Instituto de las Mujeres ha migrado cada vez más a brindar servicios para mitigar problemas sociales y violencia en los hogares.
Romper con las barreras de la desigualdad de género, la violencia y la falta de acceso para las mujeres en muchos ámbitos de la sociedad pasa por resolver problemas como la pobreza, la corresponsabilidad en el cuido de las familias, el establecimiento de políticas nacionales efectivas, pero sobre el empoderamiento económico y social.
Pero lo más importante es lograr prevenir que las mujeres caigan en situaciones de violencia. Es por ello que las acciones nacionales de los últimos años se han enfocado en migrar cada vez más a brindar servicios de atención y desarrollo de las mujeres.
En Costa Rica, aunque no han subido las tasas de violencia, lo cierto es que tampoco se han podido reducir, pues en el año 2016 se presentaron 26 femicidios y para noviembre de 2017 ya van 25.
Aunada a esta situación, una encuesta de la Universidad de Costa Rica evidenció que el 61% de las mujeres han sido víctimas de acoso callejero, mientras que la cantidad de hombres es de 32%.
Además, durante el período 2012 y 2016 la Fuerza Pública tramitó 54.424 informes policiales por denuncias relacionadas con violencia doméstica y se tramitaron alrededor de 100 solicitudes de medidas de protección anuales por cada 10.000 habitantes.
Lo más preocupante es que el 92,5% de los casos de violencia hacia las mujeres y abuso sexual ocurre en los hogares y un total de 1.224 funcionarias públicas fueron víctimas de hostigamiento sexual.
Estos números demuestran que es urgente trabajar no solo en la atención de los casos, sino en prevenir que continúen dándose, a partir de la generación de estrategias nacionales, trabajando con las nuevas generaciones, empoderando a las mujeres y creando oportunidades de empleo.
Así lo confirmó la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Alejandra Mora, en entrevista con UNIVERSIDAD, quien explicó que durante esta administración se han orientado las fuerzas a ser más eficientes en las dos rectorías que tiene la entidad: la transversalidad de género y la atención de la violencia.
¿Cuál ha sido el enfoque de trabajo en materia de género durante estos cuatro años?
-Hemos hecho un gran esfuerzo por migrar cada vez más a los servicios. Tenemos servicios relacionados con violencia y reducción de la pobreza, con los cuales hemos pasado de atender 1.600 mujeres por año a 10.000 por año.
A través de talleres se brinda formación en salud sexual y reproductiva, violencia y cómo desarrollar su propio proyecto de vida, porque en el caso de las mujeres no se trata solo de mejorar sus ingresos, aunque sí pasa por este tema, sino que la pobreza es multidimensional, muchas no trabajan porque cuidan a las personas en el hogar, lo cual está muy ligado a la salud reproductiva, el empoderamiento y las relaciones de poder en las que aprendieron a ubicarse.
Si se atiende de forma integral a la mujer es posible que escoja la ruta de su proyecto de vida, que se la crea, eso les cambia todo.
Contamos con un estudio realizado a 6.000 mujeres que demostró que el 53% tuvo un embarazo antes de los 18 años y si queremos entender la pobreza debemos saber que está ligada a las maternidades tempranas y a la ausencia de información, que les resta control de escoger lo que quieren de sus vidas.
El tema del empoderamiento económico también incide, no es lo mismo tener un centavo en la bolsa y creer que se puede hacer algo productivo con él, que tenerlo y estar segura que no podrá salir adelante con esos recursos. Se trata de creérsela.
¿Qué programas estrella han desarrollado en este período?
-Además de los talleres, hemos impulsado un programa en empoderamiento económico de las mujeres, que tiene un efecto dominó sobre otras iniciativas. Una mujer empoderada puede terminar una relación abusiva, porque tiene garantizada su comida y la de sus familias, puede negociar sus relaciones sexuales y las actividades que quiere llevar a cabo.
En esta misma línea, impulsamos el fondo Fomujeres, que es una transferencia económica para los emprendedurismos y que se otorgan a través de un concurso público, pero no es un subsidio, sino un apoyo para que logren sacar sus negocios adelante. En emprendedurismo hemos entregado entre 2014-2016 un total de ¢4.217 millones, y se está aprobando otro presupuesto para entregarlo en días próximos.
