Preparación para emergencias recae en instancias municipales

La adecuada preparación de los comités municipales de emergencias es vital para enfrentar eventualidades como inundaciones o erupciones volcánicas.

Upala fue una localidad seriamente afectada por el huracán Otto.  

 

El 1o de junio inició la temporada de huracanes, y Costa Rica la enfrenta con los antecedentes del huracán Otto y la tormenta Nate, ocurridos en dos años seguidos, más la denuncia por parte de la Contraloría General de la República (CGR) de que en cinco cantones riesgosos la preparación para emergencias deja mucho que desear.

En efecto, el pasado 28 de mayo la CGR dio a conocer un informe elaborado por el área de Desarrollo Local, el cual analizó la gestión y los mecanismos de control implementados por los comités municipales de emergencias (CME) en la prevención de riesgos y atención de emergencias en los cantones Turrialba, Matina, Parrita, Upala, Sarapiquí y Nicoya.

Esos cantones fueron escogidos a partir de los criterios de área geográfica, cantidad de población y cantidad de eventos naturales ocurridos de acuerdo con los registros históricos. El estudio abarcó la gestión comprendida entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, y encontró la gestión de esos CME bastante deficiente en términos generales.

Vivian Garbanzo, gerente del área de Desarrollo Local de la CGR, expresó que la importancia de la evaluación de esos cantones radica en que son de los más vulnerables del país.

“Los tomamos en cuenta según la cantidad de población y la mayor posibilidad de ocurrencia de un evento de este tipo”, expresó, y recordó que en algunos casos ya se han materializado las emergencias, como lo fue el caso de Upala con el huracán Otto, Turrialba con el volcán y Matina y Siquirres con las inundaciones.

“Normalmente escogemos una muestra de cantones con la idea de que sirvan de ejemplo a otros y que algunas de las disposiciones sean replicadas”, añadió la funcionaria, al tiempo que informó que al menos este año no se realizará otro estudio de este tipo.

CARENCIAS Y OMICIONES

Los CME forman parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR), establecido en la Ley Nacional de Emergencias No. 8488, y están conformados por personas de los municipios, cuyo liderazgo y coordinación es responsabilidad del alcalde.

El informe  N° DFOE-DL-IF-02-2018 apunta que la gestión de los CME analizados carece de un enfoque integral que sirva para promover la prevención y control de amenazas ante “emergencias o desastres que ocurren durante cualquier época del año como consecuencia de lluvias y vientos de intensa magnitud o frecuencia, o producto de sismos y erupciones volcánicas”.

Entre las muchas observaciones hechas, se puede destacar la carencia en el trabajo de los CME en acciones de coordinación y articulación con instancias rectoras locales, sociedad civil y empresa privada; así como la nula labor permanente de formación y preparación, que contemple simulacros de evacuación para responder a las situaciones de emergencia que se presenten en el cantón.

También fallan en iniciativas de mitigación, como el mantenimiento y protección de la infraestructura del cantón, como reforzamiento de diques, muros de contención y dragado de ríos.

“En los cantones de Turrialba, Matina, Upala y Nicoya, los CME no han impulsado la implementación de sistemas de alerta temprana, como pluviómetros para la medición de los niveles de los ríos y sirenas que permitan a la población la reacción oportuna ante los eventos de riesgo provocados por las inundaciones y deslizamientos de tierra, y que permita contribuir a evitar la pérdida de vidas humanas y disminuir los impactos sociales y económicos que se generan en la zonas vulnerables a desastres”, añade el informe.

En ese sentido, la CGR destaca que en los años 2016 y 2017 el paso del huracán Otto dejó pérdidas estimadas por ¢39.704 millones en los cantones de Upala y Sarapiquí; mientras que por la tormenta tropical Nate fueron de ¢22.933 millones en los cantones de Turrialba, Parrita, Nicoya y Upala.

Cabe recordar que, en el contexto del huracán Otto, la incapacidad en el manejo de la  emergencia por parte del gobierno local de Upala, donde incluso se ignoraron disposiciones consignadas en un plan regulador, fue manifiesta y denunciada por múltiples medios de comunicación.

