Por iniciativa del magistrado Fernando Cruz, la Corte Plena acordó esta mañana que solicitará que se realicen estudios sobre lo casos de Miguel Ángel Rodríguez y otro que vincula al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por considerarlos “paradigmáticos” y “emblemáticos” a raíz de largo tiempo que tomaron para ser resueltos.
Cruz recordó que el caso del expresidente inició en 2001 y que el pasado 8 de noviembre el Tribunal Penal de Hacienda del II Circuito Judicial dictó “la nulidad absoluta por la tardanza en la tramitación de la causa. No fue una absolutoria ni sobreseimiento, sino una anulación por la parálisis del sistema judicial”.
“Tenemos parálisis para resolver temas de tanta trascendencia”, subrayó el magistrado y afirmó que “debe haber problemas estructurales, no me interesa entrar en el tema disciplinario, que en este caso es residual; este caso amerita un análisis de la mora judicial: Desde 2017 estaba fijado para debate y nunca se realizó”.
También solicitó que se haga una investigación sobre causa en el Tribunal Contencioso Administrativo que “entre tramitación del juicio principal y la ejecución ha tardado 26 años”. Dijo que se trata de una causa planteada por la empresa Hidroflorencia contra el ICE, en la que “la ejecución del fallo fue presentada 13 marzo de 2014 y todavía en los primeros meses de este año no se había resuelto”, informó.
Detalló que se trata de un caso que fue llamado a su atención cuando fungió como presidente de la Corte Suprema de Justicia y que incluso una de las personas involucradas falleció mientras esperaba conocer el resultado.
“Esto no podemos dejar de verlo con el lente que se debe” dijo Cruz al insistir en que lo que le interesa no es el tema disciplinario, sino “el problema estructural”.
“Los casos citados ameritan que Corte (Plena) ordene un estudio de los dos expedientes. La Contraloría de Servicios y (la Dirección de ) Planifiación deben hacer un estudio sobre las causas que han provocado esta tardanza tan grave en el sistema judicial”.
La magistrada Damaris Vargas intervino de manera breve no para cuestionar la iniciativa de Cruz, sino para aseverar que el control que se ejerza “debe estar asociado a poblaciones con vulnerabilidad”, como los pueblos indígenas, “sería mas grave si hay mora en esos asuntos”.
Por su parte, la magistrada Roxana Chacón reconoció que se trata de “dos casos emblemáticos y el Poder Judicial en estos asuntos no ha actuado como corresponde” pero apuntó que “no estoy de acuerdo en que estos dos casos se agarren para análisis, cuando la responsabilidad de funcionarios no pueda ser tomada en consideración”, en alusión a lo expresado por Cruz, en el sentido de que no interesa tanto el “tema disciplinario” como el “problema estructural” detrás de los atrasos.
Chacón expresó que en esos casos que se llevan “años y años” se da una “lesión clara a personas en ese proceso, ¿cómo es posible que a los funcionarios no se les diga nada? Ahí no hay coherencia. ¿Cómo es posible que no haya responsables?, ¿cómo es posible que no se evalúe la participación del Ministerio Público y jueces penales en el caso de Miguel Ángel Rodríguez?”.
A ello, Cruz replicó que ya la Inspección Judicial tiene dos expediente abiertos, hecho que “lo que demuestra es que la cuestión disciplinaria no funciona” para resolver el problema de la mora.
Añadió el magistrado que “lo que planteo no es para excluirla, es para darle un enfoque distinto”. Acotó entonces que respecto al caso que tomó 26 años en el Contencioso no conoce si hay causas disciplinarias, pero que su afán es “ver el tema de una grave disfunción estructural”.
Orlando Aguirre, quien preside la Corte, expresó entonces que “debemos ordenar la investigación y si de acuerdo con resultado de un informe hay que iniciar procesos disciplinarios, no podríamos quedarnos callados”. Por ello dijo estar de acuerdo con la magistrada Chacón en cuanto a las implicaciones que debe tener la investigación, y “ver la posibilidad de tomar medidas, pero si de acuerdo con el resultado de la investigación surge alguna conducta incorrecta, tendríamos necesariamente que denunciarla”.
Ante una consulta del magistrado Paul Rueda, Cruz dijo que le parecía sensato dar tres meses para que la Contraloría de Servicios y a la Dirección de Planificación hagan sus investigaciones.