También está el programa Emprende, que da acompañamiento y asistencia técnica, para que logren dar valor agregado a sus productos y servicios, además que sepan de cómo manejar financieramente su negocio.
Hay una iniciativa tecnológica en alianza con Facebook para enseñar a las mujeres a hacer publicidad en redes sociales para vender sus productos y otro en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Cepal y la ONU para la inclusión financiera, en el que se impulsa al sector bancario para cambiar la forma en que se valoran los avales de riesgo de las mujeres emprendedoras.
En cuanto a la atención de la violencia, ¿qué temas están trabajando?
-Sobre los datos de violencia aún hay mucho por trabajar, en los diagnósticos hemos determinado que los factores de riesgo son tener la secundaria incompleta, matrimonios o uniones antes de los 18 años, uniones en el marco de relaciones impropias, lo que todavía presenta un problema cultural, y es que la gente sigue pensando que al unirse con gente adulta tienen resuelta su vida, lo cual es falso.
Estamos trabajando con las mujeres jóvenes, porque dos de las mujeres que murieron el año pasado y dos este año por femicidio eran chicas, tenemos que apostar por cambiar el chip de la nueva generación.
¿Cómo se ha venido trabajando el tema de las relaciones impropias?
-La ley vino a resolver varias cosas, la primera que no se pueden casar siendo menores de edad, hasta hace un año era posible que jóvenes entre 15 y 18 años se casaran, no podían votar, no podían manejar, pero sí unirse en matrimonio; esta legislación elimina la capacidad de voluntariedad de las personas menores. Además, se coloca la responsabilidad sobre la persona adulta al tener relaciones con menores de edad (5 años menos) y es penado.
Consideramos que esta ley incidirá en cierta medida retrasar los embarazos tempranos.
El tema de la educación sexual en las escuelas ha causado mucha discusión social. ¿Qué rol debería jugar el sistema educativo en la formación sexual de los jóvenes?
-Las niñas en pobreza tienen 2,5 veces más probabilidades de casarse en la infancia y quedar embarazadas, la pobreza sí está relacionada con relaciones impropias, abusos y violencia. La educación sexual es un derecho humano y, como tal, debe estar basado en un concepto de universalidad, los jóvenes deben tener los instrumentos para tomar decisiones conscientes.
Por eso son tan importantes los programas de asertividad sexual que pone a disposición de las personas jóvenes la información para relaciones afectivas, el respeto, la igualdad, hace que entiendan los niveles de responsabilidad en cada paso que dan en sus vidas. Entonces se cumple un ciclo, el empoderamiento económico, físico y sexual.
Con la educación sexual reivindicamos la igualdad, con esto no destruimos familias, sino que los protegemos de estereotipos, por ello considero que hay una campaña profunda e irracional de desinformación alrededor del tema.
Reducir incidencia de violencia
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado, a través de diversos informes, que hay una serie de factores que inciden en reducir los riesgos de que las mujeres sufran o permanezcan en relaciones de violencia, entre ellos:
- Educación secundaria completa.
- Retardar la edad de los matrimonios hasta los 18 años.
- Garantizar la autonomía económica y el acceso al entrenamiento de sus capacidades.
- Acceso a crédito y empleo.
- Normas sociales que promuevan la equidad de género.
- Servicios judiciales, de seguridad, protección, de salud y sociales que articulen respuestas de calidad con personal capacitado y el entrenamiento adecuado.
- Disponibilidad de espacios seguros, refugios y grupos de ayuda.
Estadísticas con identidad femenina
En 9 meses se han recibido 215 denuncias por relaciones impropias.
Niñas pobres tienen 2,5 veces mayor probabilidad de casarse en su infancia.
El 45% de las mujeres se ubican en la Población Económicamente Activa (PEA).
En 2017 se han contabilizado 25 femicidios.
El 92,5% de los casos de violencia ocurren en el hogar.
Se tramitan 100 solicitudes de medidas de protección al año por cada 10 mil habitantes.
En 2016: 923 alumnas menores de edad del sistema educativo público quedaron embarazadas.