La directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez, dio a conocer este lunes que la institución arrastra 1.872 expedientes pendientes de agendar, debido a suspensiones producto de la pandemia por COVID-19.
Esta cifra está formado por 850 audiencias pendientes en juzgados penales (33% del total), 899 en tribunales penales (40%), 123 en flagrancia y un 59% de los expedientes en ejecución de la pena (no se indicó cifras totales).
La situación se complica aún más ya que 14% de los despachos tienen un plazo de señalamiento igual o menor a 4 meses, 36% tiene la agenda mayor a 4 meses y menor de 12 meses, y el 50% supera los doce menos para reagendar los casos.
“La prioridad es estas audiencias que faltan de reprogramar. Se coordinará con la administración regional para que se asignen salas de juicio para las respectiva realización. Las coordinaciones se vuelven bastante importantes, porque el aforo y las medidas de seguridad deberán reforzarse”, dijo Valverde.
Entre enero y agosto, el circulante global de expedientes en el Poder Judicial creció un 3%. Además, se contaba con 558.115 expedientes, de los 545.259 pudieron ser terminados.