País

Polémica ronda celebración de parques nacionales

Mientras el gobierno festeja nuevas posibilidades de inversión en las áreas protegidas, ecologistas critican “proyectos, acciones y leyes que debilitan y destruyen” el patrimonio natural.

En el marco de la celebración del Día de Parques Nacionales, autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) anunciaron la firma de un convenio que permitirá mayor inversión en la infraestructura de las áreas silvestres protegidas (ASP).

Según la información oficial, se abre la posibilidad de destinar hasta $1 millón anual al “fortalecimiento de infraestructura, equipamiento, servicios y fortalecimiento de las capacidades turísticas” de las ASP.

La celebración se realizó en Puerto Jiménez y durante el acto oficial el presidente Luis Guillermo Solís destacó entre otras cosas la ejecución del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo BID-Turismo, que según dijo ha significado “inversiones por $25 millones en parques nacionales, para mejorar infraestructura en beneficio de los guardaparques, para mejorar infraestructura en beneficio de los visitantes”.

En el evento participaron los ministros de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez; de Turismo, Mauricio Ventura, y la Viceministra de Seguridad Pública María Fullmen, pues además se firmó otro convenio entre el Minae y el Ministerio de Seguridad Pública.

Esa alianza permitirá la ubicación de puestos policiales en instalaciones administradas por el Sinac, con el fin de emprender vigilancia y resguardo de las ASP, de turistas y funcionarios del SINAC. Este convenio tiene una duración de cinco años con posibilidad de renovación.

Por otra parte, en el acto se concedió un reconocimiento al agricultor y ambientalista Alcides Parajeles, de Pavoncito de Sierpe. Si bien el gobierno destacó su papel en la conservación de unas 600 hectáreas importantes para la sobrevivencia del bosque y de felinos, la información oficial omitió el hecho de que en varias oportunidades ese trabajo ha significado para don Alcides enfrentar actos de violencia y amenazas de muerte.

“GRAVE CRISIS”

A pesar de los vítores del presidente Solís y demás funcionarios de gobierno, desde el ambientalismo el Día Nacional de Parques Nacionales fue recibido con preocupación.

Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica y profesor del programa Kioscos Socio Ambientales de la UCR, señalo a través de un comunicado que en los últimos años esta efeméride se ha convertido en “interminables listas de amenazas y hechos que evidencian que el sistema de conservación atraviesa una grave crisis, que dejó de ser pasajera para verse más concreta y profunda”.

Tras recordar que en febrero de este año se dio una invasión de unos 250 oreros ilegales al Parque Nacional Corcovado, el activista criticó que los recursos para las ASP se inviertan en “en función de crear condiciones para su explotación turística”, mientras por otro lado “el gobierno promueve una serie de proyectos, acciones y leyes que debilitan y destruyen las áreas protegidas y Patrimonio Natural”.

Al respecto, citó entre otros casos el proyecto de ley N º 19.899, presentado por esta administración para reformar la Ley General de Caminos (Nº 5060), el cual según explicó pretende autorizar al Estado para construir “nuevas obras viales en todo tipo de Área Protegidas, incluyendo Parques Nacionales”.

También se refirió a la iniciativa de diputados del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) para promover la explotación geotérmica en parques nacionales, o el proyecto gubernamental de “cercenar” más de 100 hectáreas de Reserva Lomas de Barbudal, en Guanacaste, para construir un embalse al río Piedras. “Se trata de una iniciativa para llevar agua a los mismos de siempre, para seguir despilfarrándola y haciendo agricultura extensiva e ineficiente”, fustigó.

Álvarez subrayó que “vemos una clara tendencia para asaltar el Sistema de Áreas Protegidas en Costa Rica. La clara intención de ir minando y desmantelando con leyes, decretos y acciones lo que ha costado tres generaciones de ahorro en “recursos” naturales en este país”.

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