Criterios encontrados sobre la responsabilidad de la Ministra de Hacienda en la realización de pagos de deuda interna sin autorización presupuestaria, así como la ausencia de una posición oficial con respecto al matrimonio igualitario dejaron en evidencia —una vez más— fisuras que no dejan de abrirse en las filas del Partido Liberación Nacional (PLN).
La primera de las divisiones ocurrió cuando el Comité Ejecutivo liberacionista decidió pedir la destitución de la ministra Rocío Aguilar este jueves, tras comprobarse que Hacienda ya ha realizado pagos de amortización de deuda interna sin autorización presupuestaria por ¢182.000 millones.
Ese movimiento de la cúpula molestó a partidarios y a los propios diputados del partido, quienes se mostraron insatisfechos primero por no haber sido consultados y segundo por calificar el señalamiento como apresurado y sin mayores fundamentos.
El segundo de los casos llegó tras el fallo de la Sala Constitucional de este miércoles que instó a la Asamblea Legislativa a regular la figura del matrimonio igualitario, una petición ante la que se esperaba un posicionamiento claro del partido verdiblanco que finalmente nunca llegó, a pesar que militantes —especialmente de la Juventud Liberacionista— lo solicitaron enérgicamente.
Sobre este segundo caso, no hay disimulo en las filas verdiblancas. Tanto el Comité Ejecutivo como los congresistas aceptan que la agrupación está dividida, aunque lo matizan diciendo que es solo un reflejo de la realidad nacional y que no hay que encender las alarmas por ello.
Esta división ya se había evidenciado en la campaña de cara a la segunda ronda de elecciones, en la que se enfrentaron posturas conservadoras con posturas progresistas, y el duelo terminó partiendo en dos a la agrupación verdiblanca, que se quedó por fuera de los comicios presidenciales por primera vez en sus 66 años de historia.
Más recientemente, la cúpula y los diputados del partido ya se habían enfrentado por una diferencia de criterios para la selección de la próxima Defensora de los Habitantes; mientras que los propios congresistas ya habían mostrado ciertas divergencias internas en el apoyo a proyectos relacionados con temas como el aborto, firmando unos sí y otros no el que pretende garantizar la inviolabilidad de la vida ‘desde la fecundación’.
Sin avisos
El primero de los últimos dos encontronazos en estallar fue por la petición que realizó el Comité Ejecutivo de que la ministra Aguilar no siguiera en su puesto, el movimiento que molestó a militantes del partido que se enteraron de la decisión a través del mismo tuit que la mayoría de personas externas a la agrupación lo terminaron haciendo.
Específicamente, el texto llegó este jueves en horas de la tarde, cuando el Comité Ejecutivo afirmó que era “inaceptable” la permanencia en el puesto de la actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, tras comprobarse que su cartera pagó más de ¢182.000 millones en amortización de deuda interna sin contenido presupuestario, un movimiento que muchos califican como ilegal pero inevitable para evitar aprietos financieros mayores.
Por este problema, Hacienda ya solicitó un presupuesto extraordinario de 600.045 millones; sin embargo, la ministra reconoció que ya se han realizado pagos sin la aprobación presupuestaria para evitar incumplimientos y sus posibles consecuencias fiscales, pues no había sido informada a tiempo sobre el faltante estimado.
La actual Ministra de Hacienda pago 182 mil millones de colones sabiendo que ese monto no tenía contenido presupuestario. Ilegalidad absoluta. Su permanencia en el cargo es inaceptable.
— Liberación Nacional (@plncr) August 9, 2018
Esta solicitud del partido encendió las llamas apenas unas horas después, cuando el exvicepresidente de la segunda administración Arias Sánchez, Kevin Casas, y más tarde los actuales diputados de la fracción liberacionista se desmarcaron del pronunciamiento, tachándolo de apresurado y carente de fundamentos.
Casas incluso dudó de que esa posición del Consejo Ejecutivo reflejara “el ánimo de todo el PLN”, pues actualmente el país enfrenta “un momento muy delicado, que requiere mesura y no reacciones airadas”. “La prioridad no es salir en la foto, sino es evitar el abismo fiscal”, contradijo.
Ojo con esto. No creo que este tuit refleje el ánimo de todo el @plncr. Es un momento muy delicado, que requiere mesura, no reacciones airadas. Qué se establezcan las responsabilidades del caso. Pero la prioridad no es salir en la foto: es evitar que caigamos en el abismo fiscal. https://t.co/i06mhkFcWm
— Kevin Casas (@KevinCasasZ) August 10, 2018
Esta manifestación incluso fue compartida por la expresidenta Laura Chinchilla en sus redes sociales y su contenido fue similar al expresado por el jefe de fracción liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, quien subrayó que “la fracción no apoyará esa medida”.
