El Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Liberal Progresista (PLP) y el Partido Nueva República (NR) se comieron el 70% del pastel de donaciones reportadas al Tribunal Supremo de Elecciones entre el 19 de marzo del 2020 y el 30 de noviembre del 2021, según reporta el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en su sitio.
En total se reportan alrededor de ¢1.357 millones en donaciones entre 45 partidos de alcance nacional y provincial, de los cuales ¢881 millones entraron en efectivo y ¢476 millones en especie.
Entre los montos hay donaciones en efectivo y especie reportadas durante parte del periodo electoral, pero también se incluyen cuotas de integrantes al partido e ingresos que reúnen, principalmente los de mayor trayectoria, al renovar sus estructuras partidarias en las convenciones.
Nueva República es el segundo partido con más donaciones, después del PLN, y concentra el 68% de las donaciones en especie con un valor por más de ¢324 millones.
Y el donante que más dinero ha aportado a un partido político es Francisco Quirós Ramos de Anaya, vicepresidente de la Junta Directiva de Purdy Motor, quien donó más de ¢192 millones al PLP.
Quirós Ramos, y su sobrino Amadeo Quirós, también figuran entre los principales compradores de certificados de cesión, o bonos de deuda política con la adquisición de bonos por un valor de ¢177 millones en tres partidos: el Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), el Partido Liberal Progresista (PLP) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Familia Quirós apuesta más de ¢177 millones al Partido Republicano, al Liberal Progresista y a la Unidad Social Cristiana
Javier Quirós Ramos, vicepresidente de la Junta Directiva de Purdy Motors, y su sobrino Amadeo Quirós figuran entre las personas físicas con los principales montos en bonos de deuda política reportados hasta la fecha en el TSE.
El sistema de financiamiento político en Costa Rica es mixto, una parte es privada (donaciones) y otra parte es pública (deuda política). En el caso de las donaciones, el Código Electoral prohíbe recibirlas de personas jurídicas y personas extranjeras. También, desde el 2009 se eliminó el tope a las donaciones privadas que reciben los partidos.
Los bonos de cesión son otra forma de financiamiento legal de los partidos políticos con riesgo de pérdida total o parcial para quienes los compran, en el que los partidos ‘ceden’ o venden su derecho a la deuda política a personas físicas que desean obtener alguna ganancia con intereses, a bancos privados por medio de fideicomisos o a medios de comunicación como medio de pago ya que el financiamiento público al que tienen acceso de manera anticipada es limitado.
El TSE ha señalado el mecanismo de financiamiento por medio de certificados de cesión como “perverso” por facilitar las donaciones encubiertas, cuando no se logran cubrir con la deuda política y desde el 2013 ingresó una reforma a corriente legislativa para, entre otras cosas, aumentar el financiamiento anticipado.
Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), considera que la ciudadanía debería estar preocupada por los donantes y compradores de bonos “casi de la misma manera que de los programas de gobierno”.
“Tenemos que seguir el rastro del dinero porque quién paga la orquesta decide la música y podemos tener a muchas personas que se presentan como representantes del partido, pero el compromiso que puedan asumir con ciertos personajes podría depender de la cantidad que reciben de esas personas” dijo Rosales.
Empresarios y asesores figuran entre principales donantes
Entre los principales 15 donantes, si excluimos las donaciones que los candidatos hacen a sus propios partidos, encontramos al publicista Jorge Oller una donación en efectivo por poco más de ¢61 millones al Partido Liberación Nacional (PLN).
El tercer donante más grande es el empresario y vicepresidente de la Junta Directiva del grupo bancario Pival, Jack Frederick Loeb Casanova, con varias donaciones en especie hechas al Partido Social Democrático por la suma de ¢44 millones de colones. Entre el 2009 y el 2014 este empresario realizó donaciones al PLN, reportó el medio digital AmeliaRueda en el 2015.
Mario Arturo Esquivel, quien también es miembro de la Junta Directiva del grupo bancario Pival, donó cerca de ¢16 millones al PLN.
El actual director de estrategia política de la campaña de Fabricio Alvarado, Iván Barrantes, donó en especie alrededor de ¢39 millones. Barrantes también asesoró en el pasado al PAC, con la campaña que llevó a la presidencia a Luis Guillermo Solís, y al PLN.
El vicepresidente de la Junta Directiva de Cuestamoras, Carlos Manuel Uribe, donó ¢31 millones al PLN y Armando Gonzáles Fonseca, empresario de tiendas de conveniencia como AMPM, donó más de ¢9 millones al PLP.
González fue vinculado a los Panama Papers con una sociedad del Fresh Market. Según la investigación publicada por UNIVERSIDAD, el empresario solicitó al bufete crear una sociedad en Panamá con mismo nombre de la cadena que tienen en Costa Rica en la que él figuraba como presidente y su esposa como vicepresidenta.
Además, “(…) Ramón Fonseca, uno de los dos grandes socios de Mossack Fonseca, es el Tío de Armando González Fonseca y tío segundo de Carlos González Jiménez” según el informe de la comisión del plenario que investigó los Panama Papers.
La investigación internacional de los Panama Papers reveló como el bufete panameño Mossak Fonseca ayudaba a crear sociedades en paraísos fiscales.
Finalmente, dos familias empresarias hicieron donaciones al PLN: los hermanos Esquivel Volio donaron cerca de ¢30 millones y los hermanos Batalla Esquivel por alrededor de ¢22 millones. Ambas familias cuentan con varias sociedades e inversiones en inmobiliarias y constructoras.
El politólogo Rotsay Rosales dijo, a la luz del comportamiento de algunos montos entre las donaciones, podría ser necesario volver a poner topes a los gastos de campaña y a las donaciones, como lo hacen en otros países.
“Es mucho mejor para la democracia tener muchos donantes pequeños que muchos grandes” aseguró y también urgió a la Asamblea a mejorar las capacidades de fiscalización del TSE.
Según Rosales, los datos sobre la compra de certificados de cesión y las donaciones a los partidos revelan dos fallas importantes en el sistema que afectan el funcionamiento de la democracia y que podrían notar los observadores electorales de la OEA: la inequidad en la competencia entre partidos y la posibilidad de comprometer la autonomía de las decisiones con montos altos en donaciones.
