Aproximadamente seis mujeres en promedio (5,7) solicitan por hora medidas legales de protección ante situaciones de violencia Este dato proviene de un cálculo de las cifras que el Examen Periódico Universal Costa Rica de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres revela con corte hasta abril 2024.
Según el informe, 136 mujeres por día se ven obligadas a acudir a instancias judiciales para solicitar medidas legales de protección ante la violencia, lo que significa que al año ingresan 62 mil solicitudes en los tribunales de justicia. Esta información fue dada a conocer en un comunicado de la Universidad Nacional (UNA), que realizó un análisis de la mano de Larissa Arroyo, abogada especialista en derechos humanos y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM).
“Pensemos en esos 136 casos diarios y lo que puede significar a nivel institucional. Porque entonces voy a necesitar a una policía y a un Poder Judicial, capacitados. Por eso es por lo que, para mí, es muy importante que no solo hablemos de las medidas cautelares, pues no es así como vamos a llegar a las verdaderas causas”, comentó Arroyo.
Para la especialista, son insuficientes las acciones que toma el Estado para resguardar la seguridad de las víctimas, debido a que no está solo en la obligación de responder ante la denuncia, sino que debe realizar un seguimiento de los casos denunciados. No obstante, para la abogada es necesario dar abordajes de acuerdo con la magnitud de cada denuncia en particular, para así poder brindar acompañamiento psicológico, laboral, de educación, y de vivienda y dar una mejor respuesta.
Enfatizó que desde el punto de vista institucional estas denuncias se deben atender por personas que cuenten con una capacitación con perspectiva de género. También recomienda que las víctimas, cuando tengan la posibilidad de hacerlo, se planteen un plan previo acorde con las circunstancias que experimente la persona denunciante.
“… Porque no es lo mismo si ella convive con la persona o no, si depende económicamente de él, si tienen hijos o si padece alguna enfermedad. Todas estas variables hay que considerarlas”
No obstante, a su vez reconoce que hay personas afectadas que carecen de posibilidades de plantear un plan previo porque el acto de violencia se realiza de forma intempestiva, ante lo cual recomienda llamar de forma inmediata al 911, ya que cuenta con personal capacitado para trasladar a la víctima a un lugar seguro.
Otro aspecto que demandan las mujeres víctimas de violencia es tener la asistencia jurídica garantizada por el estado cuando no se disponga de recursos económicos para realizar los procedimientos en materia penal, civil y administrativa. Esta afirmación la sustenta ella porque así lo recomendó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su octavo informe del Estado Costarricense. Además, citó la nueva reforma de la ley 10.347 de creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), que promueve la realización de convenios interinstitucionales para el desarrollo y financiamiento de programas de servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y patrocinio legal gratuito a mujeres en el marco de procesos judiciales relacionados con la Ley 8.589 de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.
Arroyo recordó que en la Asamblea Legislativa está en discusión el proyecto de ley 24.303, que busca crear un régimen de reparación integral para familiares y dependientes que han sobrevivido a un femicidio y que garantiza asistencia médica, psicológica y representación jurídica.
La especialista está convencida de que es necesario que el país reconozca que la violencia afecta a las mujeres de forma distinta, ya sea una mujer indígena, migrante, afrocostarricense, transexual o una mujer con discapacidad, por lo que pidió que se avanzara en el país con estrategias que logren reconocer estas diferencias.
