Una nueva propuesta de ley buscará abrir el camino para empezar a aplicar la reciente reforma al artículo 112, que instauró la posibilidad de remover a diputados de sus puestos si faltan al deber de probidad.
La inclusión en la Constitución Política de esta norma de despido fue una iniciativa que dejaron avanzada los anteriores diputados y el primer gran proyecto que aprobaron los actuales congresistas tras su llegada; sin embargo, se mantenía pendiente de un marco normativo para su aplicación.
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Ese marco normativo, precisamente, es la propuesta que ahora realizó la diputada del Partido Liberación Nacional, Yorleny León, quien señaló que esto ahora permitirá evitar “la impunidad parlamentaria” y “establecer que nuestros actos son susceptibles de acarrear responsabilidad”.
“Los diputados no estamos exentos de que nuestros actos respondan a esa honradez, a ese convencimiento de que nos asista la razón. En ese sentido, esta iniciativa permitirá que desarrollemos la legislación necesaria para garantizar a los ciudadanos que nuestros actos responden al interés colectivo”, acotó.
El texto cuenta con cinco artículos únicamente, los cuales dejan la responsabilidad de determinar si existió una falta a la Procuraduría de la Ética Pública, entidad que encontró faltas éticas de al menos siete exdiputados durante el cuatrienio pasado, según informó en su momento el diario La Nación.
Estas acusaciones —incluidas algunas relacionadas con el caso del cemento chino contra los excongresistas Otto Guevara, Víctor Morales Zapata y Johnny Leiva— no pudieron castigarse, pues aún no existía la reforma constitucional para hacerlo ni mucho menos una legislación para aplicarla.
La nueva propuesta, sin embargo, no solo agrega el procedimiento para hacerlo a la reforma hace pocos meses aprobada, sino que además intentará reducir los plazos para el conocimiento de los informes que haga la Procuraduría.
Muchos informes de ese ente se han engavetado en la corriente legislativa en ocasiones pasadas, motivo por el que el proyecto de ley pone un plazo límite de 24 horas para que la Presidencia de la Asamblea Legislativa informe al pleno de los legisladores el recibimiento del expediente en cuestión.
Así mismo, el texto propone que si efectivamente se encuentra una falta, se empezará a aplicar de inmediato la destitución, como establece el reglamento de la Asamblea para miembros de los supremos poderes.
“En caso de que la Asamblea Legislativa acuerde la pérdida de credencial por una votación calificada, lo comunicará al Tribunal Supremo de Elecciones, para la sustitución del diputado que ha perdido la credencial” y “no cabrá recurso alguno”, citan la iniciativa.
Para entrar en vigencia, el proyecto deberá contar con el respaldo de al menos 38 congresistas en dos votaciones, algo que no parecería tan complicado si se toma en cuenta que esta misma nómina legislativa fue la que refrendó la reforma constitucional de la que parte este texto. Además, la iniciativa deberá pasar por el trámite regular del Congreso, caracterizado por la lentitud de sus actos.
