País

Plenario demolió moción de Fabricio Alvarado y PUSC que solicitaba al presidente Chaves valorar retiro de CIDH

Mayoría de diputados se apegó a tradición del país de respeto a derechos huamnos y rechazó alegato de que sentencia sobre caso Beatriz y otros vs El Salvador implicaría legalizar el aborto

El Plenario legislativo rechazó por amplia mayoría una moción impulsada por el diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República (NR), y apoyada por la mayoría de los legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que pretendía solicitar al presidente Rodrigo Chaves que considerara retirar a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La propuesta era liderada desde la semana pasada por Alvarado, quien intentó presentarla desde el jueves. El diputado de NR alegaba que ante el caso “Beatriz y otros vs El Salvador”, que se tramita en la CIDH, tiene el trasfondo de legalizar el aborto en América Latina, por lo que solicitan al presidente Chaves que, en caso de una sentencia contra el gobierno de El Salvador, “adopte una postura firme de denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, para retirar a Costa Rica del sistema interamericano de derechos humanos.

La petición de Alvarado fue firmada por compañeros de su bancada José Pablo Sibaja, Rosalía Brown, Olga Morera y Yonder Salas, y seis diputados del PUSC, incluida la jefa de fracción María Marta Carballo, Horacio Alvarado, Carlos Robles, Alejandro Pacheco, Melina Ajoy y Vanesa Castro. Leslye Bojorges, que no la rubricó, luego la votó a favor, mientras que Castro la terminó votando en contra, junto con sus compañeros Carlos Felipe García y Daniela Rojas.

Sin embargo, ante el Plenario solo obtuvo ocho votos. Las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y el Partido Liberal Progresista (PLP) votaron en contra, junto con el oficialista Progreso Social Democrático (PSD), dos diputadas independientes y los tres diputados mencionados del PUSC lo rechazaron, con una amplia mayoría de 33 votos.

Alvarado abogó por su propuesta, alegando que el caso “Beatriz y otros contra el Salvador”, que ingresó en enero del 2022 a la CIDH, y entró a la fase de alegatos y observaciones finales, representaría un intento de legalizar el aborto en la región.

“Creemos que en caso de que el gobierno de El Salvador sea sentenciado, sería vinculante, ya la CIDH nos obligó a legalizar la fecundación in vitro y el matrimonio LGTBI, sería la tercera vez que quieren imponernos algo, pasando por encima de los poderes legislativo y judicial”, expresó Alvarado.

El caso Beatriz y otros vs El Salvador se remonta a un proceso en el 2013, cuando esta persona intentaba interrumpir un embarazo, pero se le negó por la prohibición absoluta que existe en ese país, lo que amenazó su vida. El 3 de junio se realizó una césarea, y el feto anencefálico falleció a las cinco horas.

Alvarado aseguró que en este caso,  organizaciones que impulsan una agenda abortista tratan de engañar con este proceso, pero que la madre falleció cuatro años después del embarazo en un accidente de tránsito.

Sin embargo, la diputada Rocío Alfaro, del FA, advirtió que la tergeversación provenía de Alvarado, ya que el caso se sustentó en la negativa del Estado de El Salvador de darle la atención a una mujer cuya vida estaba en riesgo, y acusó a Alvarado de ser, a su vez, parte de una agenda internacional que trata de debilitar la defensa de los derechos humanos en el hemisferio.

Por su parte, la oficialista Pilar Cisneros explicó que, aunque el Gobierno mantiene una postura de defensa de la vida en todas las circunstancias, la propuesta de Alvarado era improcedente, porque “no se puede votar por algo hipotético”, en el sentido de que la CIDH ni siquiera ha resuelto este caso.

A su vez, Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), advirtió que sería muy peligrosa cualquier iniciativa que pretenda sacar a Costa Rica del sistema interamericano de derechos humanos.

Una posición similar enarboló Gilberto Campos, del PLP, al destacar que Costa Rica tiene una trayectoria como país respetuoso del bloque de legalidad internacional, y ha sido abanderado de los derechos humanos de tercera generación, por lo que la propuesta de la moción no tenía sustento.

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