La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) dio a conocer que la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, envió una nota al Estado Costarricense en que pide explicaciones por el deterioro de la independencia del Poder Judicial.
Se trata de un documento con fecha del 4 de diciembre, en que se requiere “la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que he recibido en relación con presuntas interferencias con la independencia del Poder Judicial de Costa Rica a raíz de una serie de medidas legislativas, de políticas de gobierno judicial, y de un hostigamiento por parte del Poder Ejecutivo”.
Añade que “dichos ataques se estarían dando en un contexto de incremento en la inseguridad ciudadana, presuntamente producto del crimen organizado, junto con un preocupante aumento en los homicidios; las acciones descritas estarían afectando a quienes les corresponde resolver casos de corrupción y crimen organizado”.
La información divulgada por la Acojud destaca que la intervención de la Relatora Especial en el caso de Costa Rica “no es un hecho menor”, pues evidencia que la situación del Poder Judicial costarricense en los últimos años “ha alcanzado niveles de preocupación internacional y que las acciones tomadas por otros poderes del Estado pueden estar vulnerando garantías fundamentales reconocidas a nivel global”.
La misiva “refleja una serie de denuncias que Acojud ha señalado previamente y que fueron transmitidas a la relatoría como nos comprometimos en octubre del 2023 y le reiteramos en setiembre 2024, tales como reformas legislativas regresivas, restricciones presupuestarias que afectan la operatividad judicial, incremento de ataques directos a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo”. El documento enviado por la Relatora ofrece observaciones sobre cuatro elementos concretos.
Menciona en primer lugar las reformas al Régimen de Pensiones del Poder Judicial, que datan de 2017 y sobre las que se señala que “habría afectado las condiciones jubilatorias de los jueces y juezas, fiscales, defensores y defensoras públicos y policía judicial. La reforma habría creado un esquema desigual en relación a otros sistemas de jubilación nacionales para el Poder Judicial”.
De seguido se refiere a la draconiana Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, legislación que al decir de Acojud “ha impuesto recortes salariales y afectado la estabilidad laboral, permitiendo traslados sin consulta previa y limitando el presupuesto judicial, lo que compromete áreas críticas como la lucha contra el crimen organizado”.
También se menciona que la Ley 10159 Marco de Empleo Público de 2022 otorga al Poder Ejecutivo “facultades que podrían interferir en la administración del Poder Judicial, afectando su autonomía y funcionamiento independiente”.
Del documento enviado por la Relatora Satterthwaite se extrae además que se recibió información que describe que “desde mayo 2022, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, habría generado una creciente tensión y persecución hacia el Poder Judicial y socavado la independencia judicial mediante ataques verbales a la judicatura y cuestionamientos infundados sobre la imparcialidad del sistema judicial, acompañados de etiquetado e insinuaciones, especialmente en ocasiones en que no está de acuerdo con las decisiones o sentencias emitidas”.
Se añade que “estas declaraciones públicas, mediante conferencias de prensa semanales, estarían contribuyendo a un entorno de confrontación y desconfianza, afectado negativamente la estabilidad de la justicia”.
Así, entre otras cosas esa Relatoría solicita “indicar las medidas adoptadas para garantizar que los nombramientos para el Poder Judicial en cuestión cumplan con las normas internacionales”, en particular se menciona el cumplimiento con las obligaciones emanadas del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre la igualdad de todas las personas ante la justicia, y el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.
De igual manera se solicita “indicar las medidas adoptadas para garantizar la independencia de los jueces en el país, de conformidad con los Principios Básicos de Independencia de la Judicatura”, así como las puestas en marcha para “garantizar que los jueces puedan llevar a cabo su trabajo legitimo en un entorno seguro y propicio sin temor a amenazas o actos de intimidación y acoso”.
Desde Acojud se apuntó que esa Asociación “reitera su compromiso con la defensa de la independencia judicial y se mantendrá vigilante ante cualquier situación que pueda afectarla”.
