Los costarricenses pagan sobreprecios en los medicamentos que alcanzan $40 (aproximadamente ¢25.000) en comparación con los precios de El Salvador, debido a la negligencia en el cumplimiento de los deberes regulatorios en el país, concluyó un estudio realizado por dos investigadores del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA).
“En el 90% de los casos de la muestra de medicamentos que estudiamos, los medicamentos costarricenses son más caros que el equivalente salvadoreño”, dijo en entrevista con UNIVERSIDAD el investigador del área de regulación y políticas públicas del CINPE-UNA, Leiner Vargas Alfaro, quien realizó el estudio junto con el asistente de investigación Joustin Cuendis Ramírez.
Para el estudio El mercado de medicamentos en Costa Rica: una visión comparativa con El Salvador, los investigadores fueron motivados primero por la preocupación de cuánto gasta la familia costarricense en medicamentos y si ese patrón de gastos es justificable o no; y segundo, porque el mercado de medicamentos costarricense está teniendo precios muy por encima de los precios de referencia de los medicamentos en Centroamérica.
Desigualdad en acceso a medicinas
En cuanto al análisis del gasto en medicamentos realizado por las familias costarricenses, se utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH).
Según el estudio, las familias gastan en promedio ¢12.240 al mes en medicamentos, lo cual representa un 38% del total del gasto que hacen en salud. Las familias ubicadas en el décimo decil de ingresos (con mayores ingresos) gastan 13.4 veces más que las que están en el primer decil (con los ingresos más bajos). Además, los medicamentos en los que más gastan los costarricenses en todos los deciles son analgésicos contra el dolor y anticonceptivos orales e inyectables.
“La Dirección de Medicamentos en el Ministerio de Salud tiene que intervenirse, porque ahí opera lo mismo que opera en el Conavi: los zorros son los que tienen las llaves del gallinero” (Leiner Vargas).
El estudio concluye: “Podemos afirmar que, si bien la existencia de la seguridad social costarricense les permite a los grupos de primero y segundo decil de la distribución del ingreso tener un gasto relativamente menor en medicamentos, también se está claramente excluyendo a esta población del uso de ciertos medicamentos que solamente se venden en el negocio privado”.
“Adicionalmente, cuando estos hogares tienen personas adultas mayores que dependen para enfermedades crónicas del uso de ciertos medicamentos, se vuelven impagables muchas de las opciones privadas, afectando la salud de la población”, agrega el documento.
“El consumo de medicamentos en los sectores populares está siendo claramente inhibido por los precios y cuando por razones de acceso a la seguridad social se debe comprar medicamentos especializados para ciertas dolencias. Entonces, el gasto de los sectores populares se vuelve claramente un efecto sumamente negativo para dichas familias. Esto podría fomentar el uso de medicamentos de importación ilegal y lo peor, una exclusión de uso de dichos medicamentos para las familias pobres costarricenses”, concluye el estudio.
Comparación con El Salvador
En cuanto al ejercicio comparativo de precios entre farmacias nacionales y salvadoreñas, los investigadores analizaron los precios de dos farmacias de El Salvador (San Nicolás y Farma Value) y tres de Costa Rica (Fischel, Farma Value y La Bomba).
Para esto generaron una muestra de medicamentos asociados con las enfermedades más importantes que tiene el país (colesterol, artritis, inflamación, gastritis, presión arterial alta, dolor, gripe, tos y anticonceptivos).
En el estudio se incluye un gráfico en el que se observa que “la farmacia Fischel tiene precios más elevados para todos los medicamentos, excepto para los medicamentos anticonceptivos y para los que tratan los nervios, ansiedad, depresión o estrés”. La mayor diferencia se observa en el grupo de “otros productos farmacéuticos”, que incluyen medicamentos para disfunción eréctil. Ahí la diferencia es de $44.36 para los precios sin descuento y de $54.72 para los precios con descuento.
De acuerdo con Vargas, compararon pasando a dólares los diferenciales de precio que hay entre El Salvador y Costa Rica farmacia por farmacia, producto por producto, enfermedad por enfermedad. “En el 90% de los casos de la muestra de medicamentos que estudiamos los medicamentos costarricenses son más caros que el equivalente salvadoreño. Además, en el caso de una de las cadenas, ese sobreprecio es muy sustantivo”, dijo el economista.
El caso de El Salvador
Leiner Vargas explicó por qué El Salvador le lleva años luz al país en protección del consumidor en el tema de medicamentos.
Tiene precios topes y una política pública de acceso a la información para los consumidores. Tienen un sistema de información de medicamentos que permite que cualquier persona que reciba una receta médica de un doctor privado pueda verificar en el sistema el precio del genérico, la diferencia que tiene esa farmacia con respecto al precio tope que ha definido la Dirección de Medicamentos, y cuál farmacia tiene el precio más bajo, cuál está más cerca y su ubicación.
“Ese precio tope le garantiza dos cosas al consumidor: que el precio de un producto de marca no puede subir por encima de un porcentaje del valor del producto genérico; y le da al consumidor la información de dónde comprar al precio más bajo el genérico o el producto de marca”, añadió Vargas.
