Pese a la orden del Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la República pidió que el Poder Judicial tome en cuenta el costo de vida en el presupuesto del 2020 y del 2021.
El director del Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Róger Mata Brenes, explicó que este ajuste se comunicó el pasado jueves, cuando Corte Plena ya había aprobado el nuevo presupuesto.
“El pasado jueves, a las 10:15 de la mañana, recibe la presidencia un correo electrónico con una nota del Ministerio de Hacienda donde nos dice que, por análisis jurídico que hace la Procuraduría General de la República a petición del Mideplan, en el presupuesto del 2021 tenemos que incorporar el costo de vida, eso significa un aumento en aguinaldos, salarios escolares, etc”, indicó durante la sesión de Corte Plena de este lunes.
Según Mata, los análisis indican que dicho ajuste representaría ¢4 mil millones más que no estaban contemplados en el presupuesto aprobado.
“Cuando hacemos la revisión, los números preliminares que hace Planificación y Gestión Humana significa que el año entrante tendríamos que aumentar cerca de ¢4 mil millones de colones para poder hacerle frente a esta obligación, que no estaba contemplada, porque la primera orden que mandó Hacienda era que no lo contempláramos, por eso se hizo lo que se hizo, porque esas eran las reglas”, dijo.
Debido a la regla fiscal instaurada por Hacienda, el director del despacho de la presidencia considera que el Poder Judicial carece de margen para pedir dicho monto, por lo que tendrá que usar dinero de otros rubros dentro de la misma entidad.
“Se analizó que cabe la posibilidad de hacer este año el pago del costo de vida 2020 con varios esfuerzos de distintos reglones presupuestarios que permitirían obtener cerca de ¢1.800 millones y pagar este año lo que correspondería al costo de vida 2020. A la partida de sustituciones, de donde salen las vacaciones, las incapacidades, los permisos para cuidar a un pariente enfermo, habría que restarle ¢2 mil millones para poder tener la plata para ese brinco que cuesta el aumento”, sugirió Mata.
El funcionario agregó que, al consultar por esta posibilidad, el Ministerio de Hacienda la vio como viable y le pidió a la Corte Suprema que prepare la redacción de una propuesta de decreto para el Poder Ejecutivo donde autoriza, a través de dicha modificación, el pago de ese aumento para el Poder Judicial.
Molestia entre magistrados
Ante la noticias, los magistrados y magistradas se mostraron molestos y preocupados por el cambio en la partida. La magistrada de la Sala II, Roxana Chacón Artavia, aseguró que el costo de vida fue uno de los rubros que el Ejecutivo pidió que se devolviera
“La partida, que era del presupuesto del año pasado, se devolvió a Hacienda y nos quedamos sin el dinero. Si no tenemos una solución de Hacienda de ese reitengro tendríamos que contemplarlo en el presupuesto del otro año, con lo que estaríamos pasando sobre la regla fiscal, sin que nosotros hubiéramos hecho absolutamente nada mal, porque lo que se hizo fue acatar una orden”, dijo.
Por su parte, la magistrada de la Sala I, Iris Rocío Rojas cuestionó que la Corte devolviera el dinero al Ministerio de Hacienda y pidió explicaciones a sus homólogos.
“Me extraña que puedan destinarse unos recursos por unos compañeros y luego sea Corte la que tenga que asumir una responsabilidad que, en caso de variar la regla fiscal, implicaría sanciones de índole penal incluso para los integrantes de Corte. Se me informó por los medios electrónicos que se envió no se cuanto dinero a Hacienda y no sé cómo pudo hacerse, porque yo no participé en ninguna sesión en que yo autorizara eso, por lo que considero que ahora no me corresponde a mí resolver el problema”, afirmó.
El presidente de la Corte Suprema, Fernando Cruz, se defendió del cuestionamiento e incluso ironizó con que podría terminar acusado nuevamente en la Fiscalía.
“Fue el Consejo a instancia que se le hizo a la presidencia, pero eso se puede seguir los canales de la denuncia y todas las peticiones, incluso auditorías y podría ser que hasta pueda terminar yo con otro expediente en la Fiscalía General, según su punto de vista, pero no se está proponiendo violar la regla fiscal”, expresó.
Corte Plena tiene a más tardar hasta el 15 de junio para presentar el presupuesto del 2021.
