La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que fiscalizó las elecciones celebradas el pasado 6 de febrero dijo es necesario romper con la dependencia al sistema bancario en el sistema de financiamiento de campañas políticas de Costa Rica. Esta es la cuarta ocasión en la que el organismo lo señala también lo hizo durante las elecciones de 2020, 2018, 2016 y 2014.
“La mayoría de las personas entrevistadas por la Misión, incluidos los representantes de partidos políticos, señalaron como inequitativo y problemático el esquema de financiamiento de campañas. Entre otros asuntos, resaltaron que está basado en una relación de dependencia poco saludable entre los partidos, el sistema bancario y las empresas encuestadoras” concluye en su informe preliminar.
La banca privada financió por medio de crédito a seis partidos políticos y finalmente cuatro de los seis partidos que lograron representación en el próximo congreso fueron financiados por BCT y Promerica, por medio de fideicomisos intermediados por COFIN S.A., y en todos los casos fue su principal fuente de financiamiento.
Bancos cobrarán 11% de interés a seis partidos, reciban o no deuda política
Los préstamos por fideicomisos son la principal fuente de ingreso para los partidos políticos que los bancos deciden financiar; fueron autorizados a financiar hasta ¢8.800 millones en contratos donde se condiciona el pago adelantado de 18 meses de intereses.
Esta forma de financiamiento, en la que se pone como garantía los certificados de cesión o bonos de deuda política, ha sido ampliamente criticada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Programa Estado de la Nación y el Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) por profundizar la desigualdad entre propuestas o partidos políticos al favorecer a las agrupaciones con mejor desempeño en las encuestas.
Según el último Informe del Estado de la Nación, el 53% de los ingresos de las agrupaciones políticas provienen de préstamos, las donaciones bajaron un 13% y los ingresos propios se fijan en un 34%.
Los altos niveles de endeudamiento de los partidos políticos se debe principalmente a que tienen poco acceso a financiamiento anticipado durante el pico de la campaña electoral: de los ¢19.970 millones destinados a deuda política, solamente ¢2.950 se reparte como financiamiento anticipado entre los partidos que tienen patrimonio o garantías por el mismo valor.
También la caída en donaciones y la negativa de los bancos públicos a financiar campañas hace que los partidos dependan cada vez más del financiamiento de los bancos privados.
En su lugar, la Misión recomienda implementar modalidades de financiamiento público directo e indirecto, como la implementación de las franjas electorales en los medios de comunicación.
Las franjas electorales son un mecanismo que establece espacios gratuitos a los partidos políticos en los medio de comunicación o espacios pagados por la autoridad electoral, en este caso el TSE, para asegurar una exposición equitativa a las propuestas que se discuten en una contienda electoral.
La publicidad es una de las partidas de gastos más importantes en los reportes de los partidos políticos: en las actuales elecciones, y hasta el 28 de enero, los partidos gastaron alrededor de ¢1.574 millones en publicidad en televisión abierta, radio, cable, periódicos y publicidad regional, según datos provistos por Kantar Ibope Media.
En América Latina, solamente en Costa Rica y Honduras no existen espacios gratuitos en los medios para que los partidos puedan anunciarse de forma igualitaria y TSE lo atribuye a la falta de voluntad política de los partidos con representación y a la oposición de los medios de comunicación.
Por ejemplo, la Cámara Nacional de Radio (CANARA) se opone a la implementación de las franjas electorales e incluso pidió que se sancionada a un funcionario del TSE que defendió la propuesta en el 2013, cuando por primera vez ingresó a corriente legislativa el proyecto de ley propuesto por el Tribunal.
