Las vacaciones del presidente Carlos Alvarado, durante el fin de semana pasado, se unen a una lista de polémicos vuelos que han tenido como protagonistas a los mandatarios de las dos pasadas administraciones: Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís.
Alvarado se trasladó con su familia a Nandayure, en Guanacaste, en un helicóptero privado que, según Casa Presidencial, fue pagado entre el jerarca y su ministro de Enlace con el Sector Privado, André Garnier.
Este viaje, y los posteriores cuestionamientos, hicieron que la Fiscalía General de la República abriera una investigación de oficio, para determinar si existió enriquecimiento ilícito o alguna otra actividad delictiva en la que se viera involucrado el jerarca.
Laura Chinchilla y el “narcoavión”
En el 2013, la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla, utilizó en dos ocasiones un avión privado cuyo dueño estaba siendo investigado por una supuesta relación con el narcotráfico.
Gabriel Morales Fallón, dueño de la aeronave, había sido relacionado con un narcotraficante colombiano que fue extraditado desde Brasil a Estados Unidos en el 2008.
En apariencia, Morales se presentó ante el gabinete de Chinchilla con el nombre de Gabriel O’Falan, y estos no investigaron su origen, por lo cual avalaron dos viajes de la jerarca en la aeronave.
La presidenta usó el avión del empresario por primera vez para viajar al funeral del exmandatario venelozano Hugo Chávez. Un mes después, la misma nave la llevó a Perú, donde se celebraba la boda del hijo de su vicepresidente, Luis Liberman. A este segundo destino la acompañó su esposo, José María Rico, la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, y el ministro de Comunicación, Francisco Chacón.
Precisamente Chacón, al hacerse pública la información sobre el origen del vuelo, presentó su renuncia, asumiendo la culpa de la relación con el empresario
colombiano. El exministro argumentó que fue engañado por Morales y que falló al creer en su palabra, sin revisar sus antecedentes.
Por el mismo caso también renunció el viceministro de la Presidencia y director de la
Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mauricio Boraschi, así como Irene Pacheco, la entonces asistente personal de Laura Chinchilla.
La mandataria negó cualquier conocimiento de la situación y aseguró que fue responsabilidad de sus ministros y su ayudante la organización de los viajes. Pese a esto, la Fiscalía General de la República abrió una investigación, para determinar si se trató de negligencia o si alguno de los involucrados tenía contacto directo con una red criminal internacional.
Sin embargo, el 18 de octubre del 2013, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia desestimó la causa porque, según la Fiscalía, las conductas investigadas no constituyeron una acción delictiva. Dicha resolución fue ratificada por la Corte Plena en junio del 2014.
Luis Guillermo Solís y el “aventón” en San Ramón
En noviembre de 2014, el entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, utilizó un helicóptero de la Fuerza Pública para dejar a su asistente, Verónica Fernández, en San Rafael de San Ramón, luego de que ambos regresaban de una gira presidencial.
El mandatario viajó desde base 2, en el aeropuerto Juan Santamaría, hacia Pilas de Canjel, en la península de Nicoya, para la inauguración de tres puentes. Junto a él se desplazaron Fernández y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini.
Al regreso hacia San José, el helicóptero descendió “por tres minutos”, según palabras de Solís, en la plaza de fútbol de San Rafael de San Ramón, para que su asistente se dirigiera a su casa y pudiera realizar unos trabajos encomendados para el lunes siguiente. Posteriormente, el helicóptero continuó su viaje hasta el Juan Santamaría.
“¿Qué abuso hay? Ninguno. No me desvié desde Limón ni di un aventón indebido a nadie para que llegara a su casa brincándose las filas de fin de semana. No lo hice a escondidas, con personajes que no fueran funcionarios públicos, y tampoco lo hice con otro propósito que no fuera tener a mano documentos importantes para mis funciones como presidente de la República”, dijo Solís en un video, en marzo del 2015.
El hecho fue criticado por las personas diputadas del momento; sin embargo, no se realizaron investigaciones.
Carlos Alvarado y el viaje a Guanacaste
El más reciente incidente lo protagonizó el actual presidente Carlos Alvarado, quien se desplazó a Guanacaste para vacacionar con su familia en un helicóptero junto con su ministro André Garnier.
Según Casa Presidencial “de ida y regreso viajó en helicóptero, por la distancia hasta Nandayure y el emplazamiento del hotel, en una logística que fue organizada por don André Garnier pero cubierta a partes iguales”.
Presidencia agregó que el vuelo costó $1.860 por tres horas, pero Alvarado tuvo que cancelar únicamente $930, debido a la división con Garnier.
“Carlos, te adjunto la cuenta del reintegro del vuelo del viernes, según acordamos. Te agradezco me deposités el 50% ó sea (sic) $1860/2=$930.00 a mi cuenta personal que te adjunto”, se indica en un correo electrónico del ministro hacia el mandatario.
El Presidente habría salido desde San José en una aeronave que es propiedad de la empresa Servuss, S.A. El ministro André Garnier participa de Servuss con un poder, aunque no forma parte de su directiva ni es su representante legal.
Ante estos hechos, la Fiscalía General de la República, abrió una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El fin de la investigación es “determinar si existió o no alguna conducta delictiva”, según el Ministerio Público.
El caso se tramita bajo el expediente 20-000044-0033-PE, pero debido a que está en una etapa que es privada, no es posible dar más detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, según informó el Ministerio Público.
La Procuraduría General de la República también formará parte del proceso, en condición de afectada.
“El apersonamiento en condición de víctima le permite a la Procuraduría de la Ética Pública participar en la investigación penal aportando pruebas y ejerciendo las acciones civiles que correspondan para reclamar los daños y perjuicios que se estimen pertinentes, en caso de que se configure un delito contra los Deberes de la Función Pública”, explicó mediante un comunicado de prensa.
