Para que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.366) pase tal y como quiere el Gobierno que pase, primero tendrá que vadear el orgullo liberacionista por dos de sus alhajas políticas: la Dirección General de Servicio Civil creada por la Asamblea Constituyente de 1949, y la Universidad de Costa Rica (UCR), de la que fue constructor uno de los fundadores del partido, Rodrigo Facio Brenes (1917-1961). Fuentes internas de Liberación Nacional explicaron a UNIVERSIDAD que esa herencia política “pesa”.
En el marco de las negociaciones de Empleo Público, un grupo de liberacionistas difiere con su jefe Luis Fernando Chacón (miembro de la Comisión de Gobierno, que tramita el proyecto). El choque involucra a la subjefa Karine Niño, quien sostiene una pequeña barricada para salvaguardar esas dos instituciones fundacionales de su partido.
En términos políticos, la fragmentación del Partido Liberación Nacional (PLN) separa al proyecto de Empleo Público del plenario legislativo. El trámite requiere que las fracciones acuerden abrir un segundo día para recibir mociones 137, en las cuales los diputados del pleno puedan incidir en cambios para el plan.
“Buscamos un plan ‘B’ para blindar que la autonomía se respete”, subjefa del PLN, Karine Niño
Pese a que el PLN mantiene tres diputados dentro de la Comisión de Gobierno y Administración —el jefe Luis Fernando Chacón, Jorge Fonseca y a David Gourzong—, un bloque insiste en pedir “tiempo” antes de que la Comisión vea el tema.
Existen dudas sobre la politización de la Dirección del Servicio Civil, en el caso de que el Ministerio de Planificación mantenga la rectoría compartida del empleo público. También dudan sobre roces respecto con la autonomía de las universidades públicas y municipalidades, las cuales el Gobierno y, también, la Comisión de Gobierno, se niegan a sacar del proyecto.
“La mayoría de nosotros creemos en asegurar la autonomía universitaria contemplada en la Constitución Política, y nos da miedo que roce con esa disposición que creó el constituyente, la cual fue demasiado robusta. Sin embargo, hemos formado, estamos construyendo que el régimen salarial de las universidades no sea parte de las regulaciones que se den en un momento de crisis histórica, como en la que estamos hoy. Buscamos un plan B para blindar que la autonomía universitaria se respete”, explicó Karine Niño, este martes, en una entrevista con UNIVERSIDAD.
“Nosotros estamos trabajando en eso: cómo dejar contemplado dentro del proyecto de Empleo Público el respeto a esa autonomía que, incluso, a nivel latinoamericano, es de las más fuertes que hay. Nos costó mucho, nos ha costado sangre, hay que tener cuidado de cómo indistintamente protegerla”, dijo Niño también.
Pese a las preocupaciones de Niño, también acompañadas por el diputado Roberto Thompson (quien envió a la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular un proyecto alternativo, junto con el socialcristiano Pedro Muñoz), la subjefa no figura en la reuniones concertadas con emisarios de Gobierno, coordinadas por el oficialista Víctor Morales, como presidente de Gobierno y Administración.
Al margen de esas reuniones, la oposición de Niño cuenta con el reproche del jefe liberacionista Luis Fernando Chacón quien, en un video enviado a UNIVERSIDAD durante la noche del martes, asegura que un bloque de su bancada se opuso a la “quema” de las mociones esta semana. Para este artículo, Chacón rechazó dar un espacio de entrevista, el cual ha sido solicitado directamente con el diputado en varias ocasiones por este semanario.
“En fracción, acordamos no ver el tema el lunes ni martes, pero que se tenía que ver el miércoles 17 de febrero. Hoy pidieron más espacio, para el día jueves, y por eso llamé a don Víctor Morales para que fuera testigo de la posición, porque lo cierto es que los integrantes de Gobierno y Administración hemos venido trabajando arduamente en este proyecto. Me preocupa que pidan tiempo y no presenten mociones”, acusa Chacón en el video que envió su asesora María José Cerdas a UNIVERSIDAD.
Según la diputada Niño, sus mociones están en camino, aunque aún no toda la fracción conoce el texto del proyecto de ley de Empleo Público y, tampoco, sus implicaciones. Marginar a la fracción mayoritaria del congreso, ahora, le pasa la factura a un Gobierno urgido por aprobar su plan.
PLN resiste Empleo Público tal y como lo quiere el PAC
Pese a las acusaciones de Chacón, en entrevista durante el miércoles 10 de febrero, el legislador Roberto Thompson aseguró a UNIVERSIDAD que “nadie está obstaculizando el proyecto pero queremos que salga bien”.
De acuerdo con Thompson, el Gobierno es quien evitó tender puentes con la oposición liberacionista.
“Yo tengo la impresión de que no ha habido, realmente, una gestión de la Presidencia ni del Ministerio de la Presidencia respecto a este tema. Ha sido omiso el Gobierno, ha sido realmente errático en la construcción de estos acuerdos, que han venido dándose más a nivel de la Asamblea Legislativa”, aseguró Thompson.
“Ha sido omiso el Gobierno, ha sido realmente errático en la construcción de estos acuerdos que han venido dándose más a nivel de la Asamblea Legislativa”, Roberto Thompson
La prisa nace del inminente acuerdo de crédito por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que mantiene como punto fiscal crucial al empleo público nacional, pero la premura agrava los descuidos políticos.
“Mi preocupación más grande es que nosotros vivimos en un Estado de derecho y que, lejos de lo que es popular o lo que la campaña presidencial me tira, hay que tener claro que hay que buscarle solidez jurídica para que, al final, se pueda implementar una reforma como esta. Esta es una reforma estructural total y, lamentablemente, el texto no fue construido por expertos que conozcan la institucionalidad costarricense. Nuestra legislación ha costado muchos años para tener que pasar un proyecto así como está, porque el Fondo Monetario lo pide”, dijo la subjefa Karine Niño en entrevista con UNIVERSIDAD.
Propuestas de Karine Niño para Empleo Público
Sobre autonomía de las universidad públicas: “Asegurar en el capítulo de directrices que corresponde a la autonomía universitaria y el régimen salarial, que son directrices que emite la Dirección de Servicio Civil, los acoja la universidad de acuerdo a su autonomía”.
Sobre rectoría del Servicio Civil: “Nos acogemos a las recomendaciones del grupo multisectorial (de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular). La Dirección tiene que ser parte del Mideplan pero como una institución desconcentrada donde pueda tener capacidades y potestades para las políticas que le corresponden”.
