Un grupo de sindicatos del Poder Judicial interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de Costa Rica, argumentando que el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, violaron la Constitución al utilizar a las fuerzas policiales para emitir un mensaje político. La acción legal busca que se evalúe la constitucionalidad de las declaraciones realizadas por los jefes policiales en un video transmitido en cadena nacional el pasado domingo.
El recurso fue presentado este 15 de octubre por los sindicatos Sindicato de trabajadores & trabajadoras del Poder Judicial de Costa Rica (Sitrajud) y Sindicato de la Defensa Pública (Sindepu), quienes sostienen que las manifestaciones de los jefes policiales, en apoyo a la administración del presidente Chaves, transgreden el marco legal establecido. Según Jorge Cartín, secretario general de Sitrajud, “Ellos pueden estar muy a favor de la posición del ministro y del señor Rodrigo Chaves, pero quienes tienen la vocería para salir a decir esas cosas son el ministro y el señor presidente de la República. “, afirmó a UNIVERSIDAD.
Ambos solicitan que se “declare con lugar este recurso” y que se ” Señor Rodrigo Chávez y al Señor Mario Zamora por VIOLACIÓN A LOS ARTICULOS 9, 11, 12 de la Constitución Política”, según consta en el recurso.
En el video en cuestión, los jefes de las policías civiles expresaron su apoyo a las políticas del gobierno, lo que ha generado preocupación entre los sindicatos sobre la posible instrumentalización de las fuerzas de seguridad. “No es de recibo que él (presidente) mienta de esa manera”, declaró Cartín; enfatizando que cualquier denuncia debe hacerse a través de los canales legales correspondientes. La Sala Constitucional deberá evaluar la admisibilidad del recurso y determinar si las acciones de los funcionarios públicos violan el artículo 12 de la Constitución, que establece límites a la participación política de los cuerpos policiales.
El contexto de esta situación se agrava por las amenazas recibidas por varios legisladores, lo que ha llevado a la aprobación de mociones de solidaridad en la Asamblea Legislativa. “Lo que hemos visto en las últimas semanas son amenazas a la integridad de las personas y de varios funcionarios públicos”, señaló Cartín, quienes buscan que se respete la institucionalidad y se delimiten las competencias del Poder Ejecutivo.
Este recurso se presenta en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, donde se tomaron decisiones para investigar la presunta vinculación del narcotráfico con el gobierno
