A pesar de que la experiencia minera nacional e internacional está plagada de desastres ecológicos, desde la fracción del Partido Liberación Nacional se insiste en promover esa actividad como una vía de “desarrollo social”.
El año pasado, varios diputados y diputadas de esa bancada increparon ardientemente al ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, sobre el tema de la actividad ilegal de coligalleros en Crucitas de San Carlos, donde Industrias Infinito pretendió establecer una mina de oro a cielo abierto.
Cabe recordar que el proyecto minero, tras una declaratoria de interés público y conveniencia nacional por parte del entonces presidente Oscar Arias, implicó la tala de miles de árboles de una variedad de almendro, no solo en sí misma amenazada, sino que es de vital importancia para la lapa verde, a su vez en peligro de extinción.
Si bien las voces liberacionistas de crítica a la gestión del actual gobierno en el sitio de Crucitas y en defensa de la minería metálica parecieron silenciarse tras las denuncias por violación contra Arias publicadas por UNIVERSIDAD, volvieron a la carga el pasado 8 de mayo, cuando se realizó un foro en la Asamblea Legislativa, titulado “Desarrollo social y económico de la actividad minera metálica y sus requerimientos”.
Esa actividad fue organizada por el legislador Jorge Fonseca y la diputada María José Corrales, quien en la apertura del evento expresó que la minería es una actividad que “muchas veces reprimimos y subordinamos en su propio campo de acción, pero que es vital para el desarrollo económico de las naciones y Costa Rica no es la excepción”.
Dijo que el desarrollo social debe estar ligado “al desarrollo económico, al capital humano, al capital social y de último, pero no menos importante, al capital natural”, y que en el país “la actividad minera que promueve desarrollo no se planifica ni se aprovecha, sino más bien se prohíbe”.
La legisladora añadió que la minería metálica está supeditada actualmente a ser una actividad de subsistencia, “dejando de ser considerada una actividad económica para ser percibida únicamente como de gran impacto ambiental”.
Dijo que como consecuencia de “este pensamiento” y de “malas decisiones” se ha dado “el gran caos social, ambiental y económico en ciertos sectores de nuestra población, como por ejemplo en la comunidad de Crucitas, donde reina la ilegalidad y el descontrol de lo que debería ser un manejo eficiente y eficaz de los recursos naturales ahí existentes”.
Corrales apuntó que una estimación de diciembre del año pasado estableció que el oro “producido y exportado al exterior, más el total de oro perdido por procesamiento ineficiente, supera los $300 millones”. Ante la pregunta sobre el origen de esa cifra, replicó que es “un recopilado de información que nos han suministrado distintas instituciones, en parte por parte del estudio realizado por la Dirección de Geología y Minas, del Minae”.
Consultada por este semanario, Corrales subrayó que no se ha presentado desde su despacho ni desde la fracción, ningún proyecto de ley tendiente a abrir las puertas a la minería metálica. “Somos responsables y sabemos que se debe abrir el tema a debate, se debe intensificar y tener todos los insumos técnicos oportunos en el caso de que se considere presentar un proyecto de ley de esta magnitud”, expresó.
Se le mencionó a la diputada el peso que acarrean antecedentes como el desastre en Minas Gerais, Brasil, en enero pasado, o varios casos en Costa Rica como la abandonada mina en Líbano de Tilarán, donde permanecen más de cien toneladas de desechos tóxicos. También el caso de la deforestación del cerro Petaquilla, en Panamá (Ver recuadro).
Corrales replicó que “hay una preocupación ambiental en todos los casos, no solo en temas de minería, sino por cualquier afectación que se pueda generar, más con el tema de cambio climático, somos bastante consecuentes”. Además, informó que revisa “la temática en cada uno de estos países cercanos, que por geografía pueden tener alguna relevancia o concordancia con nuestro país; sin embargo, también es importante contemplar todo lo que tenga que ver con mitigación ambiental”.
Así, señaló que “la prioridad en este momento… también no tenemos que irnos muy largo para ver los desastres ambientales que se puede causar por medio de la minería en otros países, tenemos el ejemplo de Crucitas, claramente es un desastre ambiental”.