“Además, cada farmacia debe indicar en la cajita del medicamento el precio tope y el precio al cual se está vendiendo. Es una reglamentación de la ley salvadoreña. Eso genera una información y que ninguna farmacia pueda elevar los precios por encima del precio tope. A través de una aplicación tecnológica sencilla y práctica, los salvadoreños tienen acceso a la información de cuál farmacia tiene el medicamento más barato y disponible”, señaló.
¿Qué pasa aquí?
La principal conclusión del estudio del CINPE es que “la negligencia en el cumplimiento de los deberes regulatorios y, sobre todo, de defensa de los consumidores ha provocado prácticas anticompetitivas amparadas a argumentos sanitarios que ponen sustantivos márgenes de sobreprecio a los medicamentos vendidos en Costa Rica”.
De esta forma, se señala que la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud tiene un laxo control como jerarca sanitario y que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) es complaciente con las grandes droguerías y cadenas farmacéuticas del país.
“Entre ambos Ministerios se han creado barreras de regulación y diluido responsabilidades regulatorias que promueven un mercado oligopólico, dominado por un pequeño grupo de corporaciones, que se distribuyen de forma exclusiva buena parte de la oferta farmacéutica, generando sobreprecios importantes en los rubros de medicamentos más vendidos en el país y afectando a consumidores y la salud de los costarricenses”, enfatizó el estudio.
“Los datos son un reflejo claro de un mercado de medicamentos sumamente centralizado y obstaculizado por los grupos privados corporativos, con el favor de los gremios farmacéuticos y, sobre todo, los doctores que atienden en consulta privada”, agregó el análisis.
Se refiere a “las malas prácticas de regalías de medicamentos, regalías de viajes a congresos y, sobre todo, la entrega de beneficios por la adjudicación de recetas y exclusividad de pacientes”, que “hace un terrible daño al bolsillo y a la salud pública del país”.
Recomendaciones
Los investigadores del CINPE sugieren medidas de política para corregir y fortalecer la regulación y los instrumentos de competencia efectiva, información y transparencia.
Recomiendan solicitar al MEIC una intervención inmediata del mercado de medicamentos y la fijación de precios tope para los 20 principales medicamentos de consumo popular en el país.
Asimismo, solicitar al Ministerio de Salud la intervención inmediata de la Dirección de Medicamentos, “para separar las funciones del sector público y en particular, los obstáculos técnicos a la importación de dichos medicamentos, que son la razón del control exclusivo de las droguerías y los grupos corporativos integrados en la cadena de valor de los medicamentos”.
Lo anterior permitiría favorecer la entrada de dichos medicamentos a precios mucho más bajos y en mejores condiciones de mercado, favoreciendo la competencia entre las farmacias de cadena y las farmacias independientes.
Por último, solicitar al presidente de la República y a la Asamblea Legislativa que prohíban las malas prácticas de regalías y ventajas del médico al recetar de forma exclusiva medicamentos de marca al paciente, obligando a que en cada receta el médico le indique los componentes genéricos y su equivalencia, de tal forma que sea el paciente el que decida sobre la marca de uso y, por supuesto, pueda tener la información y comparación de precios. Esto puede ser mediante decreto o por medio de una ley.
“Claramente el regulador de salud debe pasar a ser más un regulador económico y menos un regulador técnico, porque el argumento sanitario está generando una obstrucción a la competencia, que claramente es ajena a las prácticas de comercio leal que tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD).
Leiner Vargas afirmó que la Dirección de Medicamentos en el Ministerio de Salud tiene que intervenirse, “porque ahí opera lo mismo que opera en el Conavi (Consejo Nacional de Vialidad), los zorros son los que tienen las llaves del gallinero, los empresarios son los que están determinando qué producto y qué empresa trae el respectivo producto”.
“La única forma es corregir eso con una intervención y una modernización de la norma regulatoria en el mercado de medicamentos”, dijo.
“En el caso de El Salvador todos los medicamentos tienen precio tope. Eso tal vez no sea necesario para todos los medicamentos; pero sí debería haber una lista de por lo menos los 20 más importantes en la canasta de consumo de los costarricenses, que deberían tener un precio tope y un seguimiento de mercado muchísimo más expedito y serio”, agregó Vargas.
“Lo que necesitamos es un gobierno absolutamente comprometido con el consumidor y la salud pública, que intervenga la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud y elabore un nuevo reglamento que propicie la competencia, obviamente salvaguardando la salud; y un Ministerio de Economía que no solo ponga tope a los precios de productos de marca, sino que además elabore con la experiencia de El Salvador un sistema de información de precios al consumidor”, defendió el investigador.
“Con un solo decreto presidencial podríamos tener los costarricenses los beneficios de la competencia, dándole campo ahora sí a las farmacias más pequeñas para que puedan importar medicamentos que son estándares en el mercado internacional y hoy están controlados por estas tres cadenas, oligopolios clásicos en este país, en un mercado de más o menos 1.000 millones de dólares”, destacó el economista.
