País

PLN acuerpa dispensa de trámites para reducir marchamo 2022 de Franggi Nicolás

Descuentos aplicarán para vehículos con valor fiscal menor a los ¢15 millones; proyecto también reduce el canon del CTP que pagan taxistas y autobuseros

La Asamblea Legislativa pasaría por la vía rápida una nueva rebaja a los marchamos de este 2022, tal y como ocurrió en el 2021. De acuerdo con la liberacionista Franggi Nicolás, primera firmante del proyecto de ley, cuenta con el apoyo de los 17 diputados de su fracción, así como los votos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional, Nueva República, Integración Nacional, Restauración Nacional y el Republicano Social Cristiano.

“Liberación Nacional, el día de hoy, discutió y analizó a profundidad si iba a poner sus votos para la vía rápida de este proyecto de ley, considerando que estamos muy ajustados en el tiempo y tiene que aprobarse antes del 1 de noviembre que empieza el cobro. Felizmente, hoy la fracción de Liberación Nacional ha decidido aprobar y apoyar, también, esta moción de vía rápida”, dijo Nicolás a UNIVERSIDAD.

El proyecto de Ley para el alivio en el pago del marchamo 2022 (22.519) establece tres tractos de descuento para el impuesto a la propiedad de vehículos (que constituye el 63% del cobro del marchamo vehicular).

Para los vehículos particulares que tienen un valor fiscal hasta los ¢7 millones, pagarían la mitad (50%) de ese impuesto. El mismo descuento aplica para vehículos de carga liviana con un valor de hasta ¢15 millones. Asimismo pagarán la mitad del cobro “todos los vehículos de las categorías carga pesada, busetas y autobuses, turismo, maquinaria agrícola, renta car y servicio público”.

En el caso de automóviles entre ¢7 y ¢10 millones, la reducción es del 25%. Los vehículos de un valor de más de ¢10 millones recibirán un 15% de descuento.

Al igual que ocurrió en el 2021, el proyecto de ley plantea reducciones del canon que cobra el Consejo de Transporte Público.

En este caso, los operadores de taxi pagarían un 50% de su canon; los operadores de rutas regulares de autobús un 16,79% y los operadores de “servicios especiales” un 16,63%.

El expediente 22.519 se envió a consulta durante la semana pasada. La Comisión de Económicos del congreso pidió criterio del Instituto Nacional de Seguros (quien cobra el marchamo); el Ministerio de Hacienda; la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y el Consejo Nacional de Vialidad. Según indicó el despacho de la diputada Nicolás, las consultas se recibirían en el plenario, una vez que se apruebe la moción de dispensa.

No se envió consulta al CTP, una de las entidades que objetó el año pasado este cambio, en razón de perder recursos para financiar sus servicios.

Suscríbase al boletín

Ir al contenido