Minería “satanizada”
En el foro participó entre otras personas el geólogo Fernando Nietzen, quien se refirió al tema del impacto ambiental y repercusiones de la minería ilegal. En realidad su intervención consistió en una larga queja porque la minería “ha sido satanizada en todo el mundo por tergiversaciones” y en transmitir la pretensión de que permitirla en el país sería un acto de “empatía y mayor compasión por la gente que necesita recursos”.
Nietzen insistió en que en Costa Rica, cuando se habla de minería, no se busca a “expertos” como él, sino que en el país “se prohibió el conocimiento geológico, avanzamos hacia el subdesarrollo” y que la culpa de ello recae sobre “los medios de desinformación”, pues “llevamos tres décadas de ser saboteados”.
Para alguien que se queja de que el criterio experto no es consultado, Nietzen hizo varias aseveraciones sobre la crisis fiscal, el desarrollo sostenible y el crecimiento de la desigualdad en el país que revelaron su escaso conocimiento sobre esos temas; principalmente porque los atribuyó al hecho de que el país no está sumisamente abierto al empuje de las compañías mineras.
Gabriela Calvo, coordinadora de la comisión de geología del Colegio de Geólogos, se refirió al “Costo-beneficio de la actividad minera”. Básicamente recurrió a información del Atlas de Evaluaciones de Recursos Minerales, que se elaboró en 1987 con el Servicio de Geología de Estados Unidos, para aseverar que Costa Rica es un país rico en recursos metálicos, como el oro, plata, cobre, plomo, zinc, bauxita.
En el foro también participaron el ingeniero Néstor Chamorro; Rigoberto Badilla, de Coopeabangares; y Manuel Carmona, de la Empresa Nacional de Minería de Chile.
A la actividad se hicieron presentes los embajadores de Chile, Óscar Alcamán; República Dominicana, Octavio Lister; y de China, Heng Tang.
Corrales mencionó que al embajador de Chile se le invitó por cortesía, tras su colaboración para que participara Carmona. Añadió que República Dominicana “es de los países que tiene condiciones más similares con las características nuestras y que también realizan algunos proyectos mineros”.
Dijo que el Embajador de China “tenía bastante interés en acompañarnos para empaparse del tema y la situación.” La diputada subrayó que la invitación fue extensiva a varias embajadas y ministerios, entre ellos el Minae, cuyo jerarca confirmó, pero de última hora debió cancelar su participación. “Fue invitación abierta a todo el público. Quisimos que se presentaran distintos actores de la sociedad civil para así poder enriquecer más los criterios”, añadió.
Desastre en Panamá
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) ha denunciado desde hace tiempo la hecatombe ecológica que significa la actividad minera en el cerro Petaquilla, pues ha implicado la afectación de unas 5.500 hectáreas de bosques tropicales.
Se trata de dos proyectos de minería a cielo abierto en ese cerro, ubicado a unos 180 kilómetros al norte de Ciudad Panamá.
La organización ambientalista Mongabay denunció la explotación de oro por la empresa de capital panameño Petaquilla Gold, a lo que se sumó la explotación de cobre por parte de Minera Panamá, empresa subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.
Esa publicación destaca que se trata de bosques pertenecientes al Corredor Biológico Mesoamericano y que, además de la deforestación, tres importantes cuencas hidrográficas están dentro del área de influencia de la minería, la del río Petaquilla, río Caimito y río San Juan.
El CIAM ha emprendido acciones legales contra la renovación de la concesión a Minera Panamá. En abril presentó un recurso de amparo contra una polémica orden ejecutiva que autorizó al Ministro de Comercio e Industrias para proponer ante el Poder Legislativo un proyecto de ley que aprueba el contrato entre el Estado y la Sociedad Minera Petaquilla, S.A., hoy denominada Minera Panamá.
En un comunicado de prensa, la organización puntualizó que la minería a cielo abierto “es una de las actividades más perjudiciales para el ambiente, ya que genera contaminación hídrica por metales pesados, erosión excesiva y sedimentación de cuerpos de agua, así como la deforestación masiva de bosques”.
