Tras el anuncio de un nuevo préstamo externo de $200 millones para subsidiar pasajes de autobús, dos diputaciones de Liberación Nacional mencionan cambios a ese destino para compartir el dinero con sectores agrícolas e industriales.
La modificación ocurriría dentro de la Asamblea Legislativa porque la Comisión de Hacendarios debe aprobar el uso de los recursos, mismos que por ahora fueron anunciados como una negociación entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para firmar el empréstito externo.
“La subvención con el crédito de $200 millones podría aplicarse perfectamente para el transporte público como para subvencionar, por ejemplo, una rebaja al impuesto único de la gasolina. Se puede variar el destino para subvencionar cualquiera de las dos cosas”, explicó la presidenta de Hacendarios, la liberacionista Paulina Ramírez.
Después del precio internacional del crudo, el impuesto es el segundo segmento más grande que compone el precio del combustible del país. Este impuesto equivale a ₡157,75 de los ₡908 del litro de diésel; y ₡279 de los ₡958 del litro de gasolina súper. El dinero recaudado se reparte entre el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y las municipalidades para el mantenimiento y construcción de calles y carreteras.
La diputada Ramírez dijo a UNIVERSIDAD que el subsidio anunciado por el presidente Rodrigo Chaves ayer 22 de mayo es una medida de mediano y largo plazo, porque su pago está condicionado a la aplicación del cobro electrónico en autobuses.
“Como ellos hablan de que en el transporte público se dará hasta tanto implementen el sistema electrónico, me parece que esa medida es a mediano y largo plazo. Por lo tanto podríamos aplicarlo en una disminución (del impuesto a combustibles) e incorporar la subvención a la rebaja. Esto es lo que yo pienso. No es una posición de fracción pero es mi opinión”, explicó la diputada liberacionista.
Ramírez tiene apoyos del diputado Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, quien expresó un criterio similar este lunes en el programa radial Nuestra Voz. Este semanario pidió respuestas de Arias sobre si él solicitará que se use el préstamo del BCIE a subsidiar el diésel industrial, y sobre cuántos millones deberían invertirse entonces en los pasajes del transporte público. A la publicación de este artículo, la encargada de prensa de Arias, Angie López, afirmó que no sería posible contar la respuesta de Arias.
“El Gobierno anunció inicialmente que el empréstito se podría usar para hacer un subsidio en las tarifas de los buses, para que la gente más humilde que usa transporte público se pueda beneficiar. Eso está bien, eso ayudaría. Pero me parece que habría que pensar en usar parte del préstamo para bajar el diésel porque afecta, fundamentalmente, a la producción: el movimiento de tractores, de una bomba, el movimiento de todo lo que se usa en agricultura”, dijo Rodrigo Arias esta mañana en radio.
Por otro lado, la posición de estos influyentes liberacionistas podría ser retada por otras fracciones que fustigan los modelos de subsidios. Este es el caso del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP).
El PUSC preferirá rebajar el cobro del impuesto y cubrir el faltante con “subejecuciones” de instituciones públicas; así como también piensan en “exonerar del pago del impuesto del valor agregado al transporte del combustible de Recope a la estación”.
“Nos parece que nos compartimos la tesis de subsidiar a un sector específico. El PUSC trabajará alternativas para garantizar la disminución del costo de la vida”, dijo a este semanario el socialcristiano Carlos García, quien es secretario de la Comisión de Hacendarios.
En el caso del PLP, UNIVERSIDAD solicitó declaraciones al jefe de fracción y miembro de Hacendarios, Eli Feinzaig, pero declinó ser entrevistado. Su asesor Róger González afirmó que se enviarían declaraciones posteriormente.
Durante el mismo programa de Nuestra Voz, Feinzaig únicamente declaró apoyo a bajar el impuesto único a los combustibles, recortando el presupuesto nacional para suplir el faltante de la recaudación de ese dinero.
En todo caso, zanjar esta discusión requerirá de una mayoría en la Comisión de Hacendarios, donde el PLN cuenta con cuatro votos de los once que participarán en la revisión de las eventuales subvenciones de los pasajes.
Para este artículo también se intentó contactar a la jefa de Progreso Social Democrático, y miembro de Hacendarios, Pilar Cisneros, quien rechazó llamadas telefónicas de este semanario; y al diputado José Pablo Sibaja de Nueva República.
De acuerdo con Sibaja, los diputados “debemos tener mucho cuidado para no desvirtuar las subvenciones de esta naturaleza, como ha ocurrido con otros casos en el pasado”, en el caso de aplicar los subsidios al sector productivo.
“Sobre el tema de la subvención, nos parece que en tiempos de crisis el Estado debe hacer los esfuerzos que sean necesarios para enfrentar la problemática que vive la población, sobre todo la más necesitada. En estos casos, debe valorarse la relación entre el posible impacto financiero para el Estado de aplicar el subsidio, y el impacto socioeconómico general de la medida, que puede crear mejores condiciones sociales para las familias, pero que a la vez puede coadyuvar en el desempeño económico del país -mejores opciones de transporte para las personas- y, con ello, la misma recaudación para el erario”, respondió Sibaja vía el asesor de prensa Juan Diego López.
El diputado Sibaja también estima que la condicionalidad del pago electrónico para aplicar el subsidio en los pasajes “podría echar por la borda, por lo menos en la etapa actual de crisis, las bondades de la idea, pues muchos usuarios de los autobuses, como los estudiantes, personas adultas mayores y gran parte del sector informal, no necesariamente están bancarizados o están acostumbrados al uso de mecanismos electrónicos de pago.”.
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Consumidores habrían subsidiado hasta ¢4.780 millones anuales del asfalto que usó H Solís y Meco con impuesto de ¢8 por litro de combustible, reportó UNIVERSIDAD en julio del 2021
Nota de edición: Esta información fue modificada el jueves 26 de mayo para incluir la respuesta del diputado de José Pablo Sibaja, que fue enviada el mismo 23 de mayo, por la tarde.