¿Por qué el Gobierno quiere menos armas y qué argumenta la oposición?

El Ministerio de Seguridad aboga porque se reduzca el número de armas permitidas por persona, pero diputados del PLN, de PUSC y de algunas fracciones minoritarias se oponen.

La intención de reducir el número de armas que se pueden inscribir por persona parecía llegar a buen puerto en septiembre pasado, cuando la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó esa reforma a la Ley de Armas y Explosivos sin problemas. No obstante, una decisión de última hora, este lunes, eliminó la rebaja del expediente 20.509, la iniciativa de ley que se tramita en el Congreso desde septiembre de 2017.

La intención era reducir de tres a una la cantidad de armas que una persona física puede inscribir a su nombre, un deseo que ahora defiende el Ministerio de Seguridad Pública, pero que en aquel en 2017 nació con la firma de los exdiputados Silvia Sánchez, Olivier Jiménez y Ronny Monge, del Partido Liberación Nacional (PLN); Marvin Atencio y Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Jorge Arguedas, del Frente Amplio (FA); y la independiente Carmen Quesada.

Sin embargo, ahora esa idea fue retirada del proyecto de ley que esos diputados habían dejado antes de abandonar sus curules, en buena medida porque varió la posición de los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) —al menos de los tres que se encuentran en la Comisión de Seguridad— en esta nueva legislatura.

Ese cambio fue trascendental en vista de que el foro legislativo de Seguridad es en donde se tramitan los cambios al proyecto de ley en cuestión, y está compuesto apenas por nueve diputados, por lo que la posición de los liberacionistas cobra mayor fuerza.

La Comisión está compuesta específicamente por los diputados Roberto Thompson, Gustavo Viales y David Gourzong, del PLN; los oficialistas Víctor Morales y Enrique Sánchez, del PAC; los independientes Marulin Azofeifa y Harllan Hoepelman, del bloque Nueva República; Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); y la reservista de la Policía, Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional (PIN).

De ellos, los tres liberacionistas, el republicano y la integracionista están en contra del rebajo en el número de armas; mientras que sólo los oficialistas y los independientes deseaban mantenerlo

Así las cosas, la correlación de fuerzas cambió de una forma importante de un pronto a otro, al punto de que fueron los mismos diputados del PLN los que solicitaron revertir la intención de  rebajar el número de armas por cada persona.

¿Cuál es el conflicto?

Actualmente, la Ley de Armas y Explosivos establece en su artículo número 23 que las personas físicas “no podrán inscribir más de tres armas para ser utilizadas en su seguridad personal, la de su familia y su patrimonio”. Esa cifra es la que pretendía reducirse a un arma en la nueva ley, junto con otros cambios en los artículos 7, 20, 39, 41 y 51 para fortalecer algunos controles.

La regulación se planteó de forma no retroactiva, por lo que estaba dispuesto que se aplicara únicamente para las nuevas inscripciones; sin embargo, igualmente disgustó en distintos sectores.

¿Cuáles son las posiciones?

Las posiciones actuales en relación con la reducción en el número de armas están divididas en el campo político, pero al menos se pueden identificar dos principales actores en este momento:

  • Seguridad Pública e impulsores en el Congreso:

La reducción en el número de armas que cada persona puede inscribir es especialmente defendida por el Ministerio de Seguridad, que argumenta la necesidad de tener cada vez menos armas en las calles, para así evitar que pasen al mercado negro y posteriormente a manos de la delincuencia. “El mercado lícito es la principal fuente del mercado negro”, argumentó el ministro Michael Soto en una reciente exposición a los diputados.

El ministro además explicó a los congresistas que en Costa Rica las personas físicas —o civiles— reportan el extravío de unas 800 armas por año; mientras que en 2018 apenas se registraron 11 casos en los que usuarios de armas pudieron utilizar sus dispositivos para defenderse o provocando la muerte de los delincuentes, según los registros del OIJ.

En esa línea, Seguridad asegura que las armas legalmente inscritas entonces más bien terminan agravando problemas como la cantidad de homicidios, una va que pasan a los mercados negros, donde se venden a la delincuencia y terminan utilizándose —en su mayoría— para actividades criminales, incluidos por supuesto los homicidios.

Esta posición la defienden especialmente los diputados del PAC en el Congreso; sin embargo, también contó con el apoyo en la comisión de Seguridad de los independientes del bloque Nueva República.

  • Opositores al cambio

Por el lado contrario, un grupo importante de diputados se oponen al cambio, pues alegan que la legislación estaría “desarmando a la población” en medio del contexto de inseguridad en el país.

Además, diputados como el liberacionista Gustavo Viales aseguran que la tenencia de varias armas es necesaria para poder almacenarlas en distintos lugares; mientras que la integracionista Zoila Rosa Volio argumenta que reducir el número a un arma provocaría posibles casos de indefensión, si la persona la utiliza en defensa propia y se le decomisa por el periodo de la investigación correspondiente.

Este grupo además está conformado por diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), como María Inés Solís; y del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), como Otto Roberto Vargas; quienes también votaron en algún momento por revertir la intención inicial en la comisión de Seguridad.

Además, el diputado del PAC, Enrique Sánchez, afirmó apenas el martes pasado que ha recibido presiones de grupos armamentista y relacionados con el negocio de las armas, los cuales —por obvias razones— no comparten el interés en cambiar de más las normativas vigentes.

¿Y cuál es la situación actual del proyecto?

El proyecto de ley ya se modificó el lunes pasado para retirar la disminución en el número de armas que contenía. Ese cambio se aprobó con el apoyo del PLN, del PUSC y del PRSC; por lo que la única forma de que se revierta ese cambio sería que los diputados de esos partidos echen marcha atrás en su posición ante una nueva propuesta de cambio.

Los diputados aún tienen la oportunidad de presentar nuevas propuestas de modificaciones y los diputados del PAC ya anunciaron que buscarán reintegrar la modificación a la ley vigente; sin embargo, ese panorama parece complicado.

Si el proyecto no recibe las modificaciones en la comisión que tramita el proyecto, la única opción restante será reiterar las propuestas en el Plenario legislativo, a pesar de que allí la conformación es proporcional a la de la comisión, por lo que sería presumible que las cosas seguirían igual.

De cualquier manera, el oficialismo —tanto diputados como la cartera de Seguridad— continúan intentando convencer a los diputados opositores de cambiar su posición.

Además del número de años, los diputados defensores  critican que la moción del PLN cambió algunos controles que proponían establecer como un periodo de tres años de vigencia para las inscripciones y algunas nuevas obligaciones para las empresas de seguridad privada a la hora de justificar la obtención de sus armas; algo que también esperan devolver a la redacción final de la iniciativa.


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