RESPONSABILIDAD MUNICPAL

La CGR recuerda que si bien la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), es la entidad pública responsable en materia de prevención de riesgos y atención de emergencias, los CME son responsables de la ejecución de acciones tendientes a prevenir y mitigar las condiciones de riesgo y de atender emergencias a nivel local, de manera que sirven como mecanismo de coordinación de la CNE.

La responsabilidad de la coordinación de los CME recae en el alcalde de cada cantón. En ese sentido, la funcionaria  Garbanzo subrayó que si bien los alcaldes tienen la responsabilidad de coordinar el trabajo del CME, “también hay responsabilidad por parte de la CNE, porque como ente rector debería tratar de fortalecerlos, incluso la CNE por reglamento tiene que nombrar un enlace. Es una responsabilidad compartida”.

Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), llamó la atención sobre que es necesario, en su criterio, que en la junta directiva de la CNE se incluya un representante de la UNGL o del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), “porque la información en momentos de crisis debería darse a través de algún ente oficial que represente a las municipalidades”.

Tras recordar que cuando se hizo el estudio de la CGR “apenas había pasado Nate” y los impactos de lluvias del año pasado con un mayor grado de vulnerabilidad, reconoció que “sí hay deficiencias que hay que corregir”.

Entre otras cosas, se refirió en específico a que el informe destacó que las municipalidades no tienen capacidades instaladas para tener los suministros para emergencias en sus bodegas, por lo que “deberían buscarse iniciativas conjuntas para poder tener bodegas en lugares equidistantes de fácil acceso para las municipalidades”.

Porras hizo un llamado a que haya “mayor interlocución” entre gobiernos locales y CNE, y destacó la necesidad de dar mayor fortalecimiento y capacidades a los CME, para lo cual se trabajará en conjunto entre la UNGL, el IFAM y la CNE con alcaldes y regidores.

Tras subrayar que las recomendaciones de la CGR son “propias para cada municipio, pero que podemos trabajar por regiones” para adoptarlas, subrayó la importancia de que en la actualidad las municipalidades tienen dentro de su presupuesto un rubro para la atención de emergencias.

PREVENCIÓN

Alexánder Solís, presidente ejecutivo de la CNE, asumió con seriedad lo denunciado por la CGR, pero ponderó que se trata de cinco de los 82 CME, en localidades afectadas históricamente por fenómenos adversos. Además de los 300 comités comunales de emergencias, también en funcionamiento a partir de la mencionada ley.

Para Solís, la CGR hizo una “radiografía” y “lo que recibimos y asumimos muy respetuosamente es empezar con la parte de prevención”, para corregir lo señalado en un informe que asume como diagnóstico.

El funcionario aseveró, sin embargo, que “hay algunos detalles que obedecen más a una especie de confusiones normativas” y citó como ejemplo que “un reglamento establece que el CME es un grupo de personas de la municipalidad, cuando en realidad es un grupo de la comunidad, que representan a las instituciones que tienen que desarrollar tareas específicas”, lo cual incide en que si se evalúa el trabajo del CME, “puede ser que solo tenga acciones orientadas a la preparación y respuesta”, pues otro tipo de acciones competen a instituciones específicas.

Tras apuntar que la institución lleva a cabo un proceso de seguimiento para determinar el nivel de actualización de los planes de respuesta y de las condiciones de las bodegas que albergan los suministros que se le asignan a cada CME,  informó que la CNE trabaja con antelación en generar los procesos de compra para enfrentar emergencias, pero “si los planes de inversión elaborados por las unidades ejecutoras, que son las instituciones y las municipalidades no llegan, difícilmente la CNE pueda avanzar en las contrataciones”.

Solís aseveró que “lo que en este momento nos puede causar desvelo” es que algunos de los daños atendidos tras la tormenta Nate, como saturación de causes, “obedecen a segmentos de los ríos donde hay población cercana, pero lo que pasa en las partes más altas de las cuencas en zonas montañosas o nacientes, que quedaron muy deterioradas por tanta erosión y deslizamiento, no tenemos una forma técnica de medirlo”.

 

 

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