La presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Irene Cañas, calificó de “inconstitucional” el proyecto de Ley General de Contratación Pública, expediente 21.546. El proyecto reúne todas las compras y contrataciones del Estado en una misma ley y fue presentado por la Contraloría General de la República.
Este lunes, Cañas dijo que regresar a un régimen estandarizado “sería devastador” porque el ICE cuenta con un régimen especial “para tener flexibilidad y agilidad para competir”.
El régimen especial del ICE está asegurado por la Ley 8660 Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, aprobada desde el 2008. La ley se negoció en el marco de la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
“Esta propuesta (de ley) es inconstitucional porque no puede estar una ley por encima de un tratado internacional”, afirmó Cañas.
La presidenta ejecutiva del ICE dijo que con una ley única estandarizada, los diputados conseguirán “vaciar el contenido y el objetivo que tenía la Ley 8660”.
“Las implicaciones serían nefastas”, aseguró Cañas. “No seríamos para nada oportunos, dejaríamos de poder darle el servicio a la sociedad de manera ágil, de calidad, confiable. Sería devastador”.
“Volver a ponerle las amarras que tienen el resto (de instituciones) sería una falacia ante esa libre competencia del mercado”, reiteró.
Durante la comisión de contratación administrativa, los diputados Ana Lucía Delgado (Partido Liberación Nacional) y José María Villalta (Frente Amplio) cuestionaron si podría excluirse del régimen especial a aquellos servicios que no estén sujetos a la competencia con empresas privadas.
Sin embargo, Cañas respondió que “no tendría ningún sentido tener un régimen para electricidad y uno para telecomunicaciones”.
Cañas dijo que, hasta ahora, no existen “señalamientos de que tenemos que migrar a un régimen más estricto o con más controles”.
Asegurar la competencia del ICE
La presidenta ejecutiva del ICE explicó a los diputados que la Ley 8660 coloca en un régimen especial al ICE y a “sus empresas”, de forma que brinden el mejor servicio posible a la población y, además, participe en una competencia justa frente a las empresas privadas que ofrecen servicios de infocomunicaciones (es decir, telecomunicaciones y servicios que utilicen plataformas informáticas).
“No estamos compitiendo contra cualquiera. Estamos compitiendo contra gigantes a nivel internacional y empresas multinacionales. Los grandes competidores tienen nombre y apellido: Movistar, Claro, Liberty que viene con gran fuerza, más otros 130 competidores”, dijo Cañas.
El ICE presentó a los diputados un cálculo en el que estiman la Ley General de Contratación aumenta los procesos de compra y contratación hasta en 80 días.
“En mercado en competencia como el que tiene el ICE en materia de infocomunicaciones eso es tiempo, es dinero. Nos resta eficiencia y eficacia”, afirmó Cañas.
Según informó el ICE, ese nuevo cálculo de plazos se desprende de que el proyecto de ley transforma contrataciones directas de escasa cuantía, las cuales tienen un tope “pequeño” de ₡95,6 millones, en licitaciones “menores”. Además, se añade un recurso de revocatoria cuando se compran mercancías, pese que ya existe un recurso de objeción.
