Si se lograra reducir en un 1% el costo implícito en la deuda interna, vía la disminución de las tasas de interés del mercado, el Estado se ahorraría unos ¢171 mil millones en pago de intereses, lo cual representa un 0,50% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para el vice-ministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, Isaac Castro, este sería el mejor mecanismo de reestructuración de la deuda interna, una de las medidas que ha sido sugerida por diversos sectores y economistas, para bajar el pago por intereses de esa deuda que el Estado hace cada mes, mejorar los plazos y así reducir el desequilibrio en las finanzas públicas.
Al 31 de agosto del 2020, según la información de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el saldo de la deuda pública total (interna y externa) ascendía a ¢23,066,695.22 billones, de los cuales¢17,797,676.94 billones estaban en colones y 38,562.11 mil millones estaban en dólares.
Por esta deuda el Estado ha pagado intereses a tasas promedio que van desde un 8.32% en enero de este año, hasta un 5.58% en agosto pasado. Únicamente en el mes de mayo se pagó la tasa promedio más baja, que fue de 5.08%.
Si bien reestructurar la deuda del Estado con las propias instituciones del Estado parece ser simple, Castro consideró que esto no es posible debido a que, en su mayoría, se trata de dinero de terceras personas, que compran la deuda pública con expectativas precisas de tasas, plazos y rendimientos, por lo que un cambio en estos requisitos les afectaría, así como impactaría la estabilidad del mercado de valores en su conjunto.
En cuanto a las instituciones públicas que no intermedian dinero de terceras personas, hoy están en el proceso de incorporarse al sistema de Caja Única del Estado, con lo cual sus excedentes o superávits deben concentrarse allí y ya no podrán invertirse en títulos valores, argumentó.
Para Hacienda, lo idóneo es negociar el crédito por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para lo cual el país espera, con la ayuda de la regla fiscal, lograr la reducción de la deuda a un 50% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2034.
Entretanto, con la economía disminuida por la pandemia de Covid-19, las estimaciones oficiales son que la deuda pública alcanzará este año un 70,2% del PIB y el déficit fiscal un 9,3% del PIB.
A continuación, las respuestas del funcionario a nuestras consultas sobre este tema.
¿Por qué no acoge el Gobierno la propuesta de distintos economistas y sectores de reestructurar la deuda interna, para así pagar una menor cantidad de recursos en plazos más largos, mientras dura la emergencia por la pandemia de Covid-19?
-Una renegociación de la deuda interna tiene varias limitantes. Una de ellas es que, en su mayor parte, la deuda está bonificada, es decir, que está a través de títulos valores. Entonces, si yo hiciera una renegociación de la deuda con las instituciones públicas, podría meterme a afectar un componente que es muy importante en el mercado y que es la estandarización de los títulos valores.
Porque las instituciones públicas compran títulos valores y cuando hablamos de instituciones públicas estamos hablando de los bancos del Estado, la Caja Costarricense del Seguro Social, de las operadoras de pensiones, que administran recursos de terceros.
Entonces, el tema es que muchas veces esas inversiones no son por cuenta y riesgo de las propias instituciones públicas, sino que es por cuenta y riesgo de terceros. Pero, la cosa es, además, que entonces yo podría des-estandarizar la deuda.
Lo que sí es importante de la sugerencia es que, efectivamente, una reestructuración de la tasa de interés que se paga en esa característica de título valor, se podría pensar, no solo para la deuda pública, sino para el mercado en general.
Y el mercado tiene un mecanismo para ir produciendo una disminución de la tasa de interés implícita o del costo financiero implícito que tiene la deuda interna.
Es decir, hay maneras en que en el mercado, a través de los mecanismos de negociación, podemos ir incorporando lo que en esta propuesta se afirma.
Un mecanismo es que nosotros vayamos haciendo un proceso de consolidación de las finanzas públicas de forma tal que vayamos reduciendo el costo a que se colocan los títulos valores y al ir reduciendo el costo, eso automáticamente, por un principio de valoración a precios de mercado, hace una re-fijación de los precios de los títulos. Y los títulos que ya circulan tienen que reflejar esa disminución en los requisitos.
Al final, eso se vuelve relevante, porque se vuelve más valiosa la deuda emitida por el Ministerio de Hacienda y al ser más valiosa, eso genera un efecto sobre las tasas.
Entonces ¿esto sería un paso posterior a la del préstamo del FMI, que contribuiría a bajar las tasas y de esta manera se produciría esta reestructuración o hay otros mecanismos un poco más directos y ejecutivos que pueden lograrlo?
-La finalización de un acuerdo con el Fondo, más el cumplimiento de las medidas, ya sea referidas a ingresos, a gastos o una combinación de ambas, le daría sostenibilidad a que el Fondo vea el compromiso y nos desembolse los recursos. Esto haría no tener presiones sobre el mercado de deuda pública interna. Y al no generar esas presiones, más bien abre espacio para que, de la formación de precios que se empieza a construir con la colocación de los títulos valores en el mercado primario, por parte de este Ministerio, podamos conducir a una estructura de rendimiento/plazo –porque nosotros colocamos a diferentes plazos- mucho más acorde con la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Por ejemplo, si nosotros pudiéramos reducir un 1% del costo implícito que tenemos en la deuda interna, eso sería aproximadamente ¢171 mil millones menos en pago de intereses. Eso representa un 0,50% del PIB.
Pero es que la gente a veces no logra comprender dónde están los recortes del gasto. Esto es prácticamente evitar una erogación de ¢171 mil millones, pero para poder hacer esto tenemos que darle una facilidad a la Tesorería pública de que pueda sacar esto del pago de intereses.
Allí tendríamos un efecto adicional, por el lado del gasto, de un 0.5% del PIB de menor déficit financiero.
La palabra ‘renegociación’ a veces se interpreta a nivel interno y externo como un default (declaración de impago) selectivo, por eso es que el mecanismo que he mencionado consiste en que, respetando los principios y las buenas prácticas de los mercados de negociación de deuda pública, nosotros podemos reestructurar el costo financiero en favor de las finanzas públicas y por ende en favor de todos.
Porque, nosotros, en el Ministerio de Hacienda, ofrecemos los bonos y las instituciones públicas o privadas los negocian en los mercados secundarios de valores del país.
Volviendo a su primer argumento, lo entiendo en el caso de las operaciones de pensiones o de los bancos públicos, es decir, cuando instituciones públicas manejan el dinero de otras personas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la deuda del Estado que tienen el INS o Recope, que no manejan el dinero de otras personas?
-En el caso del INS, sus inversiones son reservas físicas para poder dar cumplimiento a las deudas actuariales de los seguros. Igual pasa con los bancos del Estado, que son fondos del público, porque ellos captan dinero de los ahorrantes y una parte la intermedian a través de títulos y otra parte a través de créditos.
Con el resto de instituciones, nosotros sí estamos en un proceso. Creo que solo nos quedan pocas instituciones como Recope, Acueductos y Alcantarillados, hay un par que ahorita se me escapan los nombres, que estamos en el proceso de que ellas deben ingresar a Caja Única y al estar allí, ya no tendrían la posibilidad de hacer inversiones.
Por eso nosotros hemos venido trabajando procesos de apelación por parte de ellas, porque dicen que no les corresponde estar en Caja Única. Pero ya hemos venido incorporando a una buena parte de las instituciones públicas no financieras y descentralizadas en el sistema de Caja Única y ya no tendrían la posibilidad de invertir los recursos en títulos del Ministerio de Hacienda.
