La falta de presupuesto sumada a la dificultad para reclutar talento humano para trabajar en el sistema penitenciario están causando agotamiento en el personal policial, técnico, administrativo y de salud en los centros penitenciarios, alertó este viernes la Defensoría de los Habitantes.
Luego de varias inspecciones de oficio y entrevistas con el personal, la entidad constató que el personal trabaja hasta altas horas de la noche, se lleva trabajo a la casa y labora fines de semana, lo que está repercutiendo en su salud.
“Además, la Defensoría mantiene abierta una investigación de oficio sobre las condiciones laborales del personal de la Policía Penitenciaria a nivel general en todos los centros penitenciarios, específicamente sobre la falta de personal y la afectación en el otorgamiento al derecho de vacaciones legales y profilácticas”, indicaron.
La entidad informó que la situación descrita “afecta seriamente la prestación de los servicios a lo interno de los centros penales” y alertó que el sistema penitenciario “se encuentra atravesando una crisis”.
Esa crisis, detalló, “se refleja en las serias limitaciones presupuestarias que impiden a los centros penitenciarios operar de manera ideal, limitaciones que afectan el nombramiento de personal, y el mantenimiento y construcción de infraestructura que cumpla de forma debida con los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, tanto para el personal penitenciario como para la población privada de libertad”.
En su investigación, la Defensoría encontró que sólo en tres centros penitenciarios (Centros de Atención Institucional Calle Real, Luis Paulino Mora Mora, Antonio Bastida de Paz y 26 de Julio) hay plazas vacantes pendientes de nombramiento, reubicaciones de plazas entre centros penitenciarios o hacia otras instancias administrativas de la Dirección General de Adaptación Social que afectan seriamente la prestación de los servicios, lo que está generando un atraso en la realización de las valoraciones ordinarias, la instrucción de procedimientos disciplinarios, la los trámites que tienen que ver con el contacto de las personas privadas de libertad y sus familias, las verificaciones de ofertas laborales y de domicilio, la realización de procesos grupales, y más.
La entidad consultó si existen estudios de impacto en el servicio por la reubicación de plazas pero asevera que Adaptación Social informó que debe tomarse en cuenta la difícil situación que enfrenta el sistema penitenciario “caracterizada por limitaciones presupuestarias, y especialmente por la escasez de talento humano, que impactan significativamente en la consecución de los objetivos institucionales y en la planificación a corto, mediano y largo plazo”.
La defensoría recordó que aunque la administración tiene potestad de reubicar y recargar funciones “que de lo que se trata en el caso de los centros penitenciarios es de la custodia de personas ubicadas en espacios completamente cerrados, que no sólo tienen su libertad de tránsito restringida, sino que, adicionalmente, sus otros derechos limitados por cuanto no existe la cantidad suficiente de personal técnico, administrativo y policial para brindarles dichos servicios”.
“Esta situación no debe achacarse al personal, sino a la forma en la que el Estado restringe, desde el punto de vista presupuestario, la búsqueda de una solución al problema detectado”, concluyeron.
