Donde muchas personas encuentran gozo por la naturaleza, otras ven torrentes de dinero. Se trata de varios ríos que pasan por el cantón central de Puntarenas, en cuyo caudal ya se aprecian alteraciones que podrían incidir en crecidas e, irónicamente, en menor acceso al recurso hídrico.
En una gira a la zona –organizada por el programa Kioscos Ambientales, de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR–, se pudo comprobar la preocupación de vecinos, activistas y funcionarios de Asadas por la salud de los ríos Abangares, Guacimal y Lagarto.
Dylanna Rodríguez, coordinadora del trabajo comunal universitario (TCU) de Kioscos Ambientales, relató que “lo más preocupante es que los ríos están en camino a la privatización y las comunidades se van a ver cada vez más afectadas en el acceso al agua”.
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“La capacidad de monitorear es limitada”
Responsabilizó a municipalidades y al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) por responder “a los intereses de la empresa privada a través de las concesiones para la explotación de los ríos, en detrimento de los derechos de acceso al agua de las comunidades”.
Rodríguez informó que desde enero se apoya el trabajo de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, que reúne a once comunidades del cantón central de Puntarenas. Además, se trabaja específicamente con las poblaciones de Malinche, Orocú, Abangaritos y Manzanillo “en la recuperación de la memoria histórica como un ejercicio de fortalecer la organización comunitaria”.
Explotación del río Guacimal
Randall Ortega, vecino de Chomes y miembro de esa Alianza, se percató de que el río Guacimal se ha visto afectado por el cambio climático, pues “el tiempo ha variado y se han venido crecidas bastante grandes que han afectado el camino” que da acceso a su comunidad.
Sin embargo, aseveró que “siempre ha tenido un caudal más grande, ahora ha bajado bastante”. Entre las razones citó que el cultivo de la piña extrae agua para riego.
Además mostró una de las desviaciones del agua del río utilizada para riego de los diferentes cultivos que se dan en la zona y la ganadería. En ese punto, hay restos de árboles que podría ser evidencia de deforestación, pues no se habían presentado temporales de manera reciente.
Si bien informó que esa desviación del agua del río Guacimal cuenta ya con medio siglo, dijo que alteraciones recientes hechas por una empresa piñera han incidido en un aumento del caudal de esa quebrada en los últimos cinco años. Añadió que se prevé una mayor afectación si se otorgan concesiones para extraer material.
El activista mostró un sector de 50 o 60 hectáreas de cultivo de algodón transgénico de la empresa D&PL Semillas, que alguna vez fue bosque importante para el medio ambiente asociado al río y que posteriormente fue dedicado a la piña. Denunció también la tala reciente de alrededor de cien árboles en el sector del cerro Argentina.
También en Chomes, el administrador de la Asada, Francis Cordero, reconoció que preocupa el uso de agroquímicos en la zona, donde hay cultivos de piña, algodón, arroz y palma africana. “Al ser zona costera, todos esos químicos caen al mar y nos afecta mucho en la producción marina de pescado camarón”.
Ante la pregunta de cómo es posible que la explotación agrícola baje el caudal, pero que al mismo tiempo la extracción de materiales incida en inundaciones, Cordero explicó que el problema radica en que las empresas agroindustriales “prácticamente controlan el cauce del río, dependiendo de la cantidad de agua que ocupan”.
Detalló que si en invierno no requieren mucha agua, “abren trechos y con las últimas crecidas con que ha bajado el río Guacimal del lado de Monteverde, se ha formado un tipo de tapón en la desembocadura. Eso ha provocado que el río, cada vez que crece, se expanda hacia las zonas más bajas”.
Añadió que entonces las fincas de esas zonas bajas “para rellenar los terrenos que ha cogido el río, realizan la sobreexplotación de materiales. Sacan materiales para rellenar lo de ellos, pero los materiales de ellos están en el tapón”, dijo.
Dique en río Lagarto
Otro río que ha conocido intervenciones ha sido el Lagarto. Una especie de dique fue construido sobre su margen derecha, lo cual es atribuido en la zona a la Liga de la Caña (Laica).
Josué Solano, funcionario de la Asada de la vecina localidad de Orocú, relató que, en ocasión de la tormenta tropical Nate, ese río creció bastante y causó daños en casas cercanas, con pérdidas de electrodomésticos y muebles. “Una casa el río la desbarató totalmente”, recordó.
Solano mostró el dique al equipo de UNIVERSIDAD y dijo que fue construido hace unos tres meses. “Ahorita no se han visto consecuencias porque el río no ha crecido, pero la gente está asustada que, por ese muro, el río se les tire más al lado de ellos”, afirmó.
