Los dineros de los fondos de pensiones de trabajadores costarricenses consolidados en diversas entidades podrían lograr importantes rentabilidades si se invirtieran en títulos en proyectos de obra pública; sin embargo, hasta el momento ningún Gobierno se ha atrevido a poner esa opción en el mercado.
Entre los fondos de pensiones y los dineros que administran las operadoras de pensiones complementarias hay una enorme cantidad de ahorro nacional, que podría no estarse canalizando de la mejor forma.
Así lo confirmó Mario Devandas, miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien señaló que no hay nada que impida a los fondos de pensiones invertir en obra pública; no obstante, no existe titularización del Estado.
“El Gobierno tiene que emitir títulos para financiar un proyecto de obra pública, pero debe respaldar todos los ingresos, de manera que si se presentase un problema pueda redimir dichas emisiones. El asunto es que los fondos hay que invertirlos con bajo riesgo y mucha ganancia, y como el Gobierno no está titularizando, la mayoría de los recursos se redirigen hacia el mercado financiero”, comentó el directivo.
Desde su perspectiva, si el Gobierno se decidiera a titularizar podrían impulsarse grandes proyectos de obra pública, que mejorarían la calidad de vida de los costarricenses y darían buenos retornos a los fondos de pensiones.
La Superintendente de Pensiones, María del Rocío Aguilar, confirmó que no hay ninguna traba a nivel legal ni reglamentaria que impida a las operadoras de pensiones y otros fondos de pensión básicos o complementarios invertir los recursos en emisiones para financiar la obra pública.
De hecho, dijo Aguilar, pueden invertir recursos en emisiones registradas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI), cuyo destino sea el financiamiento de infraestructura de obra pública, tal como lo han realizado en años anteriores en fideicomisos como Peñas Blancas, Cariblanco, Garabito, entre otros.
“En este sentido, más que limitaciones normativas, lo que existe es falta de oferta de emisiones de esta naturaleza en el mercado de valores local”, coincidió la jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supen).
Por su parte, el exsuperintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, señaló que la mayoría de los proyectos de obra pública en el país están financiados por organismos internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o proyectos como la ruta 32, que es gestionada por China.
Es decir, la oportunidad de invertir en obra pública se limita por la falta de voluntad política de los gobiernos por emitir títulos.
Entidades interesadas en obra pública
Al ser consultadas, varias instituciones operadoras de fondos de pensiones, manifestaron interés en invertir en obra pública, siempre y cuando sean alternativas que generen buenos rendimientos.
Así lo confirmaron en la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) en respuesta a una solicitud enviada por este semanario vía correo electrónico, en el cual aseguraron que tienen todo el interés de ampliar las opciones de inversión con las que cuenta, entre ellas, la concesión de obra pública para el desarrollo de infraestructura que necesita el país, como carreteras, aeropuertos, edificios educativos y de salud que contribuyan al país y generen rendimientos suficientes para el pago de las pensiones.
“Esto sería valorando siempre todos los parámetros de riesgos, bajo los más estrictos principios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Esta opción requiere la modificación de la Ley que rige a Jupema para que sea una realidad”, indicó la institución en su respuesta.
De igual forma lo hizo el Instituto Nacional de Seguros, que administra un Fondo de Pensiones de Bomberos (supervisado por Supen), cuya cartera asciende a ¢49.751 millones, a valor de mercado, al 31 de julio del 2020.
Según Luis Fernando Monge, subgerente Financiero de la entidad, la normativa les permite realizar inversiones en obra pública, razón por la cual el INS, de sus recursos propios, podría hacer colocaciones de este tipo, siempre y cuando el negocio tenga un balance adecuado entre riesgo y rendimiento.
Por lo general, las administradoras de fondos de pensiones del país no hacen muchas inversiones en el exterior y aunque en los últimos años se ha incrementado este tipo de operaciones, sigue siendo baja. Esto debido a que existen restricciones legales, como la del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), que solo permite invertir hasta un 25% de sus fondos en emisiones extranjeras.
También pesa que no existe un verdadero proceso de familiarización con los productos financieros que hay en el exterior, un alto riesgo cambiario y, sobre todo, porque los bonos soberanos costarricenses pagan muy bien.