Al respecto, Benavides afrimó que desde su bancada sí creen que la gestión en materia económica del Gobierno anterior fue “una calamidad” y que deben determinarse los responsables de que se tuviera que pagar deuda sin autorización presupuestaria; sin embargo, subrayó que “no han llegado a la conclusión de que la responsable sea doña Rocío” sino que más bien “creen que ha hecho una gestión valiosa en los últimos meses”.
“Vamos a investigar a profundidad las responsabilidades de esas actuaciones, pero no consideramos que con los elementos que tenemos para juzgar se le pueda señalar a doña Rocío como la culpable como para pedirle la renuncia”, apuntó.
La única pero visible excepción entre los diputados liberacionistas, al menos que haya expresado abiertamente su posición, fue la puntarenense Franggi Nicolás, quien incluso presentó este viernes una denuncia por relación de hechos ante el Ministerio Público para que se investigue el caso, aunque sin consultar al resto de sus compañeros, según confirmó el jefe de fracción.
“Esas son gestiones de la compañera a título estrictamente personal, está en su derecho, pero la fracción como tal no fue consultada al respecto ni se va a sumar a esa gestión (…) Nos parece que hacer una denuncia innominada podría generar más caos y desazón que soluciones puntuales, por lo que vamos a esperar la investigación de la Contraloría General de la República (CGR), que es el órgano especializado en esa materia”, indicó Benavides.
Ante la falta de respaldo de la fracción y de otros altos partidarios, el secretario del PLN, Fernando Zamora, defendió la posición que tomaron diciendo que quienes piensan distinto “tienen todo el derecho a hacerlo”, pero que “asumirán las consecuencias morales que implica hacer la vista gorda ante una inconstitucionalidad y una ilegalidad de tal naturaleza”.
No obstante, Benavides recriminó que, “aunque la relación es buena y cordial con los miembros del Comité Ejecutivo del Partido”, sí faltó comunicación, pues “no les dijeron que estaban pensando en hacer una petición de renuncia de la ministra ni les fue consultada”.
Sobre las palabras de Casas, Zamora fue más allá y señaló que “don Kevin es un militante más del partido, como hay muchos otros” y que “tiene todo su derecho a dar su opinión”, pero subrayó que “no entiende cómo se podría igualar la opinión de un militante con la posición oficial del Comité Ejecutivo”.
Matrimonio Igualitario
En cuanto al matrimonio igualitario, el choque de posiciones es generalizado y se evidenció tras el fallo de la Sala IV que declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo; fallo que dejó un plazo máximo de 18 meses al Congreso para que intente legislar antes de que la prohibición se elimine por sí misma.
Ese fallo ocurrió al borde de la medianoche del miércoles; sin embargo, desde entonces los verdiblancos no han extendido una sola posición oficial sobre la figura civil y su posición en relación con el matrimonio.
Sobre esa situación, tanto el Comité Ejecutivo como los diputados reconocen que no se han manifestado porque no la tienen una posición definida, pues las divisiones internas son tales que no permiten tomar acuerdos a esos niveles.
En campaña electoral ya se había visto parte de esa división cuando el excandidato liberacionista, Antonio Álvarez, manifestó posiciones conservadoras que fueron apoyadas y criticadas internamente, especialmente tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que instó al país a legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Sobre este tema, el secretario general Fernando Zamora afirmó que el partido “no ha tomado ninguna decisión al respecto”, pues “de momento no se han reunido el Directorio ni el Comité para ver ese tema”, por lo que sólo queda “ver la agenda”.
Por su parte, el jefe de fracción Carlos Ricardo Benavides indicó que “ese es un tema que siempre ha sido controversial en el partido”, pero que su fracción hará “todo lo posible por mantener una comunicación fluida” que guiará bajo el principio de que “las decisiones de los tribunales de justicia debe acatarse, más allá de lo que se pueda criticar” como “una obligación de cualquier demócrata”.
“En Liberación Nacional, como en la sociedad costarricense, hay personas más conservadoras y otras más liberales desde el punto de vista cultural y eso ha sucedido hoy y siempre, igual en la mayoría de las fracciones. Yo incluso dudo mucho que haya una sola fracción sin diversidad de criterios a lo interno. Nosotros intentaremos tener una posición lo más unívoca posible”, puntualizó.
Para el exvicepresidente Casas, quien analiza la situación desde la barrera, “será muy difícil para un partido que aspira a tener una visión de futuro negarse a aceptar la situación de los tiempos”, por lo que vislumbra un partido que “terminará reconociendo el matrimonio tarde o temprano, ojalá lo más temprano posible”.
Casas recientemente fue una de varias figuras liberacionistas que firmaron un pronunciamiento “por la igualdad y la no discriminación” contra parejas del mismo sexo que impulsó el Gobierno, una misiva que también apoyaron otros líderes del partido como los expresidentes Óscar Arias y Laura Chinchilla.
