Una moción firmada por el diputado Gustavo Viales permitirá que en el 2022 las ocho municipalidades ahora señaladas por el caso de corrupción “Diamante” reciban una inyección de ₡3.992 millones de fondos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para el mantenimiento vial cantonal.
Estos millones representan un 13% del recorte que los diputados propinaron al Conavi, en una sesión de la Comisión de Hacendarios del pasado 19 de octubre; esto fue casi cinco semanas antes de los allanamientos por la investigación de “Diamante”.
En la votación, la única diputada que manifestó oposición, según actas, fue la oficialista Laura Guido, quien se quejó de la reducción del “37% la subpartida de Mantenimiento de Vías de Comunicación” legalmente atendida por el Conavi. El cambio fue reafirmado en la votación del primer debate del Presupuesto Nacional, este martes.
En total, los diputados de oposición de la Comisión de Hacendarios aprobaron un recorte de ₡29.244 millones para el Conavi. Esta institución originalmente solicitó ₡80.811 millones para el mantenimiento de las vías nacionales.
Conavi es la institución más señalada en un caso previo de corrupción, conocido como “Cochinilla”, en el que la investigación judicial señala tráfico de influencias, dádivas y otras presuntas ilegalidades en la contratación de obra vial nacional a las constructoras Meco y H Solís.
Meco es justamente el vínculo que une las acusaciones de “Cochinilla” con los casos municipales de “Diamante”, donde alcaldes y otros funcionarios municipales son investigados, entre otros, por favorecer a la constructora del empresario Carlos Cerdas.
Moción de Viales pasa mil millones a San Carlos
Según confirmó UNIVERSIDAD, los ₡29 mil millones recortados al Conavi fueron distribuidos en manos de las 82 municipalidades del país, pero la distribución fue desigual.
En el cambio presupuestario de Gustavo Viales, la mayor beneficiaria fue la Municipalidad de San Carlos, a la cual los diputados transfirieron ₡1.143,9 millones (alrededor de 3,9% del dinero que se tomó del Conavi).
San Carlos es una de seis municipalidades en las que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a su respectivo alcalde y una de las cuatro en las que el caso “Diamante” involucra a un alcalde liberacionista. El martes 23 de noviembre, el alcalde Alfredo Córdoba renunció a su salario tras conocerse su suspensión del cargo jerárquico por los siguientes seis meses. La renuncia ocurrió horas después de un llamado del candidato de Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, a que los alcaldes verdiblancos enfrenten la medida cautelar de suspensión sin goce salarial.
La segunda municipalidad del caso “Diamante” que recibirá más dinero del Conavi es la Municipalidad de Osa, donde el OIJ detuvo al alcalde del PLN, Alberto Cole. Los diputados le asignaron a Osa un total de ₡628 millones (2,15% del recorte a Conavi).
Cole habría recibido para su campaña en las elecciones municipales del 2020 un aporte de “₡1,8 millones” de la empresa Meco, según investiga el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por denuncia del diputado frenteamplista José María Villalta.
UNIVERSIDAD buscó al diputado Gustavo Viales para conocer los criterios aplicados en la distribución de los ₡29 mil millones y, también, en otra moción atinente a las partidas del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi) que también se aprobó el 19 de octubre.
La tarde del 22 de noviembre, su asesora Bressia Benel informó a este semanario que el legislador “no dará declaraciones” por ninguno de los dos cambios al presupuesto 2022.
Viales defendió ante la Comisión de Hacendarios que el cambio procura que “puedan los gobiernos locales sostener ese casi 80% de la red vial del país y evitar una afectación”.
También se solicitaron declaraciones a la diputada Ana Lucía Delgado, presidenta de la Comisión Hacendarios; y al jefe de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank. Delgado y Cruickshank hablaron en favor de la moción, el 19 de octubre. Ninguno de los legisladores respondió a las solicitudes de UNIVERSIDAD.
