Entrevista con Anabelle Ulate, economista de la UCR

“Por primera vez se plantea con claridad el problema de la evasión fiscal”

En cuanto al debate sobre la usura, afirma que en vez de centrarse en el valor de la tasa se debería obligar a los intermediarios financieros a mantener un “consentimiento informado”con firma del cliente.

La economista Anabelle Ulate, profesora catedrática de la Escuela de Economía de la UCR y experta en finanzas internacionales, analizó con UNIVERSIDAD el paquete de medidas anunciado el lunes anterior por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, ante la Asamblea Legislativa, así como la difícil situación de las finanzas públicas a pesar de la aprobación de la reforma fiscal.

Ulate, quien dirigió el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y el Observatorio del Desarrollo, de la UCR, también respondió a nuestras preguntas acerca de las limitaciones del mercado financiero local, los factores que siguen afectando a la economía del país y sobre la conveniencia o no de establecer una tasa para el ya existente delito de usura.

“El diseño de las normas y políticas que debe tener un país frente a estos cambios es un reto para cualquier democracia. Eso requiere una visión, un clima optimista, liderazgo y un debate pausado. Condiciones que desafortunadamente no veo en estos momentos en el país”, dijo la economista. (Foto: Katya Avarado).

¿Qué opina sobre el paquete de medidas presentado a la Asamblea Legislativa por el Ministro de Hacienda? ¿Es viable?

—Las propuestas del actual Ministro de Hacienda parecen razonables, pero la forma en que se plantea el uso de los superávits da la impresión de que esas instituciones tienen esos recursos ociosos y no se explica cuáles proyectos dejarán de realizar para contribuir con la disminución de la deuda, ni se aclaran las razones que mediaron para escoger esas instituciones y no otras.

Sin embargo, por primera vez se plantea con claridad el problema de la evasión fiscal. De acuerdo con Zucman y otros, en el 2007 la riqueza mundial en los paraísos fiscales representaba el 9,8% del PIB mundial, en América Latina alcanzó el 13% y en países como Guatemala y Nicaragua el 17%. El 28% de la riqueza de estos últimos dos países está en Suiza y el resto en otros paraísos fiscales, principalmente en el Caribe.

Uno esperaría que esta legislatura apoye las propuestas contra la evasión fiscal que en este sentido estaría planteando el actual Ministro de Hacienda y que de esta forma contribuya con la equidad en las obligaciones tributarias, tema que es una deuda pendiente para el fortalecimiento de nuestra democracia.

¿El recurso al endeudamiento en dólares como el mejor medio para bajar el pago por intereses de la deuda, a la vez que mediante la reforma fiscal y la regla fiscal se contiene el crecimiento del gasto corriente, es la solución más conveniente para el problema de las finanzas públicas, dadas las circunstancias?

—La mayoría de los países adolecen de lo que Eichengreen y Hausmann denominaron en 1999 el pecado original, porque no pueden endeudarse en el mercado internacional en su propia moneda, como sí lo hace, por ejemplo, el Reino Unido, Japón, los países de la Unión Monetaria Europea y, por supuesto, Estados Unidos. Lo anterior implica que hay un descalce en el balance general de la economía del país porque el Gobierno se endeuda en dólares, pero solo tiene capacidad para emitir colones. De allí que le sea más caro pedir prestado comparado con un país sin el pecado original.

Pero también significa que le es difícil pedir prestado a largo plazo en su propio mercado doméstico. Si además se toma en cuenta que las tasas de interés en el mercado internacional están muy bajas, por no decir en el piso —mientras que aquí continúan relativamente altas— es una oportunidad endeudarse en el exterior y suavizar el problema del descalce con la acumulación de reservas internacionales, las cuales el Banco Central ya mantiene en alrededor del 13% del PIB.

Pero todo lo anterior depende del desarrollo del mercado financiero local y de la rentabilidad del gasto público que se pretende financiar. Aparentemente, este gobierno busca desacelerar el crecimiento del gasto corriente y acelerar el gasto en inversión pública, lo cual suena razonable. Sin embargo, la forma en que se negoció la desaceleración del gasto corriente y se diseñó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas provocó una disrupción en la institucionalidad y socavó la confianza, entendida no solo como una predicción, sino también como la capacidad de confiar en el otro interlocutor; sean estos los poderes públicos, los gremios, la prensa, las universidades públicas o el sector público. Eso genera un clima adverso en el cual domina la envidia, el insulto, la frustración, la descalificación y la incertidumbre.

