Este jueves cuatro sindicatos integrantes de la denominada Alianza Sindical del Poder Judicial presentaron una querella contra una magistrada de la Sala II, a quien no identificaron, por “difamación de persona jurídica”.
Se trata del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud), la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), el Sindicato de la Defensa Pública (Sindepu) y el Sindicato de Profesionales y Técnicos en Contaduría, Finanzas y Afines del Poder Judicial (Asprotecofi).
Luis Bonilla, abogado que figura como director de la querella para las cuatro organizaciones y además es afiliado a ANIC, en una conferencia de prensa posterior a la presentación de la querella dijo que la medida se debe a que durante una sesión de Corte Plena, la Magistrada en cuestión “expresó algunas frases mendaces y ofensivas en contra de los personeros” de esos sindicatos.
“Dentro de estas frases -especificó- se tachó a los sindicalistas como “guerrilleros” y manifestó que tales gremios son “una organización para delinquir”. Esos son solo dos de los puntos principales que conforman la querella”.
Bonilla dijo que “no podemos por ley brindar detalles exactos de qué fue lo que se formuló en la querella”, pero sí los antecedentes de que las citadas expresiones de la Magistrada se dieron en el contexto de las sesiones de Corte Plena de los días 15 y 22 de noviembre, cuando se discutía la posible reelección del representante de los trabajadores ante el Consejo Superior del Poder Judicial.
“Muchos sindicatos, entre esos los que conforman la Alianza Sindical del Poder Judicial, se oponían a la reelección de este nombramiento, y esta señora Magistrada que hoy hemos querellado estaba a favor”, recordó.
El abogado detalló que el delito denominado difamación de persona jurídica, se encuentra “contemplado, previsto y sancionado” en el artículo 153 del Código Penal.
Además, aclaró que no se trata de un delito que conlleve pena de prisión, “ni siquiera se presentó con esta querella una acción civil porque no interesa recibir dinero”. “Lo que interesa -dijo- es que haya una retractación por parte de la señora Magistrada y que ésta se publique por lo menos en dos medios de circulación nacional”.
Por otra parte Hugo Solís, del Sindepu, consideró las aseveraciones hechas por la Magistrada como “un hecho sin precedente y queremos marcarlo, precisamente esa es la finalidad de la querella”.
“Lo que queremos es que se reivindique la confianza, el crédito en el trabajo que hemos realizado en pro de los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, no podemos permitir que independientemente de quién provengan este tipo de aseveraciones, vengan a desacreditar o a eliminar la confianza en el trabajo que los gremios realizamos, no solo nosotros, sino todos los que forman el conglomerado del Poder Judicial”, añadió el defensor público.
Enjambre político
Luis Bonilla explicó además que la presentación de la querella es “el primer paso”. Ahora corresponderá a la Corte Plena decidir si admite la querella y, de ser así, por tratarse de una persona integrante de los supremos poderes lo que corresponde es llevar a cabo un proceso de desafuero, “porque ella tiene un fuero que impide que sea procesada penalmente”.
En ese momento es cuando todo se tiñe de complejidad política, pues ese proceso de desafuero tendría lugar en la Asamblea Legislativa, “o sea va a haber de por medio una decisión política para determinar si este proceso penal procede o no”.
Consultado por UNIVERSIDAD, detalló además que si en el Poder Legislativo en efecto se decide levantar el fuero de la Magistrada, corresponderá a un magistrado de la Sala III instruir el asunto para que vaya a juicio en ese tribunal. “Pase lo que pase, en alzada resolvería Corte Plena”, añadió.
Tras insistir en que lo dicho por la Magistrada “no constituye una ofensa sólo contra una persona o algunas, sino contra el movimiento sindical del Poder Judicial”, Bonilla recordó que los sindicatos del Poder Judicial actúan “no solo en pro de derechos de los trabajadores afiliados, sino en busca de objetivos mas importantes a nivel nacional, como la independencia de poderes”.
También citó la lucha contra la Ley de Empleo Público, “ que afecta a todos los trabajadores públicos del país, no solo del Poder Judicial”. Destacó también la lucha que estas organizaciones hacen contra la corrupción, y dijo que en el caso del Cementazo “varios magistrados de Sala III tuvieron que renunciar y uno -Celso Gamboa- fue destituido, por denuncias presentadas por los los sindicatos del Poder Judicial”.
Gremios del Poder Judicial pidieron investigación contra magistrada por aseveraciones en Corte Plena
