“A quien beneficia el estatus quo de alto consumo de plaguicidas es a un grupo reducido de importadores, aquellos quienes probablemente han estado visitando los pasillos legislativos diciendo que este proyecto no debe ser votado o aprobado”.
Así de tajante se manifestó Kifah Sasa Marín, representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien acudió en audiencia ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Regulación de plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el ambiente, que se tramita bajo el número de expediente 23.783.
“El alto consumo de plaguicidas en el país es muy costoso para la ciudadanía, además deteriora el ambiente, deteriora la salud, reduce la calidad de vida de los aplicadores de los plaguicidas, se reducen ingresos fiscales, es además un asunto de pérdida de competitividad ante nuevas reglas de mercados internacionales, como la Unión Europea y el Pacto Verde”, añadió.
El proyecto de ley ha sido impulsado por Katya Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP) y según explicó ella misma durante la sesión de esta mañana, consta de cuatro elementos fundamentales. En primer lugar, “que discutamos sobre la necesidad que tiene Costa Rica de hacer un análisis del tipo de plaguicidas que ingresan a este país, y que no necesariamente están cumpliendo con su función importante de prevener o erradicar enfermedades en los cultivos”, lo cual “va a requerir diálogo con sector productivo nacional”.
Dijo que el otro “gran tema” tiene que ver con que se pueda llevar un registro digital de las ventas de plaguicidas, que además permita llevar estadísticas al Ministerio de Salud y a la CCSS sobre casos de enfermedades y muertes producidas por plaguicidas.
En tercer lugar, busca generar una serie de “condiciones habilitantes para la fabricación de bio insumos en el país”, como disminuciones al impuesto sobre la renta y otros incentivos, en aras de sustituir los plaguicidas. Finalmente, incluye una propuesta de exoneraciones a propósito de la cual Cambronero planteó si el país debe exonerar a los importadores de plaguicidas o a los agricultores.
Abuso de venenos
Sasa durante su exposición llamó la atención a varios estudios que el PNUD ha levado a cabo con personas expertas, que se pueden consultar en el sitio Impactoplaguicidas.cr.
Por ejemplo, citó el trabajo “Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica”, del especialista Elidier Vargas, quien le acompañó en la comparecencia. Ese estudio apunta que ese consumo aparente de plaguicidas en Costa Rica promedió 34,45 kilos por hectárea entre 2012 y 2020, con lo cual “Costa Rica es el principal consumidor por hectárea del mudo”.
Un hecho tanto más grave a la luz de que “los plaguicidas que se usan en la país son en su mayoría de alta peligrosidad”, según dijo citado a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sasa mencionó que en el país se ha dado “decenas de casos de acueductos rurales contaminados con residuos de plaguicidas, así como contaminación de cuerpos de agua superficiales”.
Al repecto, recordó que el reciente caso de la comunidad de Cipreses, en Oreamuno de Cartago, pero citó otros como en localidades de San Carlos, o Milano de Siquirres.
También apuntó que el alto consumo que se presenta en el país se debe a la “dependencia de los agricultores de la asistencia técnica brindada por empresas comercializadoras de los mismos plaguicidas”.
La abogada Ana María Lobo, parte de la comitiva del PNUD, aseveró que “desde la óptica de derecho ambiental el proyecto es una propuesta viable, razonable e integral que busca atender de forma eficiente muchas de las problemáticas identificadas por el PNUD”.
Destacó del proyecto en primer lugar, la prohibición expresa y con rango de ley de 16 plaguicidas altamente peligrosos; luego la obligación de que se evalúe otros 19 plaguicidas altamente peligrosos. Añadió que “quizás lo más novedoso y relevante” es “el establecimiento de criterios generales, claros para la inclusión de plaguicidas al listado de de prohibiciones o de evaluaciones periódicas de riesgo”, pues “eso da seguridad jurídica, los plaguicidas se han venido prohibiendo de forma reactiva, por ejemplo a partir de situaciones de contaminación de agua en comunidades vecinas a los cultivos”.
Por su parte e agrónomo Elidier Vargas apuntó que antes de 1995 el uso de plaguicidas en Costa Rica era de menos de dos kilogramos por hectárea, “de pronto subió significativamente a 10 kilos”, nivel al cual se mantiene en la actualidad.
El brinco se debió a que “en ese momento lo que hubo fue un cambio en el sistema de investigación y asistencia técnica, que produjo que la asistencia técnica quedara en manos empresas comercializadoras de plaguicidas”, lo cual según informó fue constatado por estudios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en estudios de 2011 y 2013.
“Este proyecto busca también promover la investigación y la asistencia técnica en manos independientes”, de manera que los agricultores no tengan que recibir la asistencia técnica de los vendedores de plaguicidas. “Evidentemente, el vendedor de plaguicidas no está interesado en reducir sus ventas”.
Diputada afirma que está recibiendo “presiones muy grandes” por proponer proyecto de ley que prohíbe plaguicidas altamente peligrosos
“Desde 1960 nadie había prohibido un plaguicida en Costa Rica a nivel legal”, reconoció Fabián Pacheco.
Costa Rica es el país que utiliza más plaguicidas en todo el mundo, según estadísticas de la FAO
El agrónomo costarricense Elidier Vargas Castro ha explicado que el uso de plaguicidas se incrementó radicalmente en el país a partir de 1996 por el proceso de debilitamiento en los servicios de extensión agrícola del MAG a partir de mediados de los años 90.
Elidier Vargas: La extensión agrícola en Costa Rica quedó en manos de las empresas comercializadoras de plaguicidas
El agrónomo Elidier Vargas explicó por qué el proyecto de Ley de Registro de Agroquímicos no va a resolver el problema de las 161 moléculas altamente peligrosas que se siguen usando en el país.
En Costa Rica se usan 133 plaguicidas considerados altamente peligrosos
Plaguicidas altamente peligrosos “no aprobados” en Europa ni Estados Unidos se siguen usando en Costa Rica.