“Se socavó la confianza, entendida no solo como una predicción, sino también como la capacidad de confiar en el otro interlocutor, sean estos los poderes públicos, los gremios, la prensa, las universidades públicas o el sector público, generando un clima adverso en el cual domina la envidia, el insulto, la frustración, la descalificación y la incertidumbre”.

Economista Anabelle Ulate.

Ese ambiente, en la medida que se generalizó, contribuyó a desacelerar la economía porque sin proponérselo, logró coordinar decisiones de reducción del gasto privado, tanto de consumo como de inversión. Esa desaceleración agrava el déficit fiscal, así como la carga de la deuda pública.

Lo anterior tiene dos consecuencias negativas: por un lado, afecta la opinión de las agencias calificadoras de riesgo y, por otro, el crecimiento del gasto corriente y eventualmente de la inversión pública, dadas las nuevas disposiciones de la regla fiscal. Es decir, contribuirían a desacelerar la economía. Precisamente acabamos de recibir la noticia de la disminución de la calificación de riesgo de la deuda costarricense. Como se dice popularmente: “tras cuernos, palos”.

Es una ironía, que para Moody’s ahora la deuda tica es más riesgosa que la hondureña y casi tan riesgosa como la nicaragüense. Estas agencias emiten una opinión sin tener responsabilidad en sus consecuencias, porque se aseguran en advertir que es una mera opinión. Pero, para los eventuales acreedores internacionales, esa opinión es relevante y se traduce en un financiamiento más caro para el país por el supuesto mayor riesgo.

Los estudios del Banco Central muestran que el margen de intermediación financiera es demasiado alto, en parte debido a que el mercado financiero costarricense es pequeño y oligopólico. A pesar de esto, ¿qué puede hacerse mediante leyes o regulaciones para hacer bajar estos costos?

—Si se quiere evaluar el resultado de un sistema financiero es importante considerar al menos tres ámbitos: el acceso, la estabilidad y la eficiencia.

De acuerdo con el informe del Banco Mundial sobre el Desarrollo Financiero Global 2019-2020, Costa Rica tiene un porcentaje de intermediación alto comparado con Panamá, México, Colombia o Chile; es decir, es menos eficiente. Pero si consideramos el acceso, medido como la penetración de las instituciones financieras formales entre la población mayor a quince años, Costa Rica es el segundo país después de Brasil con un porcentaje de acceso más alto, superando con creces a México, Panamá, El Salvador, los cuales ostentan los márgenes de intermediación más bajos en América Latina.

Si lo comparamos desde el ámbito de la estabilidad financiera, Costa Rica tiene un nivel de riesgo similar o menor al de los países mencionados anteriormente, medido por el “Z-score” bancario.

Sin duda que para el Banco Central la intermediación financiera es muy importante porque es el medio a través del cual se transmite la política monetaria. Pero también hay que destacar que esta es una economía que utiliza dos monedas, el colón y el dólar y está abierta al mercado internacional, lo cual complica el manejo de esa política monetaria. Si el Banco privilegia la estabilidad del tipo de cambio, la tasa de interés va a variar más y viceversa, si privilegia la estabilidad de la tasa de interés, la variabilidad estará en el tipo de cambio. Y esta variabilidad repercute en la intermediación financiera.

Finalmente, aquí no se ha logrado desarrollar el mercado accionario, lo cual restringe las opciones de financiamiento y el desarrollo de instrumentos financieros.

En el actual debate sobre la necesidad de establecer una tasa a partir de la cual se defina el delito de usura, parece estarse obviando el papel de la responsabilidad individual de las personas que firman contratos de tarjetas de crédito onerosas y luego hacen gastos predominantemente en consumo más que otras necesidades prioritarias. ¿Cómo puede mantenerse el debido equilibrio en este debate?

—Este es un debate centrado en el valor de la tasa de usura y desde mi punto de vista debería estar centrado en el propio funcionamiento del sistema financiero.

