Las fracciones del Partido Liberal Progresista (PLP) y la oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PSD) se unieron en la última sesión ordinaria de esta legislatura para hacer algo que suelen reclamar al Frente Amplio (FA): usar el tiempo que otorga el reglamento para evitar una votación. En este caso, la consigna de liberales y el Gobierno fue evitar que se votara en segundo debate el proyecto que excluye las becas para la educación de la regla fiscal.
Se trataba del proyecto de ley 23.108, la ley para la protección de la inversión pública en becas, una propuesta que fue firmada por 20 diputados de cuatro fracciones, para garantizar un blindaje a la inversión social en becas y programas de equidad que faciliten el acceso a la educación. Entre sus firmantes, aparecen 9 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), 6 del FA, 2 de Nueva República (NR) y tres del PSD. Sí, tres oficialistas -Ada Acuña, Luz Mary Alpízar y José Antonio Rojas- pusieron su rúbrica a la propuesta, pero en la sesión dos de ellos dieron indicios de un viraje: Rojas habló contra el proyecto, y Acuña colaboró brindando tiempo a quienes estaban tratando de extender la sesión y evitar la votación.
Se trata de una postergación estratégica: el proyecto estaba a punto de recibir el segundo y definitivo debate, pero al pasar a las sesiones extraordinarias en mayo, el control de la agenda pasa al Poder Ejecutivo. Es decir, el proyecto solo podrá aparecer en la corriente legislativa si es convocado desde Zapote, al menos hasta agosto, cuando nuevamente empiezan las sesiones ordinarias.
Y desde Zapote la señal fue clara: no quieren saber nada de excluir las becas para la educación de la regla fiscal. En ese sentido, al jefa de fracción del PSD, Pilar Cisneros, recordó a los diputados que la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue consultada específicamente sobre la posibilidad de balancear las cifras macroeconómicas con la necesidad de invertir más en programas sociales. «Les preguntamos directamente, y ¿qué nos contestaron? Ustedes no pueden descuidar las cifras macroeconómicas, no pueden flexibilizar la regla fiscal y no pueden retroceder con (la ley de) Empleo Público. Si lo hacen, van a retroceder», dijo en el Plenario.
Fue en ese sentido que participó Daniel Vargas, también del PSD, quien se declaró en contra de sacar instituciones de la regla fiscal, «que nos viene sacando del atolladero. Después de lograr que la relación entre deuda pública y producción baje del 60%, podemos empezar a construir un país próspero y de oportunidades». Una participación similar tuvo su compañero de bancada Jorge Rojas: «Por el momento, debemos ser consecuentes con la situación del país. De lo contrario, vamos al despeñadero», dijo.
También participó activamente Eliécer Feinzaig, jefe de fracción del PLP, quien citó inquietudes de la Contraloría con respecto al proyecto, en el sentido de que aunque la inversión social en becas es importante, la regla fiscal es un mecanismo de ajuste gradual para estabilizar las finanzas públicas. «Y ahora el FMI hizo un llamado a mantener la integralidad de la regla fiscal, para que por la vía del ahorro, podamos abrir espacio a la inversión social», insistió.
El PLP aseguró que el proyecto representaba la posibilidad no solo de aumentar el gasto público en 300 mil millones, sino que abriría un portillo para que otras instituciones que también quieren evitar la regla fiscal, sigan estos pasos. «El problema no es de la reforma fiscal, es un problema presupuestario», dijo la diputada Katia Cambronero, quien insistió en que existe un traslado de recursos de la educación primaria y secundaria a la superior que se debe resolver primero.
Por su parte, los defensores del proyecto participaron poco en este debate: Rosaura Méndez, del PLN, denunció que en los últimos meses ha recibido llamadas de personas que están en problemas porque se les eliminaron becas por la regla fiscal, y reclamó por el sostenido recorte de recursos para la educación, que este Gobierno profundizó. «Es un tema que no se debe ver solo de manera economicista. Aquí ya se ha hablado de sacar de la regla fiscal a seguridad, a bomberos… quiero un país seguro, pero en el que las personas menos favorecidas tengan la posibilidad de estudiar», expresó.
También Jonathan Acuña, jefe de fracción del FA, recordó que el proyecto fue presentado por cuatro fracciones, por lo que tenía un alto nivel de consenso y de preocupación por el tema social, en momentos en que la vulnerabilidad social del país se deteriora.
Esto no evitó que la discusión se prolongara. Cuando la presidenta legislativa en funciones Gloria Navas varió la decisión de mantener la discusión hasta que el proyecto se votara, y suspendió el debate, ahora la decisión de convocarlo queda en manos del Gobierno de Rodrigo Chaves o hasta después de septiembre.
