Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República en el Ministerio de Seguridad Pública concluyó que es necesaria una atención más oportuna de los incidentes de emergencia en los cuales está en peligro la integridad física de las personas o sus bienes.
El estudio se realizó para medir la eficacia y la eficiencia en la atención de incidentes de emergencia que brinda el MSP, evaluando además si dicha gestión promueve el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible referentes a «Igualdad de Género» (5) y «Paz, justicia e instituciones sólidas» (16). El documento concluye que las acciones del MSP no propician el alcance de estas metas.
El primer fallo identificado es que la Dirección General de la Fuerza Pública no tiene definidos objetivos operativos que permitan la atención oportuna y efectiva de los incidentes de emergencia para seguridad ciudadana que le traslada el Sistema de Emergencias 911, según lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023.
Así, se determinó que el tiempo promedio que tardan las autoridades en llegar al sitio del incidente, contando desde el momento en que el 911 les comunica el incidente es de 38:15 minutos. En comparación, México tiene un tiempo de respuesta de 9 minutos y el Departamento de Policía de Nueva York, 7 minutos.
Además, agruparon las delegaciones policiales de acuerdo con datos demográficos de las regiones y encontraron diferencias en el tiempo de respuesta de más de 8 minutos. El grupo de delegaciones con menor tiempo responde en promedio en 8:29 minutos, mientras el grupo de delegaciones con mayor tiempo, en 16:56 minutos.
La CGR considera que estos largos tiempos de atención son «incongruentes con las responsabilidades del MSP, para dar una atención inmediata y eficiente de los incidentes de emergencia». Añaden que tampoco se ajustan «a los principios de eficiencia, eficacia y trato igualitario» para las personas destinatarias del servicio público.
Adicionalmente se identificaron debilidades en la cadena de custodia de evidencia y en la manipulación, empaque y entrega de objetos recabados por los oficiales de la Fuerza Pública, lo que puede poner en riesgo la integridad de elementos que pueden constituir prueba en procesos judiciales. Defectos en el embalaje, entrega de objetos sin rotular, descripción insuficiente o no congruente con el objeto, daño de objetos durante el traslado y cadenas de custodia inconsistentes, incompletas, y/o con errores procedimentales ponen en riesgo el proceso judicial y por tanto, el acceso a la justicia para las víctimas.
También determinaron debilidades en los informes policiales que realizan oficiales de la Fuerza Pública, que sirven para los cuales son utilizados para comunicar y trasladar pruebas a las autoridades judiciales. De 149 informes policiales en 66 delegaciones, el estudio encontró 48 carecen de características relevantes como: concisión, precisión, coherencia, estilo impersonal, objetividad, imparcialidad y confiabilidad. Adicionalmente, 94 de los 149 informes, «no se apegan a la estructura definida por el MSP», indica el documento.
El estudio concluye así que deben tomarse acciones para que la atención de las emergencias mejore sustancialmente y por ello dispone que Michael Soto, Ministro de Seguridad Pública y Daniel Calderón, Director General de la Fuerza Pública, deben «establecer objetivos, metas e indicadores de desempeño, para impulsar y evaluar el servicio de atención de incidentes de emergencia para la seguridad ciudadana; y girar instrucciones para que se designen y establezcan controles, para que los funcionarios a cargo de la gestión de ese servicio, tengan la formación requerida», así como asegurar a través de la formación continua el mejoramiento de las cadenas de custodia de evidencia y la redacción de informes policiales.
