Ante la propuesta del poder ejecutivo de reducir las jornadas salariales del sector público en un 15%, el Partido Liberación Nacional (PLN) manifestó su oposición mediante un pronunciamiento, mientras el diputado Rodolfo Peña, del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) presentó un proyecto de ley alternativo que promueve como “más integral”.
Esta semana el Gobierno propuso como una de las medidas de reducción del gasto complementaria al presupuesto extraordinario 2020, un proyecto de ley de reducción de jornadas laborales en un 15% a aquellos funcionarios que reciben un salario bruto mensual de al menos ¢1.500.000.
Según el Gobierno, la medida se aplicaría durante 12 meses a 35.000 funcionarios y significaría bajar el gasto público en ¢129.700 millones.
El PLN emitió un un pronunciamiento en el que critica la medida por “desigual, regresiva e inconstitucional”. Primero, porque establece excepciones, lo cual se prevé que podría tener roces de constitucionalidad “al hacer una discriminación odiosa en detrimento del principio de igualdad”.
El proyecto excluye de esta reducción de jornada al personal que labore en cuerpos de policía, bomberos, personal del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y en centros penitenciarios.
El PLN denunció que la medida tendrá implicaciones inmediatas en al menos tres fuentes. Se dejarían de recaudar ¢30.306 millones en impuesto sobre la renta; ¢31.128 millones en cuotas obrero patronales de la CCSS; y ¢10.376 millones en otras cargas sociales como Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Fondo Nacional de Asignaciones Familiares (Fodesaf).
El PLN también criticó la propuesta por ser “una reduccion proporcional y no progresiva, lo cual genera inequidad”; porque excluye y no contempló los ingresos de diputados, jerarcas sin jornada laboral u horario fijo, pensiones de lujo, y dietas superiores a los ¢1,5 millones; y porque se impone sobre el monto bruto que se recibe y no sobre el salario neto “para evitar afectaciones que terminen generando un agravamiento de la situación económica familiar”.
Lo consideran una improvisación
El proyecto de ley del Gobierno fue enviado a la comisión de gasto y administración de la Asamblea Legislativa. El jefe de la fracción liberacionista, el diputado Luis Fernando Chacón, señaló a UNIVERSIDAD que el PLN se opuso a la medida fundamentado en un principio de ilegalidad que los abogados laboralistas les han informado y en un principio de inaplicabilidad en todo el sector, “porque hay servicios esenciales que pueden reducirse y otros que no y el proyecto del gobierno no lo dice”.
“Liberación Nacional está en la mayor disposición de apoyar proyectos solidarios que nos ayuden a sacar adelante al país; pero estamos en contra de estos proyectos, que son una absoluta improvisación de parte del Consejo Económico del Gobierno”, declaró Chacón.
El diputado aclaró que la fracción legislativa analizará esto el lunes en reunión de jefatura, donde conocerán en detalle el informe de sus compañeros de la Comision de Hacendarios y posteriormente tomarán una posición como fracción.
“Mi posición personal ya la he manifestado: Yo creo que el sector público tiene que ser solidario ante la situación que está viviendo el país; pero el Gobierno de la República tiene que dejar de ser tan irresponsable de mandar proyectos que no han sido ni sustentados ni analizados como corresponde en un momento de emergencia como el que está viviendo Costa Rica”, expresó el legislador.
PUSC propone su propio proyecto
El jefe de fracción del PUSC, Rodolfo Peña está impulsando su propio proyecto de ley, que califica como “más integral” y «que impactará menos a la clase media y baja», según ha apuntado. Este propone una rebaja del 25% a los salarios brutos (después de aplicar las deducciones de renta y cargas sociales) de los empleados del sector público que ganen más de ¢1,5 millones y a quienes reciban jubilaciones y pensiones cuyo monto mensual final, sea igual o mayor a ¢1,5 millones.
UNIVERSIDAD intentó contactar a Peña pero no fue posible obtener respuestas antes del cierre.
Por otra parte, este medio consultó al Partido Acción Ciudadana (PAC) sobre su posición, pero se nos informó que el partido aún no ha definido una posición oficial al respecto.
