Corte Plena aprobó por mayoría, este lunes, el cierre colectivo de fin de año para aquellos funcionarios que no requieran laborar en la atención de servicios mínimos del Poder Judicial.
Según la directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta, un cierre colectivo consiste en el disfrute de las vacaciones de la población judicial. Anualmente, el 70% de las personas trabajadoras pueden usar sus saldos de días libres para dicho descanso, mientras que el 30% restante corresponde a servicios mínimos y a aquellas personas que no pueden disfrutar de las vacaciones.
La duda entre las personas magistradas surgió por el cierre que se efectuó del 23 de marzo al 15 de mayo, debido a la pandemia por COVID-19, donde las personas con alto riesgo o en puestos no teletrabajables tuvieron que adelantar sus vacaciones.
“Los rebajos tenían que ser diferidos en el tiempo. Durante ese periodo, 5.200 personas fueron las que disfrutaron del cierre, de las más de 13 mil que estaban activas; esto es 43.793 días de vacaciones. Si no hacemos el rebajo diferido, un 21,67% tendrían un saldo negativo de días libres”, detalló Arrieta.
La directora de Gestión Humana señaló razones presupuestarias y laborales para apoyar la decisión de aplicar un cierre colectivo a final de año.
“Si no se aprueba el cierre colectivo, continuará la acumulación de vacaciones por parte de la población judicial, que a la fecha asciende a más de 300 mil días pendientes de disfrute. Al mismo tiempo, las personas con saldos disponibles podrían optar por el disfrute en esas fechas, lo cual implicaría que se deben sustituir y hacer una fuerte erogación en dicha subpartida”, afirmó.
El Consejo Superior será ahora el encargado de determinar las fechas del cierre colectivo en el Poder Judicial. Durante el último periodo, se estableció del lunes 23 de diciembre de 2019 al viernes 3 de enero de 2020, regresando a laborar el lunes 6 de enero.