Marta Corrales, vecina de la localidad de Malinche –ubicada entre ambos ríos–, calificó como “amenaza” a los quebradores que operan a orillas del río Lagarto, por el sector de Madre Vieja. “Tenemos tres concesionarios, Carrillo, Meco y Hernán Solís, haciendo fiesta con el río, cuando de él dependen unas cuatro o cinco Asadas con pozos perforados”, aseveró.
Dijo que la explotación de ese río es notoria, por ejemplo, en la poza Palo Verde, en Judas de Chomes. “Hace dos o tres años, era de seis o siete metros, ahora con costos tiene metro y medio o dos metros de agua. El impacto es demasiado fuerte”, explicó.
Corrales también se refirió a la deforestación. Dijo que la tala es “demasiado frecuente” y denunció la existencia de “tres o cuatro grupos que viven, si no comprando a finqueros, robándose la madera”.
Criticó la ausencia de personal de control del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), y manifestó haber visto en la entrada de Chomes salir camiones con “cuatro o cinco tucas cada uno”, pero que, cuando se interponen denuncias ante Minae y Fuerza Pública, más bien estas llegan a conocimiento de quienes se dedican a la actividad ilegal. “Con la madera hacen fiesta”, sentenció.
Vagonetas en río Abangares
Para observar las alteraciones en el río Abangares, la líder comunal Sundry Álvarez escogió la localidad de Higuerillas, pues en su comunidad de Abangaritos “los dueños finqueros tienen cerrados los accesos”.
“En este río sacan mucha arena, hasta diez ‘vagonetadas’ en cinco días”, aseguró. Sin embargo, apuntó que la actividad extractiva “se ha calmado”, luego de que ella misma interpusiera una denuncia al respecto a inicios de agosto.
Detalló que el problema de la extracción ilegal de arena y piedra es notorio desde hace tres o cuatro años.
“En Abangaritos nos preocupa mucho porque sacan arena y el pueblo no se beneficia. Tras de que se la roban, le hacen daño a la comunidad, ya que, cuando llueve mucho, el río se sale y las personas mayores del pueblo dicen no haber visto tanta inundación como el año pasado”, manifestó.
“La extracción ilegal se da todo el tiempo y la Asociación de Desarrollo no hace nada por la comunidad”, se quejó, al tiempo que mostró huellas de maquinaria que se adentran en el río, pues productores de la zona no cuentan con infraestructura necesaria para movilizarse y cruzar el río.
Impacto de carretera
A inicios de mayo, el Gobierno anunció la adjudicación del contrato para las obras de ampliación del tramo Limonal-Cañas de la carretera Interamericana, por casi $90 millones.
Randall Ortega se refirió a esa iniciativa como “una problemática que viene de camino”, pues, según dijo, esas obras generan mayor apetito para explotar arena y piedra de los ríos, y desde la Alianza “hemos visto que nos va a perjudicar por las inundaciones que se pueden venir”.
Edwin Aguirre, de la Asada de Judas de Chomes, también mostró preocupación en ese sentido, dado que informó que la fuente primaria de agua es el río Guacimal. “Este río es vital para varias comunidades, desde Monteverde, San Luis, La Guaria; es vital para toda la zona”, explicó.
Aguirre añadió que ya se han iniciado trámites para establecer un quebrador industrial sobre el río. “Realmente necesitamos un criterio científico para saber qué tanto nos va a afectar a nosotros y a Chomes”, señaló.
“No estamos en contra del proceso de desarrollo, pero estamos en contra si eso nos va a afectar directamente a la comunidad: estamos alertas. El pueblo de Chomes está totalmente pasivo; si nos afecta a nosotros, los afecta a ellos. Estamos incómodos, porque no hay claridad de parte de la empresa desarrolladora, cuál es el planteamiento para ver si nos oponemos o no”, aseveró.
“Hay mucha incertidumbre, nadie sabe nada. La comunidad merece respeto, necesitamos información”, acotó.
Por su parte, Rodríguez señaló que en los ríos de la zona hay 32 propuestas de concesión, unas ejecutando, otras en trámite.
“Lo más importante –afirmó– es que haya un proceso participativo con las comunidades, que la opinión de las comunidades se tome en cuenta en cualquier proyecto desarrollista de este tipo para que sea construido de manera conjunta con las comunidades”
Además, ponderó que, desde hace tres años, la gente de estas comunidades en el tramo Barranca-Cañas sabe que se va a construir la ampliación de la carretera, “pero es justo en ese momento cuando se empieza a ver que el saqueo de los ríos se hace desaforadamente, sin planificación, sin que la gente sepa realmente para dónde va”.
Sentenció que “lo que prima al final es el dinero; no importa si las comunidades se van a quedar sin agua, porque lo que importa es que los empresarios tengan su gran carretera para la importación, la exportación, incluso hasta para el narcotráfico”.