Un estudio desarrollado por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), calificó como un cártel el proceso de coordinación y el reparto de una Cuota Nacional de Producción entre los ingenios azucareros por la que se pagan precios muy elevados.
Dicho estudio, que se realizó con el apoyo de una consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), analizó el papel que juega la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), ente público no estatal que controla toda la cadena de producción, distribución y comercialización del azúcar en el país, así como determinar si la normativa que ha permitido exonerar al sector de la legislación de competencia.
De acuerdo con el documento, existe una interdependencia entre los actores del sector y las regulaciones a cada producto derivado del azúcar, y que la ley ha permitido una organización cerrada, que implica restricciones y barreras a la competencia efectiva, en los últimos 12 años, el número de productores de azúcar se ha reducido en un 26,4% y existen 11 ingenios en todo el país, mientras que en 2003 había un total de 16, contrayendo aún más la oferta.
“Laica tiene una participación del mercado casi absoluta, lo que implica que los demás actores del mercado no pueden contrarrestar ese poder, ya que no hay agentes económicos independientes del esquema fuera de la importación, y desde hace 36 años que se creó dicho ente, el sector no muestra indicadores posicionados a nivel internacional, sus niveles de productividad son bajos y con precios altos”, señaló la Coprocom.
Todos los productores de caña de azúcar, de azúcar y sus derivados como el etanol tienen que pasar por Laica o por la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) para completar su ciclo productivo.
Deduce el informe que la mayor ineficiencia proviene de la etapa de producción de azúcar en los ingenios, sumado a que los precios son mucho más elevados que los que hay en otros países productores, afectando directamente al consumidor final y a la industria de alimentos, que utiliza el azúcar como insumo.
De hecho, indicó que los precios establecidos en Costa Rica son hasta un 50% más altos que el promedio de precios en el mercado internacional, producto de la poca competencia que hay en el mercado, mientras que las familias con menos recursos son las que más consumen azúcar, por ende, resultan ser las más impactadas por el elevado costo.
Frente a este informe, los importadores levantaron la voz e indicaron que han sido víctimas de ataques, como la imposición de medidas antidumping, salvaguardias y la eliminación de la posibilidad de fortificar el azúcar, desde que intentaron entrar en este negocio en el 2014, “con el fin de favorecer al consumidor y tener una mayor apertura de marcas en el mercado”.
Juan Carlos Sandoval, gerente general de La Maquila Lama, importadora de productos de la canasta básica, manifestó que ya han denunciado en varias ocasiones la situación.
Coprocom hizo una serie de recomendaciones, entre las que destaca la derogación de la ley 7818 que establece las funciones de Laica, eliminar las cuotas de reparto entre ingenios y productores, liberar la comercialización del azúcar a nivel minorista, reducir las barreras al comercio internacional del azúcar, eliminar la prohibición de fortificación y traerse abajo el monopolio de Fanal.
