El Poder Judicial entra en el pulso fiscal

Poder Judicial traba pulso por reforma fiscal

Independencia, dicen magistrados; capricho egoísta, dicen sus críticos. El pronunciamiento de la Corte Plena obliga a los diputados y a Gobierno a maniobrar.

El Poder Judicial ondeó esta semana la bandera de la “independencia judicial” para cuestionar el contenido de la reforma fiscal y poner en aprietos el trámite de este proyecto en el Congreso, considerado vital por el Gobierno para evitar el descalabro financiero del país.

Como se ve, es un pulso entre los Poderes de la República. En medio giran las posibilidades de ratificar la reforma que logró el apoyo de 35 diputados el 5 de octubre, suficientes para un voto mayoritario e insuficientes para pasar por encima el criterio del Poder Judicial emitido por los magistrados 11 días después. Para eso se requeriría el concurso de 38 congresistas a favor de la iniciativa.

La cúpula judicial consideró que las normas de reducción del gasto, vía limitación de sobresueldos, abren un portillo para que desde el Ejecutivo se pueda incidir sobre el trabajo de los jueces, según lo advirtió un informe de la Dirección Jurídica del Poder Judicial acogido por los magistrados en una sesión especial este martes 16.

Al considerar que la reforma fiscal afectaría al Poder Judicial, los magistrados dejan al Congreso ante la necesidad de conseguir más votos para una eventual votación en segundo debate. Es decir, no bastarían los 35 legisladores que ya votaron por el plan fiscal y cobran relevancia los 22 que se opusieron con distintos razonamientos.

Se requeriría mayoría calificada (38 votos) para poder ratificar el texto con el contenido refutado por el Poder Judicial, cuyos magistrados señalaron cuatro puntos: la posibilidad de que el Ejecutivo defina líneas de política de empleo aplicables al Poder Judicial, la vinculación del Servicio Civil en los temas de desempeño de funcionarios judiciales, la regla fiscal que limitaría recursos para varios programas y las modificaciones salariales con las “las particularidades” de los gremios judiciales.

Primera advertencia

Pero el pulso no acaba allí. Aunque al cierre de esta edición no se había confirmado, en los tres poderes daban por un hecho que el expediente 20.580 será de nuevo objeto de revisión en el Poder Judicial, aunque esta vez la revisión sería para evaluar si no viola la Constitución Política por el fondo o si los procedimientos especiales aplicados se ajustaron a derecho.

Por eso, los magistrados de la Sala Constitucional declinaron votar este martes junto al resto de miembros de la Corte Plena, aunque su presidente, Fernando Cruz, tuvo motivaciones especiales: su conocida defensa de los gremios judiciales y su crítica directa a la reforma fiscal por su contenido. Se ganó así los aplausos y las sonrisas cómplices de los funcionarios que presenciaron la sesión especial.

En franca minoría quedó la posición de la magistrada Iris Rocío Rojas, que consideró que la reforma fiscal no perjudica la operación del Poder Judicial y que este debe sujetarse a las realidades financieras del país. El grueso de sus compañeros (11) opinó lo contrario y así votaron. El plan fiscal tropezó en la Corte Suprema de Justicia y, aunque aún tiene distintos caminos legales y políticos, enfrenta los fantasmas de dos reformas tributarios que en este siglo fueron liquidadas en la Sala Constitucional.

Y mientras el debate jurídico/político mide las fuerza o la astucia de cada Poder público, ocurren dos cosas: la crisis financiera se agrava cada día en las cuentas financieras del Gobierno y la huelga iniciada el 10 de septiembre contra el plan fiscal se prolonga con un apoyo cada vez menor.

Ahora, después del regreso al trabajo de la mayoría de funcionarios en hospitales, en Recope y en el ICE, la huelga depende del gremio de los educadores y sigue sin lograr sus objetivo de descarrilar la reforma fiscal.

La jornada de este martes dio una de cal y otra de arena al movimiento de huelga. Por un lado, el contratiempo del plan fiscal en la Corte Suprema de Justicia, pero por otro lado se conoció que unos 500 docentes declarados en huelga salieron del país (probablemente por ocio), de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Educación publicados por el diario La Nación.

Ruta escabrosa

Ahora se ve que podría prolongarse más de lo previsto la discusión sobre el plan fiscal, un proyecto que aportaría el equivalente al 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y que no alcanzaría para estabilizar las finanzas, como ha reconocido la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

El plan, sin embargo, es necesario, coinciden autoridades y especialistas del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes concluyeron que el proyecto en general es progresivo (equitativo con distintos grupos de la población según sus ingresos).

Esto, a pesar de que el 48% del dinero que aportaría el proyecto provendría del nuevo impuesto al valor agregado (IVA), que no distingue entre ricos o pobres y, por tanto, se considera “regresivo”, al punto de provocaría que unas 18.000 personas caigan en la pobreza. Así lo reconoció el economista Rudolf Lucke, aunque de inmediato dijo que el perjuicio sería mayor en caso de que no se apruebe una reforma fiscal.

El director del IICE, José Antonio Cordero, advirtió que la reforma aprobada en primer debate el 5 de octubre es el resultado de lo políticamente posible, considerando que hay sectores de la economía que han tenía éxito en sus medidas de presión ante Gobierno y ante los diputados.

Nuevos ajustes al proyecto 20.580 implicarían la disminución de su capacidad recaudatoria y, por tanto, la pérdida de eficacia como mecanismo para avanzar en la estabilización de las finanzas públicas.

El presidente Carlos Alvarado, que pedía aprobar la reforma fiscal en este mes de octubre, sigue insistiendo en sus necesidad: “el expediente 20.580 sigue su trámite; desde el Ejecutivo estamos seguros que nada del proyecto lesiona el funcionamiento del Poder Judicial, pero estamos dispuestos a promover los consensos para generar iniciativas que garanticen que estos aspectos no serán afectados”, dijo. ¿Cuáles iniciativas? Eso analizaban los asesores políticos después de conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Una línea similar a la de Alvarado expresaba la presidenta del Congreso, la oficialista Carolina Hidalgo. “Lo que sí es cierto es que hay que hacer un mayor esfuerzo de diálogo a lo interno con las demás fracciones”, manifestó Hidalgo en probable referencia a la necesidad de conseguir más votos para superar la cifra de 38, en caso de ser necesaria.

El Poder Judicial cobra protagonismo de nuevo, a pesar del deterioro en la confianza popular que muestran las encuestas durante el último año, a raíz de los cuestionamientos detonados por el caso “cementazo” y sus consecuencias en el recambio de los magistrados. Lo hace de la mano de Cruz, que no cumple aún ni diez semanas como presidente del Poder Judicial después de la salida abrupta del cuestionado Carlos Chinchilla.

La conformación de la Corte Plena depende de la Asamblea Legislativa, que tiene pendiente el nombramiento de ocho de los 22 magistrados, un tercio de ese órgano gobernante del Poder Judicial. De las voluntades y negociaciones políticas de los diputados dependen esas designaciones, aunque también hay planteadas propuestas para modificar la elección de magistrados.

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