivo con uno mismo”.

“Yo sí creo que hay una situación bien distinta de los presidentes que con cualquier otra posición. Quien ha sido Presidente en la mayor parte del mundo sigue siendo llamado Presidente, porque es una persona que está con una marca, con una distinción, con una característica que le cierra muchas oportunidades y que lo obliga a muchas cosas. El que ha sido Presidente tiene que seguir opinando de las cosas públicas, tiene que seguir estando enterado de las cosas públicas y recibir a cantidad de gente que lo busca para plantearle temas y pedirle opinión de temas que tienen que ver con el Estado. Creo que es lógico que tenga ese recurso para que mantenga una independencia”, argumentó el exmandatario.

Sobre la pensión del IVM consideró justo seguirla recibiendo porque esa se debe a “una contribución que uno ha hecho”.

El expresidente Pacheco también ve como adecuado que se reciba una pensión especial debido al cargo.

“Que un expresidente tenga una pensión de ¢4 o ¢5 millones cuando más de un señor que no ha hecho nada por este país tiene pensiones de ¢15, o ¢17 millones, o cuando la gente de la Corte, que ya estamos viendo que no sirven para mucho, tiene unas pensiones así exageradas, yo no me siento mal de recibir lo que recibo. Ahora, sí es de socarse la faja, yo encantado”, expresó.

La pensión del IVM, dijo, es merecida por su carrera como médico psiquiatra.

LIMITAR PENSIÓN ESPECIAL

El partido Frente Amplio (FA) presentó desde el 2016 un proyecto de ley para imponer restricciones a las pensiones para expresidentes.

El diputado José María Villalta explicó a UNIVERSIDAD que dicha propuesta tiene varios ejes: “En primer lugar, que la pensión de expresidente solo se dé si (el posible beneficiario) tiene necesidad económica; es decir, si no tiene medios para sostenerse o no tiene otra pensión, que no sea un beneficio automático injustificado”, detalló.

Además, el plan de ley establece que en los casos en que se determine que hay necesidad económica se reduzca el monto a “dos veces el ingreso promedio de una familia costarricense” (aproximadamente ¢2,3 millones en el 2015).

Finalmente, se busca que para las pensiones de expresidentes que existen actualmente se imponga una contribución solidaria sobre el monto que exceda a dos veces el ingreso promedio de una familia.

Según Villalta, este último cambio se promueve en virtud de que la reforma del 2016 que impuso contribuciones solidarias a las pensiones con cargo al presupuesto nacional dejó por fuera las que se otorgan a expresidentes.

En el 2017, el entonces diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, presentó un proyecto de ley para eliminar las pensiones de expresidentes y que, en cambio, se contabilizaran los años en que sirvieran como mandatarios como parte de las cuotas requeridas para jubilarse en el régimen en que cotizaran.

La actual presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, indicó que avala esa reforma legal  propuesta por Solís y que se tramita con el expediente 20.484, pues considera que se debe “transparentar” las remuneraciones de los presidentes (debido a que actualmente tienen una partida para gastos confidenciales) y limitar las pensiones de estos, para que no sean “de lujo”, así como imponer una contribución especial a las ya existentes.

La diputada liberacionista Yorleny León, quien pertenece a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, considera que “no se debería recibir una pensión sobre la cual no se ha cotizado” y que eso incluye la de expresidentes.

“Lo que no es aceptable es que una persona reciba una pensión, o más de una, donde no cotizó para ello, y entonces toda la sociedad costarricense debe asumir el costo”, apuntó.

ÚNICO RÉGIMEN QUE PROMUEVA IGUALDAD

El sistema jubilatorio costarricense opera con varios regímenes básicos que tienen diferencias notorias en cuanto a porcentajes de cotización y beneficios, lo cual ha permitido que incluso existan multipensionados.

El más grande es el del IVM, pues abarca a la mayoría de trabajadores del país. En este existe un tope máximo de pensión de ¢1,5 millones. Mientras en otros regímenes, como el del Poder Judicial, el Transitorio de Reparto de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) o los regímenes especiales que administra la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) (y que consumen el 10,2% del presupuesto nacional), pueden tener pensiones de diez veces esa cifra, lo que ha hecho que se impongan las contribuciones solidarias.

Estas diferencias motivan propuestas de reformas legales por parte de autoridades y legisladores.

Para el superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, el país debe caminar hacia un único sistema básico de pensiones, que sea equitativo y solidario. Además, añadió que quienes tengan mayores ingresos pueden recurrir a pensiones complementarias o voluntarias para mejorar su pensión futura.

También son de esa opinión el exsuperintendente Édgar Robles y el jerarca de la DNP Luis Paulino Mora Lizano.

“Sería más justo si uniéramos los regímenes bajo uno solo, tuviéramos acceso a una sola pensión, con un solo tope, en lugar de tener esas disparidades, ese fraccionamiento entre sistemas”, dijo Robles.

“Deberíamos tratar, sino de unificar los regímenes–que sería lo más justo–, por lo menos ir equiparando condiciones para converger en una línea básica de un sistema global de pensiones en que todos nos sintamos igualmente protegidos y que entonces colaboremos todos con mayor propiedad y dinamismo”, consideró Mora.

El diputado Villalta manifestó que “lo ideal sería ir avanzando hacia un único régimen de pensiones solidario e ir eliminando los regímenes especiales”. No obstante, señaló que este será un proyecto difícil de lograr en el corto plazo y que, por ello, entre tanto, se deben aplicar reformas para cerrar portillos que permiten pensiones de lujo o pensiones múltiples.

El legislador añadió que si una persona cuenta con más de una pensión, se deben sumar y tomar el monto total como la base imponible de las contribuciones solidarias.

Sobre este punto, el jerarca de la Supén cree que se debe migrar al concepto de renta global, en el que se sumen todos los patrimonios, incluida la pensión, y con base en el resultado total se calcule un impuesto.

“Cuando lo construye así resulta más fácil la discusión de, por ejemplo, si una persona es rica y además recibe una pensión, le aplicas un impuesto más alto que a quien solo recibe la pensión”, explicó Ramos.

La presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, coincidió en que unificar los regímenes y eliminar la posibilidad de acceder a distintas pensiones básicas es una tesis que parece “más equilibrada y justa”.

La legisladora León también es del criterio de tener un sistema jubilatorio único.

“Me parece que el trabajo a nivel de la Asamblea Legislativa es revisar todos los expedientes que existen vinculados al tema de pensiones y ver qué se rescata y qué no. Y a partir de eso, ir encaminando un único proyecto de ley hacia un único sistema de pensiones, donde estén integrados los tres poderes de la República”, indicó.

León auguró que, pasada la discusión fiscal, el tema de pensiones será “el gran tema” que se analice en el Congreso.


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