La Asamblea Legislativa en pleno sesionará cuatro veces este miércoles 17 de mayo, con el fin de avanzar en la discusión del expediente 23.090 que según las autoridades judiciales, debe aprobarse antes del 7 de junio para evitar que cabecillas de organizaciones delictivas salgan de prisión.
El acuerdo se logró a pesar de que la fracción del partido Unidad Social Cristiana intentó infructuosamente que se sesionara hasta las 11:30 de la noche, algo que claramente violentaría el máximo de 12 horas de trabajo establecidas como límite en una jornada laboral de trabajo.
El proyecto reforma la Ley contra la delincuencia organizada, la Ley de creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada y la Ley de fortalecimiento a la jurisdicción especializada, y entre otros impactos está el desarrollo de los megacasos de corrupción Cochinilla y Diamante.
Las y los diputados aprobaron discutir este proyecto y el 21.182 -que permitiría jornadas laborales ordinarias de 12 horas- por medio de un procedimiento abreviado, es decir, con prioridad sobre cualquier otro asunto y en un plazo máximo de 14 sesiones.
Sin embargo, la diputada Carolina Delgado ha interpuesto contra el proyecto cientos de mociones de fondo y de revisión, que deberán discutirse para poder avanzar con la aprobación del texto.
Por esa razón, las fracciones en pleno acordaron sesionar tres veces el miércoles por la tarde, y dos el jueves por la tarde, de modo que en sólo esos dos días realizarán 7 sesiones en total.
Con una moción de orden, la fracción socialcristiana pretendió que se sesionara este martes hastalas 11:30 p.m., pero la misma fue declarada inadmisible por la presidencia legislativa pues siendo este un proceso abreviado, sólo pueden analizarse dos mociones de orden y ya habían procesado dos.
Así mismo, el diputado Luis Mendoza, quien fue presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica del 2013 al 2014, dijo que eso era imposible pues el funcionariado legislativo no puede laborar más de doce horas, de acuerdo con el código laboral.
El Poder Judicial ha expresado que urgía convocar y aprobar el proyecto 23.090, que «elimina distorsiones que produciría la entrada en vigor de la Ley 9481 este 7 de junio, para los asuntos graves y complejos que se tramitan en materia penal. Ello está relacionado, entre otros temas, con la declaratoria de crimen organizado y los consiguientes plazos y procedimientos aplicables.
«La iniciativa evitará la puesta en libertad de personas imputadas en asuntos de crimen organizado que se encuentran presas al 7 de junio de 2023 y hayan sobrepasado los plazos ordinarios de prisión preventiva y asegurará mayores plazos de prisión preventiva para los asuntos que califiquen como delincuencia organizada», expresaron el 27 de abril en un comunicado de prensa.