Si usamos el ejemplo de Beto te presta, en su página web (https://www.beto.cr/) indica que por un préstamo de ¢3.000.000 usted paga ¢125.700 mensuales por 60 meses. Si a la persona que solicita ese préstamo se le explica que ahorrando ese monto mensual en dos años alcanzaría los ¢3.000.000 de colones, mientras que si adquiere el préstamo va a continuar sacando de su salario los ¢125.700, pero por tres años adicionales, y aun así decide adquirir el préstamo, es porque la urgencia es demasiado grande.

Si se trata de un bien de consumo, le está saliendo carísimo, pero si es por razones de salud, desempleo, pensión alimenticia u otras obligaciones habría que explorar las alternativas que tienen las personas para cubrirse de una mala racha en sus obligaciones financieras. Es decir, ese segmento financiero se aprovecha de la premura de un préstamo privilegiando la información aparentemente positiva y aprovechando la ignorancia financiera o la ausencia de alternativas en el mercado financiero para quienes tienen una urgencia.

Adicionalmente, este tipo de instituciones financieras practican el acoso financiero con el objetivo de “pescar” un ingenuo o ingenua. Por consiguiente, la regulación debería ser muy estricta en la información que recibe la persona. Es decir, se debería obligar a los intermediarios financieros a mantener una especie de “consentimiento informado” firmado por el cliente, en el cual se le expliquen las consecuencias y alternativas de las obligaciones que está por adquirir. Es decir, revelar lo tóxico del contrato y no esconderlo.

Las condiciones macroeconómicas actuales de tasas de interés en cero y de inflación baja no justifican ese nivel de tasas de usura. La regulación debería orientarse hacia su funcionamiento o modus operandi.

Haciendo un balance de lo logrado por los modelos de desarrollo adoptadas por el país y de cara a los retos de la revolución tecnológica actual, del cambio climático y de los cambios que se producen en los mercados internacionales ¿qué debe preservar y qué debe cambiar el país?

—Este es un momento difícil para las democracias porque esa revolución tecnológica ha cambiado la forma de hacer negocios y ha hecho más difícil la generación de ingresos tributarios y por ende el financiamiento de esa institucionalidad democrática.

Por ejemplo, ese cambio tecnológico ha permitido la integración de los servicios al mercado internacional, pero, a diferencia de los bienes, éstos no pasan por aduana ni necesariamente requieren un proveedor local. En el mercado laboral hay destrezas que son aprovechadas desde el exterior sin que necesariamente la persona tenga que emigrar o pedir un permiso de trabajo, lo cual redefine las relaciones entre el patrono y el trabajador, sus derechos laborales y sus obligaciones tributarias.

Es decir, el diseño de las normas y políticas que debe tener un país frente a estos cambios es un reto para cualquier democracia. Eso requiere una visión, un clima optimista, liderazgo y un debate pausado. Condiciones que desafortunadamente no veo en estos momentos en el país.

Existe un movimiento en el pensamiento económico y empresarial actual para abandonar la visión más “dura” que privilegia el autointerés de los accionistas de las empresas y para atender también los intereses de la gente que, finalmente, constituyen sus mercados. ¿Será esto una moda pasajera, producto de la necesidad de la mala coyuntura económica o cree usted en la posibilidad de establecer ciertas reglas mínimas de juego que neutralicen los extremos?

—Precisamente, la revista The Economist señaló, a inicios de noviembre anterior, la preocupación de algunos empresarios multimillonarios de no reconocer las consecuencias que sus negocios tienen sobre la sociedad, y asimismo cuestionan la educación que reciben los estudiantes en las escuelas de negocios, las cuales en su formación privilegian las ganancias sobre el bien común.

Habrá que ver cuánto se va a generalizar esa tendencia, aunque el mismo artículo menciona que las escuelas de negocios más prestigiosas están introduciendo cambios en sus programas curriculares, siguiendo esa misma línea.

El malestar, la frustración, la envidia, la sociedad mosaico y no crisol eventualmente se manifiestan y repercuten en el propio desempeño de los negocios. Creo que la experiencia local e internacional es más que evidente.

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