La fracción liberacionista arremetió contra el criterio del ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, convocado para hablar sobre la crisis ambiental y la minería ilegal en Crucitas de San Carlos. Rodríguez fue convocado a la Asamblea Legislativa para rendir cuentas, antes de asumir un cargo directivo en el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (en Estados Unidos).
Los legisladores Wagner Jiménez y María José Corrales, quienes lideraron los cuestionamientos contra Rodríguez, calificaron la gestión del jerarca en Crucitas con adjetivos como “débil”, “negligente e indiferente”. Jiménez acusó al ministro no atender a “quienes no comparten ideológicamente sobre su pensamiento en temas ambientales”, refiriéndose a planteamientos del Colegio de Geólogos y funcionarios de la Dirección de Geología y Minas.
Corrales defendió su proyecto 21.584, que derogaría la prohibición de minería abierta en el país. UNIVERSIDAD publicó durante julio que existen conexiones entre los dos firmantes de ese proyecto, Corrales y Jorge Fonseca, y una empresa minera en Abangares, un cantón que sí tiene permisos para explotar oro con concesiones únicamente para cooperativas.
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En un intercambio con Corrales, la diputada frenó respuestas de Rodríguez varias veces. El jerarca afirmó que conoce del proyecto 21.584 y que “No responde a la expectativa que yo tengo de que el negocio de minería del oro sea muy diferente a lo que estableció el Código de Minería en 1982”.
Rodríguez mencionó que no habla sobre la distribución del canon que recibiría el Estado por la explotación y que no considera el fortalecimiento de la Dirección de Geología y Minas.
El jerarca no pudo terminar su respuesta porque Corrales aseguró que “sí cumple con sus expectativas”.
La diputada despidió su interrogatorio con una referencia a la salida que hará el jerarca de su puesto.
“Usted puede sentir que se va con la frente en alto pero, señor ministro, tenga mucho cuidado con el marco de la puerta con el que sale del Minae porque, definitvamente, esa puerta es muy chica”, dijo Corrales y también le reclamó que “no dijo cuál era la solucion integral de Crucitas”.
En línea con Corrales, Roberto Thompson usó la portada de hoy de La Nación sobre corrupción en Crucitas para cuestionar a Rodríguez por las consecuencias de la prohibición minera en Crucitas.
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“Se tomó una decisión de prohibir la actividad de oro en Crucitas. Cuando se genera una prohibición se genera un incentivo a hacer una actividad económica rentable”, aseguró el jerarca de Ambiente.
Rodríguez reiteró en varias ocasiones que su referente sobre la cantidad de extracción realizada de forma ilegal en Crucitas proviene de una metodología aplicada por la empresa canadiense Industrias Infinito y que un estudio que generó el geólogo Allan Astorga tiene una diferencia del “300%” (Infinito usó una “regla de oro de 2.15 gramos por tonelada” y Astorga “de 6 a 10 gramos por tonelada”, según explicó el ministro).
Para el Minae se han extraído ilegalmente $60 millones de Crucitas y, según el estudio de Astorga, la cifra asciende a $197 millones.
“$60 millones o $197 millones es inaceptable, pero es una circunstancia muy concreta que tenemos. Posiblemente sería muchísimo más si no hubiéramos desarrollado todas las actividades de contención que hemos desarrollado, al tener una actividad hoy en su punto mínimo”, afirmó el ministro de Ambiente.
Rodríguez defendió las acciones de contención realizadas, entre ellas la destrucción de los túneles que usan los coligalleros.
Por una pregunta de la diputada Corrales, el ministro admitió que “no hay un sistema de acueductos en Crucitas” y, consultado por Jorge Fonseca, dijo que la coloración de las aguas de quebradas podría haber cambiado por el “drenaje ácido” de la actividad minera.
